Durante el foro Violencia, Desplazamiento Forzado y Migración, los alcaldes de Jerez y Valparaíso, expusieron las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los pobladores frente al crimen organizado; destacaron el poder que se ejerce sobre lugares con pocos habitantes y que los sicarios los mantienen, incluso, bajo vigilancia. Asimismo, especialistas subrayaron la falta de estado de derecho en Zacatecas.
Humberto Salazar Contreras, presidente municipal de Jerez de García Salinas advirtió que en poblaciones pequeñas los aparatos gubernamentales se debilitan debido al número de efectivos, que son pocos.
Al hablar de la situación que aqueja en ese municipio en torno al desplazamiento forzado de las familias por la violencia, el alcalde advirtió que el poder no admite vacíos y es justo en poblaciones que están menos pobladas donde, con este fenómeno, los resultados son pocos.
Al comparar la población de Jerez como un enfermo cuasi terminal, y al utilizar términos médicos en honor a su carrera, el alcalde reconoció que, como presidente y como médico, está atendiendo a “un pacientote muy enfermo”.
Ante los hechos de inseguridad que sufren los habitantes en las comunidades de la sierra, el alcalde reconoció que hasta ahora, a ese enfermo grave sólo se le ha podido dar “un mejoralito, un calmantito”, al no ser totalmente resolutivos para abatir el problema.
El alcalde expresó que este tipo de localidades, con pocos habitantes, viven en una especie de narcofeudalismo, donde cada grupo criminal está presente en cada aspecto de los territorios que controlan y, “sin una línea directa y refuerzos, los gobiernos tienen poca maniobra para combatir a las organizaciones criminales que tienen el poder militar, que rivaliza con los ejércitos regulares”.
Desde su perspectiva, el presidente dibujó un panorama del problema de inseguridad en las comunidades de la sierra de Jerez. Afirmó que conoce a todos sus pobladores, a quienes ha atendido como médico y por tanto conoce los problemas y, como pacientes muy graves que ha atendido, dijo, “la situación de Jerez está en ese momento complicado”.
Con ese problema complejo, el presidente consideró que la inseguridad es resultado de la pérdida de valores, del respeto, de una familia unida y que se perdió desde que no se le da en la calle el lugar a la mujer para protegerla, desde que no hay respeto hacia los padres.
Desde punto de vista, comentó que eso se perdió desde que se quitó la clase de Civismo, “ese que están deseando que hoy se aplique”.
Como responsable de la administración, el presidente indicó que se debe trabajar en volver a fomentar esos cimientos, de respeto, para unir a las familias, que los niños estén interesados en aprender, ya que la violencia tiene también que ver con el aprendizaje, ir a la escuela, así como crear oportunidades para su sano desarrollo y promover las actividades deportivas.
No obstante, reconoció que no es tarea fácil, pues con la tecnología, aunque tiene cosas muy buenas, tiene otras reprobables y es cuando se deduce que hay enfermedad, y es cuando hay que actuar, tomar medidas y cortar de tajo esa enfermedad para evitar que siga avanzando, “ser resolutivos, si no, el paciente muere”.
Este viernes, se realizó en el vestíbulo del Congreso el foro sobre violencia, desplazamiento y migración, del que el diputado José Juan Estrada fue el anfitrión, para lo que invitó a académicos estudiosos del fenómeno migratorio, a los alcaldes con mayor riesgo de desplazamiento como Valparaíso y Jerez, así como a otros personajes como Eunice Rendón, experta en seguridad pública y migración.
El objetivo del foro, explicó Estrada, es conocer la actualidad del fenómeno migratorio, y conocer “sobre qué estamos parados”, con el fin de que quienes sean responsables apliquen las adecuadas políticas públicas, incluida la Legislatura.
El diputado aclaró que, al ser un tema muy delicado, no se pretendió que fuera un foro como tal, sino una charla, no en el contexto de culpar a alguien, sino únicamente conocer cómo se está comportando la migración, toda vez que en 2010 registró un fenómeno de retorno a México, pero en 2020 los mexicanos se volvieron a ir.
En este contexto, dijo, es que se quiere conocer la situación, toda vez que se tiene conocimiento de datos preliminares respecto de que el desplazamiento está obligando a que de 3 a 5 mil familias de Michoacán estén en la frontera de México en espera de un posible refugio.
En el caso de Zacatecas, se habla de que en el tiempo mayor de violencia han sido desplazados por la inseguridad de 10 a 30 mil personas.
Rehenes del crimen en Valparaíso
Contrario a obligarlos a salir de sus localidades, en Valparaíso, en casos extremos, los delincuentes han prohibido a los habitantes a abandonar su territorio durante semanas completas y, en casos también extremos, las familias que se quedan son obligadas a servir a los delincuentes “y ser sus mandaderos”, declaró el presidente municipal, Eleuterio Ramos Leal.
Durante el Foro Violencia, Desplazamiento Forzado y Migración, organizado por la Comisión de Migración, el alcalde detalló lo que en este municipio han sufrido las familias con la presencia de los grupos delincuenciales.
Dada su ubicación geográfica, recordó, Valparaíso tiene acceso hacia Zacatecas, Jalisco, Durango y Nayarit, lo que explica la cruenta disputa de estos grupos que mucho han lastimado la vida de las personas, no sólo de la mancha urbana, sino de la zona rural, obligándolos en la mayoría de los casos a abandonar sus viviendas y sus vidas.
Ramos Leal afirmó, sin embargo, que un fenómeno visto en las localidades de ese municipio es que los grupos delincuenciales permanecen en vigilancia de las familias, provocando que en muchos casos les prohíban de manera categórica que abandonen su residencia, con lo que han llegado a generar incluso el desabasto de medicamentos, alimentos, combustible e insumos para realizar sus actividades productivas.
“Por semanas completas, en casos extremos, las pocas familias que se han quedado, son forzadas a servir de mandaderos, a llevar lo que los grupos delincuenciales requieren para solventar sus necesidades más elementales”.
El presidente hizo otra advertencia: ya hay un “triunfador” en esta batalla iniciada hace dos años, por lo que advirtió al estado mexicano una segunda parte de lo que ello significa.
El grupo vencedor permanece asentado en el territorio y, aunque ha disminuido la violencia por la presencia de las fuerzas armadas, hay una tarea importante que atender: la llegada de los civiles armados con esposa e hijos, asentándose en el territorio, que por consiguiente sigue manteniendo el control, estableciendo negocios productivos que combinan con los delincuenciales.
Visiblemente afectado por la situación, el alcalde advirtió sobre el tiempo que podrán las familias vivir en esa “aparente normalidad”, cuestionó cuál es el siguiente paso y el análisis del problema para proponer políticas públicas de solución y de acciones contundentes que sin duda deberán aplicar, dijo, los tres niveles de gobierno.
En este tenor, reprochó que el estado mexicano le ha fallado a sus gobernados en el combate a la violencia, ha tolerado la violación sistemática de los derechos humanos, “al no ser capaz de garantizarlos, siendo su obligación como sujeto pasivo de la relación”.
Enumeró que no ha podido garantizar la seguridad pública, con lo que se vulnera el derecho a la educación, al libre tránsito, a la vivienda digna; “no ha garantizado el derecho a la libertad de trabajo o comercio; no ha salvaguardado el derecho humano a la justicia; está en riesgo el derecho humano a la alimentación y al agua”.
Refrendó que los desplazados no han accedido a sus derechos como víctimas del delito y para ellos no se ha extendido hasta ahora un programa de acción por parte de los gobiernos del estado y federal.
Así, las aproximadamente 150 familias que siguen desplazadas, que suman más de 500 personas, siguen clamando “en exigencia tornada en súplica”, volver a su anhelada vida en normalidad.
Viven, sin embargo, rehenes de los grupos que disputaron su territorio, las rutas carreteras y caminos rurales desde hace dos años, víctimas de prolongados enfrentamientos con armas de grueso calibre, secuestros, extorsiones, robo, abigeato, homicidio, amenazas, despojo y desaparición forzada; “hemos vivido en Valparaíso la peor etapa del México moderno en los últimos meses”.
Además, con la tolerancia de que los criminales vivan en proximidad con las personas en las comunidades rurales, las colonias, lo que implica que se relacionen con ellos, que buscan herramientas para reparar vehículos, agua potable, para utilizar el Internet de las tienditas de abarrotes, de las escuelas, de las plazas públicas y de los domicilios particulares, sin opción de aceptar, sino forzados en la mayoría de los casos.
Además de que dispongan de sus vehículos y que se apropien de las viviendas deshabitadas. Ante ello, advirtió que la tarea gubernamental para abatir el problema “es enorme lo que tenemos que enfrentar”, ante la realidad que viven los ciudadanos en muchos municipios de la entidad.
Sin estado de derecho
La presencia importante y ya “muy cínica” de los grupos criminales, no sólo en regiones de Zacatecas sino del país, va con la falta del estado de derecho, “ha superado la autoridad estatal, municipal y federal, de tal forma que los delincuentes sienten que pueden hacer (lo que quieran) sin que pase nada”, expresó Eunice Rendón, experta en Seguridad Pública y Migración.
Invitada como una de las ponentes al Foro, Rendón expresó que en Zacatecas ve una presencia “muy importante y muy cínica ya de estos grupos criminales, como si fueran la policía del municipio; no están escondidos, realmente están a la vista de todos y eso significa poder”.
Luego de su participación en el foro, la maestra y doctora en sociología política y políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, advirtió que otra cosa importante para que el crimen siga creciendo es que “seguimos con un número de impunidad muy grande; 96 por ciento de los delitos en el país quedan impunes”.
No pasa nada, “entonces, eso es algo que anima a esos grupos a tener mucha más fuerza y presencia y hacer lo que quieran finalmente en esos lugares”, dijo.
Sobre el crimen organizado en Zacatecas, consideró, ha logrado infiltrarse mucho en las poblaciones –en este caso de Jerez y Valparaíso—por la falta del estado de derecho.
Advirtió, sin embargo, que el tema de los desplazados de manera forzosa no es sólo municipal o estatal, sino que es un problema a nivel internacional, pero consideró que en México, por hechos de violencia, es un tema que se ha agudizado en los últimos 10 años.
“Desafortunadamente, hay delitos como el homicidio y la violencia contra las mujeres en diversos aspectos que ha ido aumentando y no ha logrado mermarse” y esto empuja a que la gente quiera cambiarse de lugar.
Otro de los problemas esenciales es la presencia y el poder que van adquiriendo los grupos del crimen organizado.
Pero no sólo eso, sino que advirtió que en ocasiones ya ni siquiera son grandes grupos, puesto que “ya cualquier gente puede animarse a delinquir, se animan porque saben que no les pasará nada”, esto es, son pequeños grupos de jóvenes que alegan ser del crimen con tal de extorsionar al ciudadano.
Y esto, reiteró, tiene que ver con la ausencia del estado de derecho y también por la dispersión en el tema criminal que existe, “por supuesto que esto va de la mano de la falta de oportunidades, de acceso a políticas y acciones integrales para atender la inseguridad”.
