Nota de la editora: Esta es la primera entrega de una serie de historias sobre las condiciones de vida de los niños y niñas de la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico. Indagamos sobre el acceso al servicio de educación.
Desde la sombra hay un grupo de niños y niñas en Puerto Rico que sufren hambre, discrimen, racismo, acoso escolar, maltrato y complejos retos educativos. Son hijos de padres inmigrantes que “cruzan el charco” de manera irregular, desde países como Haití o República Dominicana, y otros menores que en esencia son “dreamers” establecidos en la Isla con la esperanza de un mejor mañana.
Si bien los asuntos de inmigración suelen ser complejos y costosos, para los menores con estatus migratorio irregular que llegan en yolas con desconocidos, y otros cuyos padres están en la Isla de manera irregular, se complica aún más el panorama por la vulnerabilidad económica de sus familias y los choques culturales que enfrentan en el entorno escolar del Departamento de Educación (DE). A la agencia se le ordena brindarles educación hasta cuarto año sin preguntar por su condición migratoria o la de alguno de sus familiares, conforme a la Carta de Derechos del Estudiante (Ley 205 de 2015). Sin embargo, ello no exime que los menores sean objeto de discrimen o acoso escolar.
“Cuando sacan buenas notas hay veces que ni los ponen en el cuadro de honor. Ahora mismo tengo un caso donde esta niña, hija de una persona dominicana en una escuela en Ceiba, tuve que mandarle una carta al director de la escuela porque el profesor se la ha cogido con la niña. En las notas que se envían por el sistema le habían puesto “F” casi en todas, pero a raíz de mi llamada empezaron a salir las “A”. Hay maestros que son tan racistas que se desquitan con los niños inmigrantes”, relató José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico.
Según Rodríguez, en las escuelas públicas es común el acoso o el “bullying” por parte de algunos maestros que “le han gritado dominicana bruta” a niñas. “Hay mucho acoso escolar en las escuelas contra niños dominicanos por parte de sus pares por la falta de currículo de aceptación a las diversidades”, manifestó el activista, quien confesó haber atendido casos de esta índole y haberlo vivido en carne propia a través de sus hijas dominicanas.
“He tenido varios casos en los años que llevo luchando a través del Comité Dominicano de Derechos Humanos. En mi caso, lo viví con mi hija cuando una directora sin mi permiso le revisó el cuerpo a mi hija para ver si tenía piojos, cuando se supone que sin mi permiso no lo hiciera”, añadió.
Otra dificultad educativa que enfrentan, particularmente, la población de niños y niñas con estatus irregular, es que una vez terminan la escuela superior, su entrada a las universidades queda a discreción de la institución, sea privada o pública. Tampoco tienen acceso a las becas federales Pell para costear sus estudios.
“Hay muchos menores que son ´dreamers´ que llegan hasta cuarto año y luego no tienen opciones en la vida. Ninguna universidad les da beca, tienen que tirarse a la calle a trabajar para subsistir. No tienen mañana y no tienen futuro porque no tienen dinero para pagar la carrera como la mayoría de los estudiantes en Puerto Rico que tienen la beca Pell”, enfatizó Rodríguez.
Para Romelinda Grullón, si el menor nació en Puerto Rico y uno de sus padres es inmigrante, la situación es igual de complicada que la de un menor que carece de estatus migratorio porque “no cuentan con apoyo de su familia para trabajar con sus tareas”.
>Archivo/ EL VOCERO
En tanto, Romelinda Grullón, del Centro para la Mujer Dominicana, afirmó que muchos estudiantes dominicanos son ubicados en la población estudiantil del programa de Educación Especial sin necesidad.
“Eso es un problema muy serio. Primero porque necesitan personas para poner en esa corriente porque ahí siempre hay mucho dinero y son muchos dominicanos y dominicanas que no tienen que estar ahí. Si se hace una evaluación más minuciosa no tendrían por qué estar ahí. Otra situación es que los que están en escuelas públicas se les hace difícil aprovechar, y necesitan mucho apoyo de sus familiares y tutores para fortalecerlos. Los padres muchas veces tienen un nivel de escolaridad bien bajo y no pueden ayudarlos”, explicó.
Esto, sin embargo, en ocasiones lleva a estos menores a la deserción escolar. “Son muchas las emociones que traen. Los sentimientos de culpa y el abandono. Todo eso influye en sus procesos educativos. Son muchos los padres y madres desesperados por sus niños en las escuelas públicas porque no ven el aprovechamiento o se les hace difícil poder apoyarlos.
La principal fuente de discrimen y xenofobia que reciben estos menores nace en las escuelas, afirmó Grullón. “Muchas veces los padres y madres se sienten atemorizados para poder reclamar, pero la mayoría tiene temor y no sabe muchas veces qué hacer”, abundó.
Para Grullón, si el menor nació en Puerto Rico y uno de sus padres es inmigrante, la situación es igual de complicada que la de un menor que carece de estatus migratorio porque “no cuentan con apoyo de su familia para trabajar con sus tareas”.
“Tienen que hacer sus tareas en las casas y ahí se empieza a ver esa laguna entre los estudiantes de personas que son inmigrantes a las que no son inmigrantes. Hay de todo, pero hay muchos estudiantes que llegan de una forma, se quedan y se terminan convirtiendo en una persona irregular porque se les vence la visa. Entonces, no tienen acceso a nada y otros que vienen en viajes irregulares. Hay personas que los mandan a buscar después de los 12 años”, expuso.
En marzo de este año, el Departamento de Educación firmó una carta circular que promueve “la equidad y el respeto” como política pública de la agencia. La misma no hace referencia a las comunidades de inmigrantes que hay en la Isla, pero sí menciona que los maestros deben educar a los estudiantes sobre “la importancia del respeto, la dignidad, los derechos de los demás, la convivencia democrática, los valores humanos y la solución pacífica de conflictos”.
En declaraciones escritas a EL VOCERO, esa agencia comunicó que para agosto esperan establecer el tema de “identidad cultural e interculturalidad” como parte del Proyecto de Revisión Curricular de Servicios Académicos.
“El (proyecto) tiene dos componentes: el primero es identidad cultural y se relaciona con el conocimiento y valoración de la historia y la cultura de nuestro país en todas sus manifestaciones y, segundo, la interculturalidad intenta (que es)romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas para reconocer la igualdad e importancia de todas las culturas y las personas que individual o colectivamente las representan para construir una convivencia de respeto y de legitimidad”, indicó la agencia en declaraciones escritas.
La agencia no proveyó datos a EL VOCERO sobre las veces que han intervenido en casos de bullying contra estudiantes inmigrantes en las escuelas. “No existe una cantidad determinada de intervenciones para atender estos casos. La cantidad de intervenciones dependerá de la severidad de la situación y el plan de intervención que se realice para trabajar el mismo”, explicaron.
Para Grullón, los servicios educativos deben extenderse a los padres y madres de estos estudiantes.
“Deberían ver como alfabetizar a los padres y madres para que les den clases y fortalecer sus niveles educativos. Esos son parte de los retos porque muchas veces estos niños y niñas están practicamente a la deriva. Otra situación es que las mamás están trabajando y es difícil pagar tutorías o es difícil llevarlos. Siempre hay un poco de limitaciones economícas por la situación de los padres y las madres”, expuso.
Puede haber cientos de “dreamers”
Las versiones ofrecidas por Rodríguez y por Mariela García, presidenta de la Comisión de los y las Inmigrantes en Puerto Rico del Colegio de Abogados y Abogadas, apuntan a que en la Isla puede haber cientos de menores sin estatus migratorio definido, conocidos también como “dreamers”. Ambos, igualmente, coinciden en que algunos llegan en viajes irregulares por yolas y otros son traídos por sus padres con visas temporeras, pero al estas vencer se quedan en la Isla sin que se atienda su situación migratoria.
De otro lado, hay niños y niñas que nacen en Puerto Rico, pero su padre o madre entraron a la Isla por la vía irregular. En ese escenario, suele ser común el miedo de sus padres a ser deportados a su país de origen. “Es bastante común que el menor entre con visa de turista, pase el semestre de clase en Estados Unidos y viaje de regreso a su país en vacaciones. Luego, vuelven y entran con la visa de turista y se quedan con la tía o con la abuela”, sostuvo García.
En tanto, Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera de San Juan, estableció que en sus misiones de rescate suelen encontrar “ocasionalmente” a menores en las yolas en el Paso de la Mona y en aguas del Caribe cerca de Puerto Rico.
“Usualmente en las yolas solemos encontrar a menores. No en grandes cantidades y muchas veces están ahí raspando con ser adultos. También hay otros que dicen ser menores y no lo son. Cuando es menor se activa un protocolo y por ser menores entendemos que es una persona que tenemos que estar velando un poquito más y asegurándonos de que nadie tome ventaja sobre ellos”, dijo.
Estableció, sin embargo, que la migración de menores a Puerto Rico en viajes ilegales no es similar al fenómeno que se da en los viajes de Haití a Florida, donde hay muchas madres con niños recién nacidos y en grandes cantidades en los barcos.
“Eso se da (en Puerto Rico), pero no tan frecuente. A veces esos menores no están acompañados con nadie. Es una situación fuerte para todos porque cada género o edad tiene sus propias circunstancias. Es difícil ser mujer y emigrar en una yola llena de hombre y lo mismo pasa con los menores”, sostuvo Castrodad.
Cuando la Guardia Costera interviene con un menor en las aguas cercanas a la Isla hace lo posible por regresarlos a su país de origen. La entidad no proveyó datos sobre la cantidad de viajes ilegales de estos últimos años en los que identificaron la presencia de menores de edad.
