El asunto migratorio fue central en las conversaciones durante la Cumbre de las Américas, realizada recientemente en la ciudad de Los Ángeles, California, por la convocatoria del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Los acuerdos sobre el fenómeno migratorio giraron en torno a los problemas estructurales que generan los movimientos migratorios masivos que se viven en los espacios sur-norte del continente americano y acerca de posibles respuestas que podrían dar los distintos países.
En el corazón de los acuerdos sobre cómo administrar la crisis migratoria emergió una visión común: la migración desesperada es producto de economías nacionales que no han logrado avances suficientes en materia de creación de empleos, sobre la necesidad de promover políticas de inversión adecuadas, de estímulos fiscales para el crecimiento y del impulso a las cadenas internacionales de suministro de bienes de valor. Y se acordó promover una respuesta social de empatía y coordinación continental para resolver los problemas sociales que surjan del fenómeno migratorio.
Esta visión común es trascendente porque contradice la versión de Cuba, Venezuela, Nicaragua y sus aliados, notoriamente el Presidente de México, de que la migración es un subproducto de las políticas neoliberales de Estados Unidos que han sido impuestas forzosamente a los países de América Latina, negando los fenómenos propios de represión, violencia y falta de democracia en sus países.
El comunicado final de la Cumbre de las Américas describe la interpretación que fue aceptada sobre las dificultades históricas de crecimiento económico y propone la coordinación regional, para lograr la inserción de todas las Américas en la economía global. Los países asistentes a la Cumbre firmaron la declaración, incluyendo Argentina, Chile, Perú y México (por el canciller Ebrard).
Es de destacar que ninguno de los asistentes defendió la posición de “bolivarianismo” en la cumbre, a pesar de haber convertido el tema de su asistencia en el objeto de un intento de boicot a la Cumbre. Únicamente sirvió de pretexto para que los presidentes de México, Honduras y Bolivia no asistieran al evento. Paralelamente, datos estadísticos oficiales confirman que la mayoría de las personas migrantes que cruzan la frontera norte hacia Estados Unidos son de nacionalidad mexicana. Se tiene la impresión en México de que los migrantes son mayoritariamente de otros países, tanto de América Latina, del Caribe, África, Oriente Medio y de Asia. Ciertamente, hay migrantes de todas esas zonas que atraviesan el territorio nacional. Pero la verdad es que la mayoría de los migrantes son mexicanos, huyendo de la grave crisis económica que el gobierno de AMLO ha sido indispuesto e incapaz de abatir, sumando a poblaciones enteras desplazadas que huyen de la violencia del narcotráfico.
Los datos del gobierno de Estados Unidos muestran que 2022 es el tercer año consecutivo en que las deportaciones de mexicanos superan, con creces, a las de personas de las nacionalidades del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y, por supuesto, al resto de las nacionalidades presentes de la frontera con Estados Unidos. Al inicio de 2020 se rompió la relativa estabilidad que se había mantenido en el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos durante más de 12 años. En aquella época se registraban alrededor de 20 mil pases indocumentado mensualmente. Hoy rebasa los 100 mil mensuales.
La realidad rebasó a la ideología en la Cumbre de las Américas. La narrativa del bolivarianismo de culpar a otros por sus problemas quedó sepultada frente a la necesidad que tienen todos los gobiernos de la región por asumir sus problemas económicos y sociales internos y encontrar soluciones a la crisis migratoria de forma mancomunada y en coordinación.