Acuerdo de Escazú: ¿por qué lo critican y por qué lo defienden? – Medio Ambiente – Vida

Con 73 votos a favor y 22 en contra, la ratificación del Acuerdo de Escazú fue aprobada  este martes en el Senado de Colombia. Ahora, el tratado regional tendrá que pasar por dos debates más en la Cámara de Representantes para que pueda ser aprobado.

Escazú es un tratado desarrollado por 24 países de América Latina y el Caribe, que busca mejorar “el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, según señala el mismo nombre del acuerdo. 

Actualmente Escazú, que se adoptó en el año 2018, sólo ha sido ratificado por 13 de los 24 países que lo desarrollaron. Colombia, que participó en sus inicios y posteriormente lo firmó, no lo ha ratificado, lo que significa que aún no tiene efectos legales en el país porque el Congreso no lo ha añadido a nuestra normatividad. Pero con lo visto hoy en el Congreso, parece que empieza a avanzar de manera más rápida su aprobación.

¿Qué dicen quienes defienden y quienes critican Escazú?

Además de proteger a los ambientalistas, Escazú también busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática. 

Sin embargo, durante su aprobación en el Congreso hubo un álgido debate entre quienes se oponen a su ratificación, asegurando que el tratado pone en riesgo la soberanía del país, y aquellos que lo impulsan, enfatizando en que se está haciendo una campaña de desinformación alrededor del tratado. 

(Lea también: Congreso de Chile aprueba el acuerdo de Escazú: ‘Es un hecho histórico’)

Entre los protagonistas de ese encuentro estuvo María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, partido que desde que Escazú inició su proceso para ser ratificado en el país, ha manifestado estar en contra del texto. 

En su intervención en el debate, la senadora Cabal enfatizó en que incorporar el acuerdo a la legislación nacional pone en riesgo la soberanía del país porque los litigios internos pasarían a cortes internacionales.

Además, pidió que se archivara el proyecto para ratificar Escazú, una petición que fue negada con 80 votos por los congresistas presentes.

La congresista le dijo a EL TIEMPO que su crítica férrea al acuerdo se debe a que este, según ella, es el primer tratado del mundo que genera una fusión entre los derechos ambientales y los derechos humanos, lo que afecta la soberanía jurídica del país y a las empresas interesadas en invertir en Colombia. 

“Si hay una disputa interna entre un individuo u organización nacional o extranjera, contra una empresa, sea minera, petrolera, o de gas, ese litigio debería agotar los recursos internos que ya existen, porque en Colombia hay hipernormatividad, está sobrereguladotodo el tema ambiental. Aquí Escazú lo que genera es antinomia jurídica, genera confusión, y la confusión genera inseguridad. ¿Qué sucede? Que cualquier litigio se puede acudir a la Comisión Interamericana para que a través del principio precautorio se dicten medidas cautelares y se frene el proyecto”, destaca la congresista.

(Le puede interesar: Acuerdo de Escazú: Colombia y su baja participación en la COP1)

Cabal además añadió que todos los países continentales (porque del Acuerdo también hacen parte varias islas del Caribe) que han firmado Escazú hacen parte del Foro de Sao Paulo y del “socialismo del siglo XXI”. 

“(Esta normativa lo que hace) Es volvernos a la edad de piedra, para que vivamos en las cavernas. Para que no tengamos la posibilidad de que a través de la razón que nos dio Dios podamos usar y transformar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida. Aquí cada vez más se va degradando el ser humano como depredador, en vez de entender que la naturaleza existe para que la vida exista. Pero que el ser humano es un ser superior en cuanto a que está dotado de inteligencia y capacidad de racionamiento”, agregó. 

Hasta el momento los países que han ratificado Escazú y así lo han incorporado a su legislación son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Por su parte, su partido, el Centro Democrático, emitió un comunicado en el que aseguran que “guardando coherencia con la línea de apoyo a los sectores productivos en todos los niveles y en defensa del principio de Confianza Inversionista, pilar de nuestra colectividad, ha rechazado, desde el primer momento, el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú”.

La colectividad aseguró que luego de un minucioso estudio jurídico y político sobre el acuerdo la bancada encontró que Escazú se traduce en una pérdida de soberanía por tratarse de un acuerdo que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno.

(Le recomendamos: Tras la COP1, el Acuerdo Escazú se mueve en Colombia)

Dichas afirmaciones fueron criticadas por ambientalistas que han impulsado desde ONGs la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país, y que tildaron de desinformación partes del debate en contra de la ratificación realizado en el Senado. 

De acuerdo con Natalia Gómez, asesora de política climática de EarthRights International, y quien ha trabajado por la incorporación del acuerdo a la legislación nacional, si bien es cierto que Colombia cuenta con un marco legal que ha venido robusteciéndose en los últimos años, la llegada del Acuerdo de Escazú no afectaría la soberanía, y en cambio sí ayudaría a fortalecer la gobernanza ambiental. 

La experta destaca que el acuerdo regional es un ejemplo del trabajo conjunto que es necesario para mejorar la forma en la que se concibe el desarrollo y su relación con el medioambiente. Eso, dijo, teniendo en cuenta que la crisis ambiental no es solo una problemática de un país, sino que es algo que debe enfrentarse entre todas las naciones del mundo y acuerdos como este (el primero de su tipo en la región) son claves para lograr ese objetivo. 

“Es una lástima que se siga dando esta campaña de desinformación, algo que no ha pasado solo en Colombia sino que ha sido generalizada en toda la región con argumentos muy parecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene nada que ver con Escazú, entonces creo que hay mucha desinformación. Creo que el debate que está sucediendo ahora en el Senado y que se va a llevar ahora a la Cámara es una oportunidad para que los colombianos, los representantes y los senadores, se informen acerca de lo que sí es Escazú”, señaló Gómez.  

(Lea también: COP1 de Escazú: Latinoamérica anota un triunfo con Colombia como observador)

Por su parte, Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, y quien estuvo presente durante la votación hoy en el Congreso, aseguró que es importante destacar que Escazú ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha impulsado su desarrollo e implementación, y por eso es clave su implementación, pues el tratado permite a los ciudadanos tener acceso de manera sencilla y efectiva a información sobre el desarrollo de proyectos que impacten el ambiente en el que habitan y además busca proteger a los líderes ambientales, en el país más peligroso para proteger los recursos naturales del mundo, que es Colombia. 

“Nosotros en el ejercicio como abogados y defensores de derechos humanos sabemos lo complejo que es acceder a esta información técnica si no tienes los conocimientos en estos términos. Entonces con el Acuerdo de Escazú la idea es fortalecer cada uno de estos derechos de acceso quitando las barreras que existen normalmente en el marco normativo nacional, porque pese a que existen muchísimas normas estas no son efectivas”, finalizó Torres.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE 

Más noticias

– ¿Qué se requiere para hacer del país una potencia en producción de madera?

– Megasequías por cambio climático y deforestación aumentarán en A. Latina

– Sobrevivir en un futuro de calor extremo