La última sesión del directorio de Antel, el jueves pasado, tuvo altos niveles de discusión. El director por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, llevó a la mesa uno de los temas que más polémica generó entre el gobierno y la oposición en los últimos días: el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se habilitó a cinco cableoperadores a dar servicio de internet, algo que está prohibido por un artículo de la Ley de Medios, pero que para estos cinco casos fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Según supo El País, Larrosa promovió el jueves que el ente presentara un recurso de revocación a ese decreto en el entendido de que era ilegal y perjudicial a Antel, por cuanto la empresa estatal tiene -según esta biblioteca y visión jurídica- el monopolio en el mercado de servicio de banda ancha, por la ley que la creó en 1974.
Pero el planteo del frenteamplista, en un directorio con mayoría del oficialismo, no prosperó.
Su presidente, Gabriel Gurméndez, que ha defendido esta acción del gobierno y asegurado públicamente que no representa otra cosa que “oportunidades de negocio” para Antel en un nuevo mercado que ahora se abre, dijo a El País que la moción que presentó el frenteamplista fue descartada por falta de “mérito”.
“Las resoluciones están bien fundadas desde el punto de vista jurídico”, dijo el jerarca, que enfatizó además en que la decisión del gobierno es una respuesta a “solicitudes que se ampararon en senda sentencias dictadas por la SCJ”.
De todos modos, para tomar posición, Gurméndez señaló que fueron consultados tanto el ministro de Industria, Omar Paganini, como la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Mercedes Aramendia, quienes “aportaron las seguridades sobre el cumplimiento de los procesos y requisitos requeridos para obtener las autorizaciones”.
“Algunos de los planteos de Larrosa fueron consideraciones políticas que no eran de recibo”, agregó.
Larrosa, en tanto, no respondió a los llamados y mensajes de El País.
