Los más de 1.000 locales que formaron parte de la cadena de tiendas Justo & Bueno permanecen cerrados. Algunos, con grafitis que recuerdan las protestas de los trabajadores que abogaban por sus salarios en los albores de una crisis inexplicable. En cada uno de los puntos se ve la marca indeleble de la clausura que comenzó el 4 de agosto, cuando el juez Santiago Londoño, quien llevó el caso por la Supersociedades, entregó por segunda vez el veredicto: “Procédase con la liquidación”.
Desde ese momento, los 3.200 trabajadores que se mantenían en actividad, sudando la camiseta en espera de que el agónico negocio reaccionara, quedaron cesantes. Para el día en el que originalmente empezó la liquidación, el 12 de mayo, todavía eran 3.850, pero meses antes, en la fecha en la que apenas se anunciaba la reorganización empresarial de la cadena, sumaban 6.000, cifra que podría ser el total de acreedores laborales que ahora deberán acercarse a la fila de los reclamantes. Según cuentas preliminares, se necesitarán 55.000 millones de pesos para segar ese pasivo laboral.
La hora cero para levantar la mano, si así lo desean los interesados, será el 21 de septiembre, según confirmó el equipo liquidador. No se sabe aún cuántos tocarán la puerta, pues, probablemente, algunos se quedaron en el camino, cansados de batallar. No sucedió lo mismo con 319 trabajadores que figuran en la lista de los que tienen fuero por alguna condición especial: embarazo, incapacidad laboral, enfermedad, entre otras. Ellos quedaron atrapados en la marea que se tropezó con Mercadería Justo & Bueno SAS y que luego se volvió un tsunami.
Las investigaciones de la Supersociedades siguen avanzando de forma paralela al tortuoso proceso de liquidación. La entidad de vigilancia busca desglosar los detalles del manejo societario que hubo detrás de una gran cadena, la cual llegó a tener el 18 por ciento del mercado en el segmento de descuentos y fue la única entre sus competidores que se hundió.
Morder esa porción es lo que buscan ahora varios interesados. Uno de ellos, Olímpica, destapó esta semana su apetito al anunciar que estableció una alianza con Plan B Investments para trabajar en un nuevo concepto de tiendas hard discount. Con el proyecto intentarán contratar trabajadores, proveedores y arrendadores de Justo & Bueno, que quedaron en el aire por la liquidación. El grupo empresarial de la familia Char invertirá 60 millones de dólares y buscará conquistar a ese público que tenía cautivo Justo & Bueno.
Sin embargo, el entorno de Mercadería SAS no deja de ser confuso. Los trabajadores, como acreedores, después de quedar atónitos cuando se enteraron de que no habría salvamento –algo por lo que esperaron meses, trabajando por un pago diario de 35.000 pesos–, volvieron a alzar la mano para que les dieran una nueva espera mientras consolidaban una propuesta. Pero después del 4 de agosto ya no había cabida para más plazos dentro de las reglas de salvamento de una SAS (sociedad por acciones simplificada).
En el proceso de liquidación, el que compre lo que queda puede hacerlo, pero con plata. SEMANA conoció que a la mesa del liquidador no ha llegado aún ningún escrito ni de Olímpica ni de los trabajadores, quienes dicen estar construyendo el proyecto financiero de la mano de Fiduciaria Corficolombiana. Otro grupo de inversionistas también había manifestado la intención de entrar a ofertar, pero luego se retiraron.
Mientras tanto, en la ruta de la liquidación de Justo & Bueno siguen los momentos angustiosos. No había un derrotero para un caso como el que ocurrió con esta cadena, cuya agonía es sorprendente. “Lo que sucedió con Justo & Bueno no tiene precedentes. Se aceptó un salvamento con un largo tiempo de espera a partir del día en que, en audiencia pública, se tomó la decisión de parar la liquidación. Eso, a fin de cuentas, condujo a adicionar a la deuda, superior a los 1,7 billones de pesos, 100.000 millones más”, dijo un analista de temas empresariales.
El encargado del proceso de liquidación, Darío Laguado, recibió el caso con cero tiendas abiertas y puso a funcionar 340, en el intento de hacer reverdecer el negocio. Los trabajadores continuaron por un jornal diario, pues les propusieron pagos quincenales o mensuales, pero alegaron que ante la ausencia del salario que tenían, en medio de la crisis, no contaban con recursos ni para desplazarse a sus sitios de actividad. Los que no formaron parte de esa esperanza para Justo & Bueno continuaron en los registros contables para reconocerles sus derechos, por lo cual fuentes cercanas al proceso sostienen que “no se trató de una masacre laboral”, como muchos la tildaron.
Pero el final de Justo & Bueno parecía estar escrito en piedra. Después de abrir de nuevo las puertas empezaron los cortes de servicios públicos. Sin energía se dañaban las neveras y se perdía lo que estaba en ellas. Sin luz también desapareció la conectividad, los datáfonos salieron del aire y no podían recibir tarjetas de crédito o débito. Comenzó así un decaimiento de las tiendas porque la gente se espantaba por la oscuridad en los locales. De manera simultánea, se hablaba del salvamento contemplado en la Ley 560: el interesado en comprar podía ir por todo, desde utilizar el mismo nombre construido y afamado por años hasta las registradoras, las neveras y, por supuesto, los pasivos.
Ahora, en cambio, los posibles inversionistas se tardan más en decidir mientras hacen y rehacen las cuentas, ya que el riesgo es muy alto. Mercaderías Justo & Bueno funcionaba con un modelo en el que nada, o casi nada, era propio. Locales tomados en arriendo, equipos en alquiler, proveedores que durante los últimos meses consignaron sus mercancías sin recibir pago a cambio. Aun así, queda mucho por vender, quizás lo más difícil para el interesado en construir sobre las cenizas de un negocio que fue pujante: toda la armadura básica de una organización empresarial, que es la que toma más tiempo y demanda mayores inversiones. Es decir, los proveedores, a los que seguramente habrá que volver a enamorar; los empleados, a los que habrá que convencer para que sigan poniendo su experticia; elementos tangibles, como góndolas, utensilios, electrodomésticos y cajas registradoras, entre otros.
Mientras tanto, en el capítulo de la liquidación las vivencias son dramáticas. En esa masa de más de 10.000 acreedores, están incluidos trabajadores, arrendadores, proveedores, entidades de servicios públicos, cobradores de impuestos, etcétera, quizás todos ofendidos, pues fueron víctimas de un fracaso empresarial, algo para lo cual nadie está preparado.
Pero el liquidador debe seguir con su tarea. El 4 de agosto había más de 3.000 trabajadores que podían dar una mano, si así se requería, para proceder a la entrega de 1.008 locales en 340 municipios de 29 departamentos, más 10 bodegas grandes que funcionaban como centros de acopio. Después de esa fecha faltan manos, pero no hay cómo pagarles.
Se requiere poner a prueba toda la inventiva para dar solución a gente ofuscada que clamaba por la entrega inmediata de sus inmuebles, pero que ahora no los recibe porque tienen neveras o estantes que no son de ellos y el liquidador no tiene a dónde ni cómo llevarlos a otro sitio.
La encrucijada para los arrendadores es porque les dicen: “Aquí está su local y las cosas que están adentro quedan en depósito. Algún día vendré por ellas y, probablemente, le pagaré por guardarlas”. Esto suena incierto y poco rentable para el que ha estado esperando 16 meses sin pago de cánones de arrendamiento y sin poder volver a alquilar su local.
Lo ocurrido en Justo & Bueno ya empieza a ser objeto de estudio por parte de analistas y académicos. El esquema de las SAS es uno de los que tendrá que ser sometido a revisión. Si bien para el inversionista tiene ventajas porque se puede establecer un objeto social indeterminado siempre que sea una actividad empresarial lícita, existen muchos vacíos y son los que tienen a la Supersociedades haciendo revisiones al manejo societario de Michel Olmi, creador de Justo & Bueno.
Al parecer, no había una estructura corporativa como requieren negocios de este talante. Justo & Bueno no tenía junta directiva. Un solo individuo era la junta, la asamblea, el control interno, la auditoría y la gerencia general, según fuentes que han hecho revisiones del caso. Al final, solo quedan los afectados.
