Cuenta atrás
El aumento de la presión internacional llega en un momento en el que el reloj ya está corriendo. Nauru, una pequeña isla del Pacífico, activó el año pasado una cláusula de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) acelerase la elaboración de la regulación sobre la minería submarina.
Si la ISA no consigue acabar esa regulación para el 2023, Nauru podría obtener un permiso provisional para empezar a socavar el fondo marino, y la preocupación reina entre los ecologistas.
«La diana de Greenpeace está en la ausencia de gobernanza de los océanos, porque no se puede otorgar la potestad a un órgano (la ISA) que supuestamente está para salvaguardar el suelo marino pero lo que le importa es generar licencias y generar negocio», denuncia la responsable de Océanos de la organización.
La bióloga ve una oportunidad en las negociaciones que se realizarán en agosto para alcanzar un Tratado Global sobre los Océanos en el seno de Naciones Unidas.
Debe haber «una visión conjunta de las amenazas que están sufriendo los mares y cómo salvaguardar la biodiversidad, no el negocio de unos pocos», sentencia.
El secretario general de la ISA, Michael W. Lodge, también habló en el pleno de la cita de Lisboa, pero no se refirió a la minería; solo dijo que la autoridad trabaja «para garantizar el uso sostenible de los recursos marinos en beneficio de la humanidad en su totalidad».
El océano busca un nuevo tratado de protección en alta mar
La protección de alta mar se discute desde este lunes en Naciones Unidas con el objetivo de lograr un tratado global e incluya todas las actividades que se desarrollan en el océano y actualice la Convención sobre el Derechos del Mar (Convemar) de 1994, explica la representante de la organización High Seas Alliance Gladys Martínez.
El océano es «patrimonio de la humanidad», supone el 71 % de la superficie del planeta, con alta mar (más conocida como área más allá de la jurisdicción nacional o BBNJ, por sus siglas en inglés) que abarca el 64 % y del que «apenas está protegido el 1 %», señala Martínez, abogada costarricense que estará presente en la negociaciones para lograr un Tratado de Alta Mar, que se llevarán a cabo en Nueva York del 7 al 18 de marzo.
