No socavar el lecho marino hasta que la ciencia estudie sus impactos. Es lo que exigen cada vez más países, organizaciones ecologistas y hasta empresas, que aspiran a lograr una moratoria a la minería de aguas profundas mientras corre la cuenta atrás para que las primeras explotaciones puedan arrancar.
A pesar de que no hay ninguna mención a esta minería en la declaración política que saldrá de la II Conferencia de los Océanos de la ONU que se realiza en Lisboa, varios países han querido poner el tema sobre la mesa.
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Chile, que dio un paso al frente en el seno de Naciones Unidas y pidió una moratoria de 15 años para obtener más “evidencia y certidumbre científica”, quiso llevar el asunto al pleno de la Conferencia.
“Estamos convencidos de que el actual contexto no entrega las condiciones para el desarrollo de una explotación minera de los fondos marinos”, defendió la ministra chilena de Medioambiente, Maisa Rojas, que pidió un “margen temporal” en el que no se aprueben licencias.
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Un día antes, la acción llegó desde Oceanía: Palaos lanzó una Alianza para pedir una ampliación del tiempo concedido a la minería submarina, con la colaboración de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas y a la que se unieron de inmediato Fiji y Samoa.
Ahora esperan que se vayan sumando más países para evitar que la gran maquinaria minera extraiga del lecho marino minerales como el cobalto, usado en las baterías eléctricas, sin saber cómo podría afectar a la salud de los océanos.
El Instituto de Seguridad Medioambiental también pidió en Lisboa a gobiernos y sociedad civil que se sumen a una moratoria.
“Es muy importante porque se ha puesto en agenda”, aseguró en declaraciones a EFE la responsable de Océanos de Greenpeace España, Pilar Marcos, que recordó que en la primera conferencia de la ONU dedicada a los mares se habló mucho de la contaminación de los plásticos y eso se tradujo en medidas concretas. Por eso se trata de un “pequeño paso” para pasar de “las palabras a la acción”, consideró la bióloga marina.
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La cuenta atrás para explotación minera
El aumento de la presión internacional llega en un momento en el que el reloj ya está corriendo. Nauru, una pequeña isla del Pacífico, activó el año pasado una subcláusula de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) acelerase la elaboración de la regulación sobre la minería submarina.
Si la ISA no consigue acabar esa regulación para 2023, Nauru podría obtener un permiso provisional para empezar a socavar el fondo marino, y la preocupación reina entre los ecologistas.
Países como China estarían a favor de aprobar la explotación minera de los océanos, mientras que dentro de la Unión Europea no hay consenso.
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“La diana de Greenpeace está en la ausencia de gobernanza de los océanos, porque no se puede otorgar la potestad a un órgano (la ISA) que supuestamente está para salvaguardar el suelo marino, pero lo que le importa es generar licencias y generar negocio”, denuncia la responsable de Océanos de la organización.
La bióloga ve una oportunidad en las negociaciones que se realizarán en agosto para alcanzar un Tratado Global sobre los Océanos en el seno de Naciones Unidas.
Debe haber “una visión conjunta de las amenazas que están sufriendo los mares y cómo salvaguardar la biodiversidad, no el negocio de unos pocos”, sentencia.
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El secretario general de la ISA, Michael W. Lodge, también habló en el pleno de la cita de Lisboa, pero no se refirió a la minería; solo dijo que la autoridad trabaja “para garantizar el uso sostenible de los recursos marinos en beneficio de la humanidad en su totalidad”.
Paula Fernández, Lisboa.
(EFE)
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