El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hace una evaluación de la actuación del régimen durante el paro nacional convocado en junio pasado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones indígenas; y habla de sus expectativas sobre el trabajo de las diez mesas de diálogos que se han instalado para avanzar en la atención de sus diez demandas.
¿Cuál fue la estrategia del Gobierno para enfrentar la movilización? A ratos parecía que no tenían control de la situación, se multiplicaban los bloqueos de carreteras, ataques violentos, desabastecimiento de víveres, combustibles… y en medio la gente, desesperada.
Nosotros desde el comienzo tuvimos claro que el conflicto sería largo; porque, por una parte, no veíamos que las organizaciones indígenas tenían la predisposición de sentarse a conversar, pero tampoco podíamos renunciar al diálogo y, por otra, tampoco queríamos un baño de sangre, y si reprimíamos en exceso es lo que se iba a producir. Por eso implementamos una estrategia de contención que fue complementada con mucha prudencia en las declaraciones y paciencia en cuanto al conflicto.
¿Y qué buscaban, cansarlos?
El objetivo era que en algún momento ellos comprendan que tratando de imponer las cosas no se iba a llegar a ningún lado, al menos con este Gobierno, y estábamos decididos a hacer valer esa concepción. Creo que finalmente se pudo entender, por ambas partes, que era mejor sentarnos a dialogar sin imposiciones y con los criterios y causas legítimas de las partes para llegar a un acuerdo en función de las mayorías.
¿Era necesario que pasaran 18 días para sentarse a dialogar?
Lo planteamos desde el primer día y no hubo receptividad, y entendimos que debían pasar algunos días para que exista; nosotros tuvimos siempre las puertas abiertas al diálogo, pero hasta que la otra parte accediera, íbamos a hacer respetar la ley e íbamos a buscar que, a través de esta estrategia de contención, los hechos de violencia se redujeran al mínimo. Hubo varios acercamientos, nunca faltaron personas que propusieron mediar, interponer sus buenos oficios, que nos daban ciertas recomendaciones de un lado y del otro, pero las condiciones no terminaban de construirse, y los días seguían pasando y los conflictos seguían acentuándose, entonces no podíamos caer en la desesperación de forzar una salida porque sabíamos que podía pasar lo que había sucedido con gobiernos anteriores, que era tener que aceptar condiciones que al final iban a hacer más mal que bien.
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Pero para llegar al diálogo ustedes tuvieron que aceptar en varias cosas, como bajar 15 centavos el precio de los combustibles, aumentar el bono, duplicar el presupuesto de la educación intercultural. ¿No fue eso ceder a las presiones?
Gobernar es también ceder, gobernar es entender las causas de los otros, gobernar es dar soluciones. Ahí hubo un ejercicio de parte y parte de entender por qué se daban las cosas y dentro de lo razonable y lo posible hacer concesiones. Las hicimos porque fuimos sensibles a los reclamos populares , lo que no podíamos hacer era comprometer la viabilidad del Estado o comprometer cosas fundamentales de la administración del Estado so pretexto de ceder. Lo que buscamos fue un equilibro entre las causas justas y sentarnos a firmar lo que sea.
¿Quedaron debilitados?
Yo creo que eso que cada quien tiene una lectura y el tiempo lo dirá. Yo pienso que el Gobierno quedó con la firmeza de haber hecho lo correcto, estamos convencido de haber actuado de la forma correcta durante las manifestaciones, la manera en que las enfrentamos y los métodos que implementamos para poder llegar a un acuerdo razonable, no tenemos ningún cargo de conciencia ni tampoco la sensación de que no actuamos dentro de lo que nos correspondía en el ejercicio de gobernar.
¿Detener a Leonidas Iza fue una buena decisión? ¿No encendió los ánimos de los manifestantes? Fue algo inédito en el país, nunca se había visto a un presidente de la Conaie preso en el marco de la protesta social.
Lo que pasa es que no podíamos especular, si veíamos alguna circunstancia que ameritaba la aplicación de la Ley nos tocaba actuar, claro que no había precedente sobre eso, pero todas las actuaciones se enmarcaron en una absoluta legalidad y justificación de las circunstancias, tanto del punto de vista material como del intelectual, nosotros no podíamos especular que esto iba a encender o bajar los ánimos sino actuar en cumplimiento de la ley. Diálogo sí, pero aplicación de la ley también.
¿Qué expectativa tiene el régimen con las mesas de diálogo?
Es una gran oportunidad que tiene el país. Las mesas de diálogo son una experiencia inédita para la construcción institucional de Ecuador y tenemos que poner toda nuestra buena fe y transparencia para que arroje los resultados que la ciudadanía está esperando. Me parece que el jueves (7 de julio) tuvimos una muy buena reunión con el establecimiento de las diez mesas, de la metodología de trabajo, de las temáticas, y esperamos que el asunto siga así. Por nuestra parte tenemos toda la predisposición para que las mesas sirvan para su propósito y también sirvan de herramientas para afinar el proceso de políticas públicas. No somos un Gobierno sordo, somos un Gobierno que responde a los sectores que han estado relegados.
Se han planteado diez mesas que corresponden a las diez demandas de la Conaie, pero en las conversaciones pueden surgir otros temas, ¿cómo se tratarán? ¿Habrá otros momentos o espacio para evacuarlos?
Ahí lo veremos conforme las cosas avancen. Pero primero, lo primero, tenemos diez mesas temáticas y debemos responder a los problemas alrededor de esos ejes temáticos; segundo, es posible que puedan surgir otros temas, supongamos que haya alguna coincidencia para un contenido de consulta popular, no le vemos ningún problema, lo podemos trabajar. Las mesas pueden, agotada su misión, servir para tratar otros temas legítimos como una nueva versión de la ley de inversiones o una reforma laboral o un nuevo proyecto de consulta popular. Eso es algo que se verá en un segundo momento.
Esos otros temas que pueden surgir requerirán la opinión de otros sectores y no solo del movimiento indígena.
No estamos cerrados para que en este segundo momento se puedan ampliar las mesas a otros sectores sociales.
Uno de los temas más complejos de las mesas es de la focalización de los subsidios para los combustibles, ¿qué propuesta tiene el Gobierno?
Es complejo, sí. Hemos estado trabajando en propuestas, hay dos o tres alternativas que hemos recibido de diferentes sectores y de varias experiencias, incluso de países como México y Uruguay. Vamos a llevarla a la mesa, discutirlas, a ver si tienen la viabilidad, y lo iremos definiendo.
¿Cuáles?
Hay algunos sectores de pesca artesanal o el transporte comunal que tienen algunas formas de identificación para focalizar subsidios. Alrededor de esos criterios se está trabajando. Son temas técnicos y no me arriesgo a decirle cualquier cosa que no esté enmarcado en lo que se está trabajando. En eso soy zapatero a tus zapatos.
No todos los precios tienden a normalizarse tras el paro. ¿Cuándo bajarán?
En el discurso de posesión de los nuevos ministros, el presidente Guillermo Lasso habló de volver su atención a la ruralidad. ¿Qué acciones concretas hay para esto?
Ya se han tomado una serie de decisiones en el contexto de las movilizaciones, como el decreto del 18 de junio en el que se estableció ya un paquete de compensaciones agrícolas, como la reducción de las tasas de interés, condonación de deudas, aumento del bono de desarrollo humano y del presupuesto para la educación intercultural. Otros aspectos se desarrollarán en el trabajo de las mesas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación y cultura (mesa 6), fomento productivo (mesa 3) y banca pública (mesa 2). Hay cosas interesantes que se van a plantear y que tienen impacto directo en la ruralidad.
¿Desde el Gobierno cómo se mira la actuación de los sectores políticos que impulsaron la destitución de Lasso?
Creo que ahí los actores desnudaron sus intenciones. Las crisis son vitrinas que permiten ver las cosas claras. Los asambleístas de UNES mostraron su objetivo de desestabilizar al Gobierno e intentar pescar a río revuelto a través de un golpe de Estado institucional, otros actores como el PSC o la ID evidenciaron su responsabilidad con el país porque sin coincidir con nosotros en varios temas supieron actuar no en defensa de un Gobierno sino de la democracia y la institucionalidad. Hoy para nosotros el panorama está muy claro de quienes, a toda cosa, quieren llegar al poder haciendo tabla rasa de la Constitución, y los que actúan dentro de ese marco.
¿No cree que le dieron a UNES las herramientas para pedir la destitución del presidente? Porque ellos se valieron de la situación de conmoción social que se generó por la estrategia de contención que usted ya me describió y que el Gobierno mismo dejó por escrito en sus decretos para los estados de excepción.
Es que la otra opción era caer en un baño de sangre y eso era peor. Eso era un escenario inaceptable para el Gobierno, y tampoco se puede aceptar que algunos hagan política agazapados como lobos esperando el zarpazo. Nosotros teníamos que actuar en función de lo correcto. Y cuando las circunstancias en las manifestaciones lo exigieron decretamos los estados de excepción para controlar mejor los desmanes sin especular, debíamos actuar como era correcto para darle a la Policía y eventualmente a las Fuerzas Armadas de restablecer el orden si era necesario. De hecho, cuando se pronunciaron sobre el pedido de destitución ya no existía el estado de excepción, ya no estaba justificado, y no lo derogamos calculando los escenarios sino en función de lo correcto. Todo era una cuestión dinámica.
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Volviendo al tema de la consulta popular, sus posibles contenidos han ido evolucionando; primero se habló de tres ejes: empleo, seguridad e institucionalidad; luego se dijo que tendría énfasis en la seguridad. ¿Ahora se volverán a reformular sus temas?
Los hechos en el país han sido dinámicos, las cosas han ido cambiando muy rápido, no ha habido ni un día de sosiego desde que empecé (en el cargo, hace tres meses). Eso ha tenido impacto sobre lo que se tenía previsto sobre la consulta popular. El énfasis sigue siendo la seguridad, pero con las mesas de diálogo se abre la expectativa de lo que pudieran arrojar para un posible texto de consulta popular. Es una herramienta legítima, sigue estando en el radar del Gobierno.
¿La propuesta de ir hacia un Estado federal que ha hecho Jaime Nebot podría ser uno de los temas?
Es algo que no se ha considerado. No creo que estamos en las condiciones propicias para intentar trabajar una reforma tan amplia como ir un Estado federal. Lo primero es tener claro que tenemos un proceso de descentralización que debe ser profundizado, de autonomías administrativas que puede ser perfeccionado, y me parece que una vez que hayamos completado esos procesos podríamos pensar en discutir lo otro. Además, que un Estado federal no es la panacea de un país. Estados Unidos, México, Venezuela, son estados federales y vemos que en esos tres países hay diferencias sustanciales en sus sistemas políticos y económicos.
Si esta reforma constitucional llega a la Asamblea necesitará votos. Y podría pensarse que el PSC pedirá que les retribuyan el hecho de no haber votado por la destitución de Lasso.
Pero termina siendo una cosa muy especulativa. No queremos que el debate se desvíe de las cosas esenciales. Hoy lo esencial son las mesas de diálogo con los diez puntos que atienen directamente a las necesidades populares, luego podemos sentarnos a hablar de otras cosas. (I)