Ángel García Aguilera. Ese es el nombre que más se repite en los últimos días en la prensa local de Antofagasta. El joven de 16 años y de nacionalidad boliviana murió el pasado viernes 29 de julio en medio de una riña con otros jóvenes extranjeros. Su muerte ha causado conmoción en la población, la que incluso ha salido a manifestarse exigiendo justicia, pero también reclamando por la situación de delincuencia en la región. A raíz de esto, parlamentarios de la zona de todo el espectro político han solicitado que el gobierno decrete estado de excepción en la Macrozona Norte.
El asesinato del adolescente se produjo durante horas de la noche del viernes. Según ha señalado el Ministerio Público, el hecho sucedió en las inmediaciones del Parque de los Eventos de esa comuna. En un video que se difundió posteriormente, se ve a un grupo de jóvenes, aparentemente venezolanos -según han denunciado quienes estaban en el lugar-, rodeando a Ángel García.
Durante lo que sería una discusión, como se aprecia en el video, se distingue al grupo agrediendo a García con golpes de puño, momento en que uno de ellos lo ataca con un arma blanca. Rodeado de personas que estaban en el sitio, el menor de 16 años intenta huir del lugar. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Calama y Bellavista, hasta donde llegó Carabineros, quienes trasladaron al adolescente hasta el Hospital Regional de Antofagasta, lugar donde falleció a las 22.30 horas.
Respecto de los motivos de esta riña, la situación habría comenzado porque los desconocidos creyeron que el grupo de García se reía de ellos, lo que motivó que uno de los atacantes sacara un machete y comenzara a perseguirlos. Elizabeth Aguilera, mamá de Ángel, relató al medio Timeline de Antofagasta lo que uno de los amigos de su hijo le contó: “Un grupo de venezolanos los miraron feo, ahí se palabrearon y sucedió una pelea, en donde los venezolanos sacaron palos y machetes y les dieron. Al principio eran tres o cuatro venezolanos, pero después aparecieron más, quienes dieron alcance a mi hijo y lo agarraron entre todos”.
“Son muchos los crímenes, hoy fue mi hijo y mañana puede ser otro. Nosotros los padres no podemos llevar a nuestros hijos a todos lados, y a mí me quedan otras dos hijas”, concluyó la madre del menor de edad.
La muerte del adolescente causó conmoción en Antofagasta, y el pasado lunes fue convocada una marcha para exigir justicia por el asesinato del joven, por el cual hasta ahora no hay personas detenidas. Durante esta manifestación, un grupo de personas incendió viviendas improvisadas de migrantes, los llamados “rucos”, que han sido instalados en el borde costero de la capital regional.
Junto con quemar enseres de las personas, el grupo de manifestantes también comenzó a gritarles “asesinos” a los migrantes que pernoctaban en el lugar. Algo similar ocurrió en septiembre del año pasado en Iquique, Región de Tarapacá, en medio de una marcha contra la delincuencia y la migración, motivaciones que se volvieron a repetir esta vez en otra región de la Macrozona Norte.
En enero de este año, en Arica también se registraron manifestaciones exigiendo mayor seguridad. En esa ocasión el llamado fue realizado a través de redes sociales y logró convocar a cerca de 1.000 personas, quienes bloquearon el acceso a esa ciudad por la Ruta 5 Norte. Sus pancartas hacían alusión a la violencia, el aumento de la delincuencia y la inmigración irregular, lo que refleja una situación cada vez más compleja en la relación con las personas migrantes en esa zona del país.
Pero no es primera vez que en Antofagasta la situación policial se relaciona a la migración. El 10 de febrero de este año, el camionero Byron Castillo murió luego de ser lanzado desde un paso nivel en la carretera que une Mejillones con Antofagasta. Por ese hecho, el Ministerio Público formalizó a tres migrantes venezolanos, quienes habrían dado muerte por la espalda al camionero. Aquello generó una manifestación en la zona, la que incluso terminó con un paro de camioneros exigiendo mayor justicia en las carreteras.
Para el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (Ind.), las manifestaciones se han dado “porque la gente está desesperada, porque ven que las autoridades no hacen nada”. Respecto de la migración, Velásquez la define como una situación descontrolada: “Hace dos años murió una persona frente al mall por un extranjero al que esta persona se negó a que le limpiara el parabrisas; en enero murió Byron; yo he venido hablando desde siempre que ni el gobierno anterior ni el actual se están preocupando del tema de la migración. Voy dos, tres veces a la semana a desarmar rucos, pero hay gente que los defiende”.
El gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirma que ha habido un “aumento de crímenes con alta connotación social, hemos tenido situaciones donde la gente se ve tan desamparada que comienza a generar este tipo de manifestaciones tratando de hacer justicia, de mostrar un cierto orden, y eso demuestra la grave situación que estamos viviendo”.
En esa línea, la senadora por la región Paulina Núñez (RN) asegura que “hay una sensación de impunidad instalada en nuestra región respecto de estos delitos, que yo comparto que es real, es un sentimiento que tienen las personas a través de estas manifestaciones, de que nadie hace nada, que se hace poco, que no hay mayor resguardo”.
El crimen de Ángel García fue el último registrado durante julio en esa región del norte. En lo que va del año, según cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, en esa región del norte han ocurrido 16 casos policiales por el delito de homicidio. A esta fecha el año pasado esa cifra llegaba a 10 casos, lo que refleja un aumento del 167%. Sólo durante el último mes hubo cuatro hechos que terminaron con personas asesinadas.
Pero los homicidios no son los únicos que suben, el delito de robo con intimidación ha crecido un 132% respecto del año pasado. Hasta ahora se han registrado 902 casos policiales relacionados a este delito, mientras que el 2021 a esta fecha iban 388.
“Los homicidios que están ocurriendo tienen mayor connotación, son más públicos, son homicidios con mayor nivel de violencia, tenemos muchos robos de vehículos, portonazos, asaltos que se dan con motochorros. Esto da cuenta cómo el crimen organizado ha venido a centrarse aquí en el Norte Grande, esto del Tren de Aragua, mayor peligrosidad”, explica el gobernador Díaz.
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Lo anterior se suma a un fenómeno creciente durante los últimos años en la región. En cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en todo el 2019 se registraron 21 homicidios. Esa institución cifra en una tasa de 1,8 homicidios por cada 100 mil habitantes en la Región de Antofagasta, mientras que en regiones como la de Atacama es del 0,9. Por este delito, hasta el 30 de junio la Fiscalía de Antofagasta había formalizado a 33 imputados.
Algo similar ocurre con el robo de vehículos, según Carabineros, hasta el 31 de julio de 2020 hubo 779 robos de automóviles, este año ya se registran 1.150 casos policiales por este tipo de ilícitos.
La compleja situación de seguridad que se vive en la Macrozona Norte ha tenido implicancias políticas. Esta semana, y tras el asesinato del joven en Antofagasta, un grupo transversal de diputados -salvo la RD Catalina Pérez- solicitó al gobierno que aplique un estado de excepción constitucional en esa parte del país, con el fin de hacer frente a la crisis de seguridad. El grupo está compuesto por parlamentarios del Partido por la Democracia (PPD), Partido Socialista (PS), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido de la Gente (PDG) e independientes que representan distritos desde Arica a Coquimbo.
Sin embargo, aquello no fue acogido por el Ejecutivo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó decretar esta medida, sosteniendo que “es bien importante tomar las alertas con seriedad, pero también con prudencia (…) Creemos que el Estado tiene otras herramientas distintas al estado de excepción que permiten abordar la situación que se vive en la Región de Antofagasta”.
La situación también fue abordada por la ministra del Interior, Izkia Siches durante la comisión especial investigadora de la Cámara por el Control del Orden Público que sesionó el martes en la mañana. En esa instancia, la secretaria de Estado anunció que hoy viajará a la Región de Tarapacá, específicamente a Colchane, para hacer anuncios en materia de migración, y señaló que “la solución es más compleja que tomar un decreto, hacer estado de excepción o cualquiera de las otras medidas”.
Diagnóstico que comparte la diputada Danisa Astudillo (PS), quien forma parte de la bancada transversal por la Macrozona Norte. “No creo que un estado de excepción vaya a resolver el problema, es una primera señal de que estamos actuando y que los delincuentes sepan que no nos vamos a quedar pasivos. Donde el gobierno pueda ceder es que en algún sector específico, en alguna comuna donde las tasas estén muy disparadas podamos tener un estado de excepción”.
La senadora Núñez asegura que existe una realidad en el aumento de los delitos en la región, por lo que se requiere de medidas claras y concretas. Respecto del estado de excepción, considera que es “una medida que tiene que ocuparse cuando exista una situación de excepcionalidad, evidentemente en el norte la hay (…) Si un estado de excepción sirve para que en el corto tiempo haya una mayor protección, mientras toman decisiones de fondo, bienvenido sea, pero no podemos vivir constantemente con un estado de excepción. Yo creo que aquí lo principal que debe hacer el gobierno es enviar una señal clara respecto de la migración irregular, es decir, controlar nuestras fronteras”.
