Luego de más de un mes de trabajo, este lunes se conoció el informe de la comisión de empalme entre los gobiernos entrante y saliente, el cual contiene algunas recomendaciones que generaron polémica en diferentes sectores del país.
A diferencia de otros informes de transmisión de mando presidencial, el conocido este lunes analizó la realidad de cada sector de la administración saliente e hizo recomendaciones al nuevo gobierno.
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Según Mauricio Lizcano, uno de los coordinadores de esta instancia, este informe de empalme “está diseñado para que el presidente Petro reciba la información que necesita para gobernar”.
Dentro de las recomendaciones polémicas está “diseñar estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social”, lo cual ha sido una de las prioridades que la nueva administración espera sacar adelante en los primeros cien días.
En este sentido, la Fiscalía informó que hay 33 casos; de ellos, 32 activos, con 160 indiciados activos.
Algunos de los miembros de la llamada primera línea están señalados de presuntos delitos como daño en bien ajeno, entre otros.
En su discurso luego de ganar, Petro ya se había pronunciado sobre el tema. “Cuántos jóvenes esposados, tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor”, dijo Petro ese día. Y añadió: “Yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes”.
En ese entonces, el fiscal Francisco Barbosa le dijo a EL TIEMPO que “si
el Presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al Fiscal General”.
Expertos consultados señalaron que una decisión en ese sentido tendría que pasar por el Congreso, lo que, al parecer, sería una de las intenciones del nuevo gobierno.
El exfiscal Guillermo Mendoza Diago consideró que el nuevo gobierno no la tiene tan fácil. “Eso no es solo inventarse leyes, hay que sustentarlas y ajustarlas al marco legal ya existente”, aseguró.
El exjefe del ente acusador sostuvo que una opción sería tramitar un proyecto de ley en el que se consideren delito político faltas de carácter ordinario como, por ejemplo, daño en bien ajeno, del que están señalados varios jóvenes.
Varios expertos juristas señalaron los inconvenientes de algunas recomendaciones
“Se debe crear un procedimiento, es decir, señalar cómo se daría la libertad y además una causal que justifica esa libertad y eso debe quedar plenamente claro”, dijo.
El penalista Camilo Burbano coincidió en que el tema no es fácil pues, entre los caminos, estaría plantear una especie de indulto para esos hechos puntuales, con la dificultad que están relacionados con delitos comunes y no políticos.
“Y, por principio de igualdad, se tendría que dar el mismo tratamiento a los agentes de la Fuerza Pública vinculados a los mismos hechos”, señaló Burbano.
Otro de los puntos que generaron controversia tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Allí se plantea “lograr la aceptación del Secretario General” de la ONU “para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia”.
En una entrevista reciente con EL TIEMPO, Barbosa dijo que este tipo de órganos internacionales “no se requieren, porque Colombia no es un país huérfano de instituciones (…) Lo que se debe buscar es el mejoramiento de las instituciones que ya están”, afirmó.
Se debe crear un procedimiento, es decir, señalar cómo se daría la libertad y además una causal que justifica esa libertad y eso debe quedar plenamente claro
El exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar consideró que es totalmente innecesario acudir a ese tipo de instancias. “Se puede fortalecer la norma, la Fiscalía y, en general, la rama, pero no creo que se tenga que recurrir a comisiones internacional para cumplir una labor propia de las autoridades colombianas”, dijo Bernal Cuéllar.
Esta recomendación es similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual fue liderada por el designado ministro de Defensa, Iván Velásquez, en 2013. Este equipo apoyó una serie de investigaciones sobre corrupción en ese país y, según su informe final, se documentaron más de 120 casos, implicando a 1.540 personas, entre las cuales alrededor de 660 enfrentaron cargos u otro tipo de proceso penal.
En ese entonces, Velásquez aseguró que se investigaron más de 80.000 escuchas telefónicas y 5.000 correos electrónicos.
El balance de su gestión fue visto con buenos ojos en la comunidad internacional, pero el mandato de esta instancia fue objeto de duras peleas en 2017 y Velásquez terminó expulsado de Guatemala, medida que fue revertida por la Corte Constitucional de su país.
Lo cierto del caso es que las recomendaciones hechas este lunes deben ser evaluadas por el gobierno entrante, el cual deberá determinar cuáles aplica y cuáles no.
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