Elaborar un protocolo de seguridad especializado y evaluar la posibilidad de uso de varios inmuebles son los puntos en los que trabaja de forma paralela el Consejo de la Judicatura (CJ) dentro del concurso público de méritos y oposición para seleccionar a los catorce jueces que integrarán la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, en Quito.
Finales de octubre próximo es la nueva fecha en la que el CJ espera que entre en funcionamiento en la capital ecuatoriana la unidad que tratará de forma especializada y desconcentrada 44 tipos penales: 7 relacionados con temas de corrupción y 37 con el crimen organizado. Inicialmente se dijo que esta unidad judicial estaría en funcionamiento en agosto de este 2022, pero diversos retrasos han originado cambios en el cronograma.
Entre el 6 y el 10 de julio próximo se realizará la subfase de pruebas psicológicas a los 113 postulantes que superaron el mínimo de 30 sobre 50 puntos que se necesitaban para pasar de la fase de méritos.
El director general del CJ, Santiago Peñaherrera, tiene claro que los servidores judiciales que estarán cumpliendo funciones en esta nueva unidad deben tener garantías especializadas de seguridad. “No solamente debemos preocuparnos por la selección, por el concurso como tal; tenemos que preocuparnos también por la seguridad de quienes laborarán en esa dependencia”, anotó.
Ante ello, explicó Peñaherrera, por las conversaciones que se mantienen con la embajada de Estados Unidos en Ecuador se habría conseguido que en los próximos días se cuente con la presencia de un experto en temas de seguridad con quien se va a trabajar en un protocolo de seguridad especializada no solo para jueces, sino para el equipo de apoyo y, obviamente, para los usuarios.
Peñaherrera también habría tenido acercamientos con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, que incluyeron que el miércoles último se realice una visita a tres inmuebles ubicados en Quito donde posiblemente podría funcionar la Unidad contra Delitos de Corrupción y el Crimen Organizado. Los inmuebles serían parte de la Función Judicial, y lo que se buscaría es escoger la mejor opción para que se desarrolle la actividad en un ambiente de seguridad.
Presupuesto
El Ministerio de Economía y Finanzas habría entregado al CJ para la ejecución del concurso como tal un presupuesto de $ 352.292; para el rubro de talento humano, $ 1′505.653; y para lo que corresponde a adecuaciones $ 86.028. Estados Unidos aportará con $ 500.000 extra para el equipamiento de esta unidad judicial especializada.
El director del CJ piensa que, si las unidades judiciales en general por sí solas están expuestas a riesgos y necesitan un protocolo de seguridad con todos los elementos que aquello amerite, con mayor razón aquellas unidades que estarán expuestas a grupos de delincuencia organizada y contra las que las amenazas podrían ser mayores.
Recordó hechos amenazantes que han generado preocupación en el CJ, entre ellos las amenazas de bomba que se han hecho en el Complejo Judicial Norte, en Quito; los atentados ocurridos en la sedes judiciales de Los Ríos; la granada que se encontró en un baño del Complejo Judicial de Quito. Por esta razón, también se buscaría definir un protocolo de seguridad para todas las oficinas judiciales del país.
La nueva unidad judicial especializada funcionará con al menos 40 servidores, incluidos los dos jueces de unidades especializadas; seis jueces de tribunales especializados, es decir, existirán dos tribunales; y seis jueces de salas especializadas de Corte Provincial, para dos tribunales que conocerán los recursos verticales de apelación. (I)
