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La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.
Foto: EFE – Nathalia Aguilar
“Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto (Canal del Dique), ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo, ni mi familia. Mi único objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los pobladores de 20 municipios ribereños de Sucre, Bolívar y Atlántico, y disminuir el riesgo que enfrentan 1.5 millones de personas, quienes en el año 2010 sufrieron enormemente por las inundaciones, perdieron sus hogares, cosechas, actividad económica, y en muchos casos, miembros de su núcleo familiar. Es urgente, además, frenar las consecuencias ambientales, proteger la Bahía de Cartagena y el coral afectado por la sedimentación”.
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De esta manera, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez le salió al paso a las declaraciones entregadas por la ministra designada del medio Ambiente, Susana Muhamad, quien pidió la suspensión de la licitación del Canal del Dique y denunció a la vicepresidenta tendría intereses particulares en ese proyecto. “Hay un tema grave que vimos en el empalme y es que, en nuestro criterio, ese proyecto necesitaba licenciamiento ambiental o instrumento de manejo ambiental. Se han inventado un instrumento que no existe en la norma para justificar la APP y acelerar su trámite, cosa que este gobierno la pueda adjudicar y, además, de forma muy interesante, no en cabeza de los ministros sino en cabeza de la vicepresidenta. Vamos a ver qué dejan en este contrato”, dijo. Palabras que han sido respaldadas por algunos miembros del Pacto Histórico.
Ramírez calificó ese pronunciamiento como de “irresponsable” y recordó que el proyecto del Canal del Dique se viene discutiendo desde hace varios años y que incluso fue priorizado por el gobierno de Juan Manuel Santos, a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal de 2015. “Al iniciar el gobierno del Presidente Iván Duque, tomamos la decisión de reactivarlo en atención a la solicitud reiterada de líderes sociales, habitantes de Cartagena, el sur de Bolívar, así como de los Gobernadores de Atlántico, Bolívar, Sucre y los alcaldes de Barranquilla y Cartagena. Coincidimos en que se trata de un proyecto estratégico para el futuro ambiental, social y económico de la región Caribe, y por ello, decidimos estructurarlo de modo que los recursos de la Nación concurrieran con aquellos de los departamentos y también con recursos del sector privado”, expresó en un comunicado público.
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Y agregó que hace un año, cuando asumió la Cancillería, por decisión del mismo presidente Duque, fue relevada de la supervisión funcional del sector de infraestructura que venía ejerciendo. “A la Vicepresidencia de Colombia se le retiraron las funciones asignadas mediante el decreto 1714 de 2018, en el sector de la infraestructura. En consecuencia, mi interacción con el proyecto en el último año se ha limitado a conocer la información puntual a la que se ha referido el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, y a los asuntos específicos llevados a la comisión en la que participan una pluralidad de entidades. No tomo decisiones sobre infraestructura, ni tengo facultad en la toma de decisiones de contratación, las cuales le competen total y exclusivamente a la cartera de Transporte, el INVÍAS y la ANI”.
La vicepresidenta recalcó que si el primer mandatario o la ministra de Transporte optan por aplazar o adjudicar el proyecto, “será una decisión de ellos y de la cual no haré parte, dado que no es función que esté hoy a mi cargo o que sea de mi competencia legal, ni por delegación presidencial”. Finalmente, Ramírez denunció que durante su gestión ha sido víctima “de un inclemente matoneo mediático” y enfatizó que no aceptará “que se sigan haciendo afirmaciones ligeras, sin fundamento, de manera sistemática y con un claro interés político, buscando destruir mi honra y reputación, las cuales me han traído enormes costos afectando mi dignidad y la de mi familia”.
