El “run run” de los negocios de esta semana vino bien cargado. Y por eso lo desdoblamos. Por la mañana fue el turno de los desarrollos inmobiliarios y la agenda industrial. Ahora vamos por el comercio, la tecnología y dos temas bien picantes: claros y oscuros de las prisiones preventivas a financistas y ¿el juez de la convocatoria de Vicentin empezó a recular?
1) Arrancamos por la tecnología. Este fin de semana se realizó en Rosario con total éxito la primera exhibición de arte NFT organizada en el país. La muestra, bautizada Vibrant, organizada por la fundación suiza DFINITY, que se hizo en el museo Castagnino, permitió mostrar la fuerza que está tomando el arte digital y el lugar de Rosario como plataforma para el desarrollo de todas las movidas ancladas en la tecnología, desde el arte hasta los videojuegos pasando por la bio. Y que Rosario se identifique con estas tendencias es clave porque por esas rutas cibernéticas pasa el futuro económico.
Pero, además, para una ciudad tan castigada por la inseguridad, también fue un mimo al ama porque mostró una saludable convivencia entre lo tradicional y lo moderno. “No hay muchos lugares en el mundo en el que el arte convencional y el arte digital convivan y dialoguen como ocurre en Rosario y, por eso, que una muestra de NFT pueda realizarse en un museo como el Castagnino, con todo el apoyo de su dirección, lo dice todo”, señaló Esteban Suarez, promotor de la movida de Vibrant. Que, además del apoyo de la Municipalidad y el Polo Tecnológico, la muestra haya encontrado respaldo empresario -Capa, Fiwind, Catalyze y Distrikt, entre otras- también está marcando la vitalidad del sector.
2) Otro tema. Vamos por el comercio. La Cámara de la Mediana Empresa (Came) está trabajando en una suerte de refresh de una ley pyme nacional que establezca beneficios para el sector por medio de apalancamiento impositivo para las inversiones y reducción de cargas para quienes tomen empleos.
Se trata de un programa de fortalecimiento y desarrollo, muy anclado en las empresas del interior, como el que impulsa desde hace un par de años el consejo agroindustrial para esa cadena. Si bien ya le anticiparon el espíritu de la iniciativa al flamante ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Scioli, la presentación oficial será la semana que viene en Córdoba. Y luego, en la medida que se terminen los detalles técnicos, empezará la ronda por los ambientes legislativos.
3) Que otrora “señores” del mercado –como Omar Scarel (Vicentin), Sebastián Grimaldi, Juan Carlos Guardti y Ángel Torti- hayan estado o estén días tras las rejas (y otros lo estén por sufrir más temprano que tarde) generó un fuerte cimbronazo en los círculos financieros y cerealeros con un saludable efecto. ¿Cuál? Que quienes están en el ambiente haciendo mal las cosas tomen en cuenta de que no es cierto que nunca pasa nada. Una sensación de impunidad que durante mucho tiempo aventó a quienes hacen dinero nadando en aguas turbias y ensuciando el estanque. En efecto, separar la paja del trigo es lo que más necesita el mercado local para depurarse y dejarle la cancha libre para que crezcan los operadores de mercado que hacen bien las cosas.
Pero la saludable avanzada de la Justicia sobre los financistas también va configurando algunos nubarrones en el horizonte. Y no hay reunión empresaria en el que el tema no salga. ¿Cuál es? El uso de la prisión preventiva en reemplazo de la sanción de fondo. Por ejemplo, no hay nadie en el mercado que banque a Guardati y a Torti, pero nadie aprobó (y muchos menos festejó) que dos casi octogenarios (y uno de ellos con cáncer) se pasen una semana en prisión (Guardati seguirá con domiciliaria, pero Torti estará 90 días tras las rejas) de manera preventiva. El debate es más profundo, sobra decir, pero está claro que un país gobernado por medidas cautelares, resoluciones provisorias y prisiones preventivas, necesita –alguna vez- medidas y fallos de fondo.
4) Vamos por un ya “abonado” a esta columna: Vicentin. Y es tanto lo que hay que contar que usamos los dos puntos finales del top five nocturno. Resulta que el viernes el juez de la convocatoria de Vicentin, Fabian Lorenzini, le envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutierrez, su respuesta al pedido de abocamiento postulado por el acreedor Commodities y que ya activó la suspensión de los plazos del concurso.
Y mientras el proceso quedó pausado, el alto tribunal ahora deberá analizar la respuesta del juez y leer todos los expedientes para luego tomar una definición: lo deja seguir tal como está, le cambia algunos puntos centrales, le quita el concurso a Lorenzini y se lo otorga a otro magistrado o directamente se aboca en resolverlo. Y vaya que tiene para entretenerse: el expediente de Vicentin tiene 50 cuerpos y cada cuerpo tiene 200 hojas oficio.
Como no hay mucha jurisprudencia, no está bien definido el plazo que tiene la Corte para resolver. En algunos casos, un máximo tribunal tardó dos meses en hacerlo. Por ahora, desde la Corte no se expresaron sobre la materia.
Entre otras varias razones, el abocamiento a la Corte fue pedido con el argumento de que Vicentin está ofreciendo pagar parte de su deuda con lo recaudado por la venta del 33% de acciones que tiene en la aceitera Renova a la multinacional Viterra (ex Glencore), por unos 300 millones de dólares, cuando rige una medida cautelar (firme con fallo de Cámara) que lo prohíbe hasta tanto se disipen las investigaciones penales contra la empresa.
Sobre la respuesta de Lorenzini, el punto central para defender su trabajo fue resaltar que “la etapa homologatoria se abre luego de la presentación formal del expediente de aquellas sociedades confirmadas requeridas por la ley concursal”, que todavía no ocurrió. “Una resolución de la Magistratura, previa a la presentación de las mayorías legales, expidiéndose acerca de la legalidad sustancial de la propuesta, podía significar un anticipo de jurisdicción objetable en la propia Constitución. Para obrar conforme a derecho deberíamos aguardar que la propuesta concordatoria alcanzara las adhesiones. Por todo lo expresado era improcedente adentrarnos anticipadamente en el análisis de la legalidad de la propuesta concursal, reservado para la sentencia homologatoria”, resalta el juez.
En efecto, el pasaje relevante del texto de Lorenzini fue la afirmación del juez sobre que el momento para juzgar la legalidad del concurso no es el actual, sino el que prevé el artículo 52 de la ley de Concursos y Quiebras, que regula la homologación del acuerdo preventivo. Dicha instancia aún no se alcanzó, pues la firma tenía hasta el 30 de junio para lograr las mayorías requeridas para hacerlo. Pero lo que llama la atención es que el año pasado, el juez sí intervino antes de la homologación al pedirle a la empresa que reformule la propuesta por incumplimientos ilegales. ¿Antes sí intervino en una instancia previa a la presentación de las mayorías para advertir ilegalidades, pero ahora dice que no es correcto hacerlo en esta instancia? ¿Cómo se explica? ¿Será que Lorenzini estaría reculando o todo es un show para simular lo que necesitaba Viterra (socia de Vicentin en Renova) que era esquivar la cautelar que frena el desguace? La Corte Suprema tiene la última palabra.
Ahora bien, la presentación de Lorenzini tiene varias perlitas. Por ejemplo, cuando dice que Vicentin “hasta ahora tiene 996 conformidades y $11.529.843.034 y u$s 43.785.498”. Teniendo en cuenta que el crédito concursado supera los 1.000 millones de dólares. ¿No es muy poca plata? Estamos hablando de un promedio de 44.000 dólares por acreedor.
Y hay más: sobre la cautelar que prohíbe la venta de Renova, Lorenzini dice que “no ha sido informada en este expediente por la concursada ni advertida por los interventores”. Pero en las mesas técnicas que el propio juzgado abrió se habló abiertamente del tema, con los síndicos presentes, y hasta se enviaron planillas que inclusive las distribuían los interventores.
5) Y como si fuera poco con Vicentin, la política y la ideología metieron la cola. Y cada vez que eso pasa, sobre todo de boca del presidente Alberto Fernández, termina jugando en favor de Vicentin. El mamarracho del intento de nacionalización de la agroexportadora que ensayó en 2020 Alberto Fernández casi convirtió en héroes a los directores Vicentin, que hoy están todos imputados por delitos penales que hasta incluyen la falsificación de balances.
Ahora, colgado de la decisión de la Corte de suspender el proceso, Fernández reflotó en los medios su retórica interventora del mercado. En realidad, no hay –al menos hasta ahora- un proyecto serio del gobierno sobre Vicentin, por más que lo agite y ruegue el ala más dura. En realidad, a Alberto le sirve volver de vez en cuando al tema para juntar a la tropa oficial cada vez más disgregada.
Pero, en rigor, cuando se habla de la necesidad de participación del Estado en Vicentin se está pensando en otro rumbo totalmente distinto al que vociferan las usinas progresistas y temen las usinas conservadoras. Es que sólo con el Banco Nación capitalizando su acreencia (330 millones de dólares) es posible apuntalar una salida sostenible para la empresa y sus acreedores. Todo lo referente a “soberanía alimenticia”, “empresa testigo”, “mercado concentrado”, “intervención en favor de la mesa de los argentinos” son solo eslóganes para entretener que nada tendrían que ver con discutir el rescate de una empresa que puede dejar al Estado con participación accionaria y asientos en el directorio, como ya lo tiene en Molinos Agro. Una participación que nunca significó cruzada alguna contra los “trust del imperialismo cerealero”.
Pero Vicentin fue hábil en explotar y sacar rédito del nuevo mal paso del gobierno. Fue así que, con un comunicado, salió a agitar la bronca que genera en el agro la actual conducción de la Casa Rosada al quejarse de las declaraciones presidenciales. A decir verdad, la aceitera logró otra vez poner a sectores del agro jugando a su favor. Y es que es tan poca la afinidad de la agroindustria con el gobierno, que cualquier cosa que tenga el aroma a participación del Estado (y sobre todo de un gobierno como el actual con la sombra de Cristina) los espanta. Fue así que se escucharon en el mercado esta semana muchas quejas contra Commodities por entender que, con su avanzada judicial sobre Vicentin, le está haciendo el juego al gobierno. Punto para Vicentin.
En paralelo, la poderosa Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) también salió a abrir el paraguas ante una nueva avanzada estatal sobre Vicentin. Y en un comunicado ampliamente difundido dejó bien en claro algunos conceptos que la opinión pública no tiene a mano: por ejemplo, que el agroexportador es de los sectores económicos menos concentrados, que ya intervienen en posiciones importantes empresas de capital nacional (Molinos, AGD), que el Estado ya interviene el mercado regulando exportaciones y fijado precios y que además ya dispone toda la información requerida (desde Afip y Aduana pasando por el sistema de declaración oficial de Sio Granos).
La necesidad de los grandes exportadores (Ciara-Cec) en salir a criticar al gobierno por reflotar la avanzada sobre Vicentin es clara y contundente: una empresa estatal puede suponer una competencia desleal para el sector privado, tal como lo había dicho cuando Alberto intentó nacionalizarla en el tormentoso 2020.
Pero la entidad empresaria, que no es ninguna improvisada, también termina jugando en favor de la defaulteada aceitera al contribuir a revestirla de un halo de integridad propio de una empresa que lucha por salir de su default pero que no puede porque está bajo el permanente azote de los buitres K. Se genera sobre Vicentin en la oposición política y en el establishment, por oposición a los K, un halo de integridad a pedir de dos de los socios de Ciara-Cec que saldrían muy beneficiados por el desguace de Vicentin como lo son Viterra (que se quedaría con Renova) y Bunge (que se quedaría con un puerto a un valor cotizado hace dos años a dólar oficial); en una jugada digna de los Eskenazi comprando YPF en tiempos de Néstor.
¿Y cómo podría haber hecho Ciara-Cec para expresarse contra la nacionalización sin jugar a favor de Vicentin? Tal vez, habiéndose expresado en su momento de igual forma (en un comunicado) muy preocupada por el daño que le produjo Vicentin a la agroexportación al falsear la información contable que le presentaba a los bancos extranjeros que son los que financian a todas las empresas del sector. También se podría haber expresado de igual forma por el daño a los acopios y productores que produjo el histórico impago, sobre todo porque fue un golpe a la histórica confianza en la palabra que regía en el mercado. La seguridad jurídica tanta veces pedida. Cada uno atiende su juego.
Si te perdiste el run run matutino y queres ver el otro top five, lo podes leer haciendo clic acá.
