Por mayoría, la Sala del Senado despachó la idea de legislar de la iniciativa que apunta a modernizar la actual normativa que rige al respecto.
Por 18 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto, en primer trámite, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.
La iniciativa que tuvo su origen en dos mociones de senadores y senadoras: Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Kenneth Pugh, y otra de senador Felipe Kast y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer, quedó con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 24 de agosto.
En la segunda jornada de debate en general diversos parlamentarios ahondaron en los argumentos relativos al alcance del texto legal, el eventual riesgo de criminalización de los movimientos sociales, la violencia como herramienta de entrega de tierras y el negocio ilegal detrás de las tomas. (Revise la nota sobre la primera jornada de debate)
La discusión fue atentamente seguida desde las tribunas por Daihana Pereira viuda del cabo de Carabineros, Eugenio Naín Canuimil, asesinado durante una emboscada en el sector de Metrenco de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Padre Las Casas. Alejo Apraiz, de la asociación de Víctimas de la Violencia Rural y Ana María Martínez, viuda del comerciante Jorge Maulén quien perdió la vida cuando fue emboscado, en Tirúa.
“Este proyecto no distingue los distintos tipos de tomas y tal como señalaron académicos y expertos es preferible incidir sobre causas o factores de estas situaciones antes que imponer una penalidad… ante la disyuntiva de avanzar es razonable aprobar la idea de legislar de forma de que pueda continuar perfeccionándose”.
“A mi juicio, la usurpación en todo momento y ante cualquier circunstancia constituye un delito. Hay una gran diferencia entre quienes argumentan que una toma de tierras podría generar un “win win” porque se ignora el Estado de Derecho. Es un pésimo precedente que el Estado pague por terrenos tomados para entregarlos luego a quienes han hecho uso de la fuerza o violencia”.
“Para algunos, este tema se reduce solo a las tomas de La Araucanía donde gana la ley del más fuerte, pero también afecta a personas que viven el desamparo y ven sus propiedades tomadas…El problema es histórico, social, judicial pero también político y, para mí, lo primero son las víctimas y las personas que habiendo hecho un esfuerzo han adquirido una propiedad para vivir de ella. Las señales son confusas y los chilenos demandan certezas”.
“Nos acompañan en las tribunas las viudas y víctimas de la violencia y aunque no pudo acompañarnos quiero mencionar a Valentina Correa y su familia, porque justo cuando pedía recuperar los terrenos ocupados por la mafia que mandó a asesinar a su padre, la justicia chilena le dijo: no a su reclamo y además les dijo que tanto ella como su familia ‘estaban inactivas en el proceso de recuperar el bien’”.
“Es impresentable que este proyecto se haya postergado y que todavía no venga a esta Sala el Ejecutivo. Este es un proyecto mínimo que debe enmarcarse en una serie de iniciativas y, lamentablemente, veo que dan tantas vueltas y me preocupa la situación de cientos de personas que esperan una solución a sus problemas. Este es un tema de mínima empatía con la ciudadanía que señala que tiene temor”.
“El sábado pasado vivimos una situación compleja en el Valle de Lluta, donde los agricultores se enfrentaron con los grupos de personas que se intentaron tomar los terrenos. Esto ocurre gracias a las señales que se han dado en el último tiempo respecto a las tomas ilegales. Los problemas se están produciendo en todo el país porque se ha perdido el respeto a la propiedad privada”.
Senadora Carmen Gloria Aravena
“Vemos cómo los delitos de violencia están vinculados a los delitos de usurpación. Hay cosas que mejorar en este proyecto pero, en ese contexto, hay que ser capaces de trabajar en una línea paralela. El propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve reconoció que las penas por el delito de usurpación son muy bajas y, también son preocupantes las declaraciones del ministro Jackson quien planteó que es un ‘win win que se tomen los predios’ para luego venderlo”.
“Quiero decir que el fin de semana estuve en contacto con los concejales que consiguieron hacer el desalojo. Ahora, el proyecto que estamos legislando no sirve para ese contexto por eso hemos propuesto que se aumente el periodo de flagrancia y se propongan causas más expeditas, en lugar de aumentar las penas. Por eso creo que deberíamos presentar otro proyecto”.
“Quiero recordar que hoy votamos solo la idea de legislar y, de conformidad a lo señalado en la Constitución, cuando se desecha la idea de legislar hay que esperar un año para insistir y creo que nuestro país hoy no puede darse ese lujo. El 22% de las denuncias de usurpación proviene de organismos del Estado por eso, le pido encarecidamente, que nos pongamos en el lugar de las víctimas ya tendremos el tiempo de conocer indicaciones y presentar a la Sala un proyecto que ojala sea la suma de muchas voluntades”.
