La orden de asesinar a miembros del Partido Popular ya estaba dada antes de producirse la liberación del funcionario de prisiones Ortega Lara, aunque se vinculara el
asesinato de Miguel Ángel Blanco con la liberación, revistiéndola de un halo de venganza». Esta afirmación la realizó en un informe fechado en 2004 el entonces teniente coronel de la Guardia Civil Gonzalo González, que más tarde, con el grado de general, fue segundo jefe de la Jefatura de Información del instituto armado hasta su muerte en 2012.
El mando de la Guardia Civil se basaba para hacer esa afirmación, entre otros indicios, en una carta enviada por el entonces jefe del aparato militar de ETA, José Javier Arizkuren Ruiz,
‘Kantauri‘, al ‘comando Vizcaya’ dando instrucciones para hacer con un concejal del PP lo mismo que se hizo poco después con Miguel Ángel Blanco. La misiva, manuscrita y firmada por ‘Kantauri’, no está fechada, pero los servicios policiales la sitúan en los primeros días de julio o a finales de junio de 1997.
«Es importante darle a los políticos del PP. Deciros que cualquier político del PP es objetivo. Repetimos lo importante de estas acciones. Otra cosa, poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP. Dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. En relación a este tema (secuestro), hacerlo lo antes posible y si no podéis secuestrarlo o hay un problema en el intento, le dais kaña y a por otro. De todas formas, intentar levantar a uno. Esto lo vamos a ganar»
«Tenemos que ver lo importante de dar directamente a los políticos y el tema de los secuestros. Como ya os comentaba anteriormente, no hagáis sabotajes, etc… Hacer acciones directas y sobre todo el tema del secuestro (de) concejales, dar a políticos del PP y los de la lista que os mandé»
«Jo ta ke Irabazi arte. Darles kaña lo más fuerte posible»
El dirigente etarra ordenaba al ‘comando Vizcaya’ dejar de realizar atentados con daños materiales y centrarse en atacar a la Policía Nacional, a los militares y a la Guardia Civil, pero sobre todo les instaba a realizar «un esfuerzo enorme con los políticos». «Es muy importante darles a los políticos del PP –escribía–. Deciros que cualquier político del PP es objetivo (…). Otra cosa, poner toda la fuerza posible en levantar (secuestrar) a un concejal del PP dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. En relación a este tema (secuestro) hacerlo lo antes posible, y si no podéis secuestrarlo o hay un problema en el intento, le dais kaña y a por otro».
Los análisis de los servicios de inteligencia de la época indicaban que ETA percibía la existencia de fisuras en el Pacto de Ajuria Enea y quería ampliar esas fisuras para provocar la ruptura entre el PP y el PSE-PSOE, por un lado, y el PNV, por otro, a fin de aislar a los dos partidos constitucionalistas. ETA transmitió consignas a su entorno político en el primer semestre de 1997 para que trabajaran en la misma dirección presionando al PNV y utilizando la cuestión de los presos para agudizar la división de los nacionalistas con socialistas y populares. A ello se añadía la estrategia de socialización del sufrimiento que la banda había comenzado a aplicar en 1995 con el asesinato de Gregorio Ordóñez al que seguiría más tarde el de Fernando Múgica.
La carta de ‘Kantauri’ es coherente con esta estrategia: no hay ninguna referencia a la liberación de José Antonio Ortega Lara, ocurrida el 1 de julio de 1997. La única motivación que se expone es la de conseguir el traslado de los presos. ETA había iniciado en enero de 1996 una campaña de movilización y presión al Gobierno para conseguir el acercamiento de los terroristas encarcelados. Durante año y medio, el entorno político de la banda había protagonizado movilizaciones continuas en las calles mientras, desde las cárceles, los presos también habían llevado a cabo diversas actividades de protesta, incluidas huelgas de hambre rotatorias.
El papel de Ibon Muñoa
Estas protestas se habían iniciado dos días antes del secuestro de Ortega Lara. A lo largo de todo ese tiempo, ETA ejerció la máxima amenaza con el secuestro de Ortega Lara, con tres atentados contra funcionarios de prisiones, otros cinco contra ediles del PP y uno más contra un militante del PSOE. Sin embargo, a mediados de 1997, las movilizaciones estaban agotadas e, incluso, los presos habían suspendido sus protestas. La banda necesitaba un golpe de efecto para devolver la moral a su base social y a sus militantes encarcelados, agotados después de un año y medio de activismo sin resultados.
Ese es el contexto en el que la dirección de ETA imparte las órdenes a sus comandos para secuestrar a un edil del PP y dar un ultimátum: «Como ya os comentaba anteriormente, no hagáis sabotajes –indicaba ‘Kantauri’ en la misma carta–. Hacer acciones directas y sobre todo el tema de secuestros concejales (sic), dar a políticos del PP y los de la (lista) que os mandé y dar a las fuerzas de ocupación».
Cualquier político del PP servía a ETA, pero la elección de Miguel Ángel Blanco como víctima fue el resultado de una cadena de casualidades que se iniciaron dos años antes del asesinato. En 1995, Irantzu Gallastegi había huido de su domicilio para evitar su detención ya que la policía le buscaba por presunta colaboración con el ‘comando Vizcaya’. En su huida conoció al exconcejal de HB de Eibar Ibon Muñoa, que la escondió en su vivienda en la localidad armera. Un año más tarde, Gallastegi, integrada entonces en el ‘comando Donosti’ junto con Javier García Gaztelu, Txapote, y José Luis Geresta, ‘Oker’, recurrió a Muñoa para que les diera refugio en su casa.
Los miembros del ‘comando Donosti’ abandonaron su zona habitual de actuación, la capital guipuzcoana y su entorno, para eludir la presión policial que el comando sentía tras el asesinato de Fernando Múgica. Decidieron esconderse para ponerse a salvo fuera del área habitual en la que operaban y en la que tenían su infraestructura y recurrieron al conocido de Gallastegi en Eibar para que les ocultara.
A finales de junio, recibieron órdenes similares a las que ‘Kantauri’ había enviado al ‘comando Vizcaya’. Y en ese momento entró en juego otro elemento de la cadena de casualidades:
Ibon Muñoa conocía a Miguel Ángel Blanco porque el militante del PP trabajaba en la asesoría contable que llevaba las cuentas del negocio de la familia del exconcejal de HB. Ante la policía, Muñoa declaró que había informado al comando sobre Blanco, pero ante el juez solo reconoció que conocía al edil del PP y negó que hubiera pasado información a los etarras que se alojaban en su casa.
El ‘comando Donosti’ pudo entonces llevar a cabo las órdenes recibidas, cosa que no había podido hacer el Vizcaya, y secuestró primero y asesinó después al joven político del PP. La imagen social que ha quedado instaló en la sociedad tras el crimen era que ETA había dado respuesta contundente en diez días al éxito policial que supuso la liberación de Ortega Lara. De nada sirve que hubiera indicios de que las órdenes de hacer un secuestro de este tipo estaban dadas antes del 1 de julio.
Atajar la crisis
La respuesta de rechazo social sin precedentes habida tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco provocó el desconcierto en las filas de la izquierda abertzale e incluso disensiones internas como las protagonizadas por ‘Txelis’, que puso fin a cinco años de silencio, y con otros cinco presos elaboró un documento crítico con el asesinato y con la continuidad del terrorismo. A lo largo de los meses de agosto y septiembre, se celebraron una sucesión de reuniones de miembros de la Coordinadora Abertzale Sozialista (KAS) con los responsables del aparato político de ETA, encabezado entonces por ‘Mikel Antza’, para elaborar una respuesta que les permitiera atajar la crisis.
Las consignas para calmar a la militancia de la izquierda abertzale trataban de inculcar la idea de que el Estado, que había pasado del éxito de la liberación de Ortega Lara al fracaso del asesinato del concejal de Ermua, estaba intentando hacer una manipulación sentimental de la sociedad.
Fractura
ETA percibía fisuras en el Pacto de Ajuria Enea y buscaba la ruptura del PSOE, el PP y el PNV
Los comisarios políticos de la izquierda abertzale vendían entre sus bases la idea de que el globo del rechazo social se desinflaría, igual que había pasado después del asesinato de Gregorio Ordóñez. Insistían en que se trataba de un salto cualitativo de ETA y que hacía falta tiempo para asimilarlo. Al parecer, el propio ‘Txapote’, tras el crimen, comentó a un colaborador que había que esperar un año para que se vieran los resultados de aquel crimen. Y no andaba desencaminado porque la movilización de Ermua asustó también al PNV que interpretó, erróneamente, lo que era un rechazo masivo al terrorismo de ETA como un rechazo al nacionalismo en general.
Pocos meses después el PNV abría vías de comunicación con HB y en el verano del año siguiente el partido que lideraba entonces Xabier Arzalluz y Eusko Alkartasuna firmaron un acuerdo secreto con ETA que abrió el camino al Pacto de Estella y con él se inició una etapa de radicalización y confrontación política y social.
