Cada vez son más las empresas de Estados Unidos que se posicionan cuando se trata de valores o, en este caso, derechos. Tras la eliminación del derecho al aborto en el país el viernes, un número creciente de grandes firmas (por ahora son medio centenar) han anunciado que costearán los gastos de viaje de las empleadas que tengan que desplazarse a otro estado para abortar.
A Amazon, Apple, Microsoft o JP Morgan -que ya habían informado de sus planes antes de conocerse la sentencia definitiva del Tribunal Supremo- se sumaron otras como Airbnb, Banco de America, Disney, H&M, Meta, Netflix, PayPal, Goldman Sachs, Starbucks, Patagonia, Tesla, Uber o Yelp. Una de las grandes dudas es si serán castigadas penalmente por ello, como han amenazado algunos estados antiabortistas.
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La decisión del alto tribunal permitió que trece estados liderados por republicanos activaran leyes que restringían el aborto y se espera que pronto lo hagan una docena más. Entre ellos, Florida, desde donde Walt Disney –que ya mostró su rechazo a la nueva ley homófoba promovida por el estado que aloja su parque de atracciones- se pronunció rápidamente a favor de respaldar la salud reproductiva de sus empleadas, incluidas las interrupciones de embarazo.
Condé Nast también fue una de las primeras empresas en posicionarse cuando informó a su plantilla sobre su nueva política de reembolso de viajes en un comunicado donde describía el fallo del Supremo como “un golpe aplastante a los derechos reproductivos”. En cambio, Walmart, con sede en Arkansas y el empleador más grande del país, con una buena parte de sus tiendas en estados que activarán pronto las prohibiciones de aborto, no se ha pronunciado al respecto.
Las nuevas políticas de estas compañías ha encendido la ira de los estados liderados por republicanos, algunos legisladores republicanos de Texas ya han amenazado a Citigroup y Lyft con emprender medidas legales. Son los mismos que han elaborado una serie de propuestas relacionadas con el aborto, incluido un proyecto de ley que prohíbe a las firmas hacer negocios con Texas si costean a las empleadas que residan en el estado viajes para practicar el aborto.
En la sentencia del Tribunal Supremo, el juez conservador Brett Kavanaugh sugirió que sería inconstitucional que un estado prohibiera a sus residentes viajar a otro para abortar. “Desde mi punto de vista, la respuesta no se basa en el derecho constitucional a los viajes interestatales”, escribió el magistrado que nominó Donald Trump en 2018. Pero el derecho de una corporación a financiar lo que sería un acto ilegal en otro estado puede puede ser cuestionable, argumenta la profesora de derecho en la Universidad de Santo Tomás Teresa Collett a la agencia Reuters.
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Ante posibles obstáculos legales, las empresas grandes están mejor cubiertas que las pequeñas porque acostumbran a financiar ellas mismas los seguros médicos de sus empleados. En principio las protege la ley ERISA (Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974), que blinda los planes de salud corporativos de las leyes del estado. En 2021, el 64% de los trabajadores estadounidenses con seguro médico patrocinado por el empleador tenían este tipo de planes, llamados autoasegurados, según la Fundación Kaiser.
Pero las empresas que tienen que contratar la cobertura médica para su plantilla a una aseguradora externa, generalmente firmas pequeñas, sí que están sujetas a las leyes estatales y no a ERISA. Estas lo tendrán más difícil para sortear posibles demandas. Alrededor de un tercio de los trabajadores asegurados tienen este tipo de seguro.
Una cuestión de valores
Muchas de estas empresas se han comprometido públicamente a promover a las mujeres en sus lugares de trabajo. Y aquellas firmas que trabajen en estados con leyes antiabortistas ahora pueden tener problemas para atraer a talento femenino y con formación universitaria. De esto se quejaba el director ejecutivo de la app de aprendizaje de idiomas Duolingo, Luis von Ahn, cuando envió un mensaje a los legisladores de Pensilvania, sede de la compañía y donde de momento es legal abortar hasta la semana 24: “Si Pensilvania ilegaliza el aborto, no seremos capaces de atraer a talento y tendremos que llevar nuestras oficinas a otro sitio”, escribió en Twitter.
Si Pensilvania ilegaliza el aborto, no seremos capaces de atraer a talento y tendremos que llevar nuestras oficinas a otro sitio
Un gran número de estas empresas se opone a la sentencia del Supremo porque sus clientes y empleados así lo esperan. Y es que últimamente en Estados Unidos las grandes firmas toman partido: “Estamos en este momento en el que esperamos que los líderes corporativos también sean líderes en la esfera política”, afirma a la agencia AP el profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania Maurice Schweitze. “Muchos empleados esperan trabajar en empresas que no solo les paguen bien, sino cuyos valores estén alineados con los suyos”, añade.
Sin embargo, es un terreno espinoso. Las empresas que se posicionen probablemente recibirán quejas. “Los consumidores y los empleados no quieren que las empresas ‘tomen parte’ sobre un asunto, a menos que se decanten hacia su punto de vista”, comentó Kimberly Whitler, quien enseña marketing en la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia, al periódico New York Times. Por este motivo, es posible que muchas empresas eviten pronunciarse y se enfoquen en otros temas menos peliagudos.
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Pero esto también conlleva riesgos, opina Schweitze. “Pueden apoyar los viajes para la atención médica fuera del estado y correr el riesgo de demandas judiciales y la ira de los políticos locales, o no pueden incluir esta cobertura y arriesgarse a la ira de los empleados”, dice este profesor de Pensilvania.
Mujeres pobres, las más damnificadas
Con todo, las mujeres con bajos ingresos, trabajos más precarios y, por lo tanto, peores coberturas médicas, son una vez más las mayores perjudicadas. “Como resultado directo de este fallo, más mujeres se verán obligadas a elegir entre pagar el alquiler o viajar largas distancias para recibir servicios de aborto seguro”, lamenta Mary Kay Henry, la presidenta internacional del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, organización que representa a casi dos millones de personas que trabajan como limpiadoras del hogar, trabajadoras de la salud, conserjes o maestras: “Las mujeres trabajadoras ya están luchando en trabajos con salarios pobres y sin bajas pagadas, y muchas están asumiendo la responsabilidad de cuidar a sus familias, una tarea no retribuida”, recuerda Kay Henry. Solo les falta tener que ir a abortar a otro estado.
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