En medio de la conversación con DW, el fiscal jefe de la región de Tarapacá, en Chile, Raúl Arancibia, hace una pausa y aclara que cuando habla de delitos cometidos por inmigrantes “siempre me refiero a delincuentes, no a personas que vienen a buscar mejores horizontes”.
El comentario es pertinente. Durante mucho tiempo, la prensa chilena evitó hacer referencias a delitos cometidos por extranjeros, una tendencia que ha empezado a cambiar en el último tiempo, especialmente por el asentamiento en el país sudamericano de bandas criminales como el Tren de Aragua, de origen venezolano.
Se trata de “delincuentes”, no de inmigrantes en general
Las encuestas muestran una creciente sensación de inseguridad en la ciudadanía. El tipo de crímenes que se comete es cada vez más violento e incluso el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que el país vive “el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”. Y agregó que había que evitar los populismos para abordar este problema, cuyo enfrentamiento es complejo y de largo aliento, “pero hay que reconocer la verdad”.
La inmigración de bandas que se han instalado en distintos puntos del país ha derivado en que cada vez se hable de forma más abierta del tema. Y si bien es cierto que, en términos proporcionales, los inmigrantes cometen menos delitos que los chilenos, también es verdad que hay grupos de delincuentes extranjeros que han extendido sus brazos por el país, cometiendo actos hasta ahora poco vistos en Chile: secuestros extorsivos, sicariato, asesinato y mutilación de cuerpos, tráfico de personas, entre otros.
Prácticas más violentas, como “picar” cadáveres
Una de las regiones más golpeadas es la de Tarapacá, que pasó de 18 homicidios en 2020 a 54 en 2021, y en lo que va de 2022 ya suma 25, la mayoría de ellos, crímenes cometidos por bandas extranjeras.
“La criminalidad aumentó de forma muy violenta con la llegada de los colombianos, y con ellos se produjeron los primeros homicidios por encargo o ajuste de cuentas, todo con un grado de violencia inusitado para nosotros”, explica a DW el fiscal Arancibia, con más de 20 años de experiencia en el cargo.
Arica, Antofagasta, Valparaíso, Iquique y Alto Hospicio son algunas ciudades afectadas por este cambio. En el caso de las dos últimas, la tasa de homicidios ha llegado a 14 por cada 100.000 habitantes, lejos del promedio nacional, que raramente supera los 4 por cada 100.000.
Descontrol fronterizo, por la porosidad de la frontera
Arancibia explica que el problema tiene que ver con el descontrol fronterizo: el Estado es incapaz de saber quién entra o sale de su territorio por la porosidad de la frontera, un escenario propicio para estos delincuentes. “Estas bandas están a ambos lados de la frontera y, a veces, obligan a migrantes a ingresar armas o drogas”, dice Arancibia.
Su relato está plagado de tragedias: desde escuchas telefónicas donde delincuentes colombianos hablan de “picar” cadáveres hasta el ingreso de ketamina, “una droga que es traficada principalmente por venezolanos”, pasando por préstamos con altos intereses que agobian a pequeños comerciantes, que deben huir de la región ante la presión de los grupos organizados extranjeros.
Por ello, entre la ciudadanía se ha extendido el malestar, desatándose algo que es usual en estas circunstancias: una cierta animadversión hacia inmigrantes de determinada procedencia.
“Ninguna colaboración de Venezuela”
“Es un tema muy sensible”, dice Arancibia, “al punto que nosotros antes solo decíamos ‘criminalidad extranjera’, pero con la llegada del Tren de Aragua, que es venezolano, eso cambió”. Ese grupo, muy violento, se encuentra en gran parte de América. “Acá tenemos detenido a un sicario de 21 años, al que le dicen ‘Satanás’, que tiene homicidios en Perú y otras partes del continente”, dice Arancibia.
“Además, realmente no sabemos cómo se llaman estas personas, porque son indocumentados o andan con documentos falsos y no tenemos ninguna, que se entienda, ninguna colaboración de Venezuela. Ninguna”, añade.
El Gobierno de Chile ha intentado retomar la agenda de seguridad, con la propuesta de prohibir totalmente las armas en manos de civiles y llamando a una mesa de trabajo para buscar respuestas al crimen organizado. Arancibia apela, por su parte, por un control más efectivo de la frontera.
“Yo nací en Iquique y he visto cómo esto pasó de ser tan tranquilo como una taza de leche a lo que es ahora, y esto puede afectar a la imagen del país, que aún es visto como un lugar serio, y eventualmente dañar la economía”, explica.
En Iquique, ya ha habido protestas por el aumento de la delincuencia.
Las bandas chilenas también se han vuelto más violentas
La fiscalía tiene en su haber varios triunfos, como la detención de una banda criminal compuesta por 11 ciudadanos colombianos, cuyo cabecilla fue condenado a cadena perpetua, o el hallazgo de varias células del Tren de Aragua venezolano.
Pero, como si ya no hubiera suficientes dolores de cabeza para los fiscales, las bandas chilenas también se han vuelto más violentas, “para no ser arrasadas por las bandas extranjeras”. Arancibia lo resume así: “Ha aumentado la peligrosidad de nuestras propias bandas, y hay muchas armas circulando”.
(rml)
