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El Banco Central (BCU) promueve incorporar en su ámbito de potestades, dos figuras: la de proveedor de servicios de activos virtuales, y una unidad que se dedique únicamente a comprar o vender activos virtuales, con foco en lavado de activos.
Así lo comunicó Patricia Tudisco, intendenta de Regulación Financiera del BCU, una de las ponentes en “Fintech: descifrando los activos virtuales”, evento organizado por Ferrere y CPA Ferrere.
En el evento también participaron Patricia Blanco (country lead de Mercado Libre Uruguay), Simón Wasrub (socio de CPA Ferrere), Carla Arellano (consejera de Ferrere) y, como moderador, Federico Lemos (líder de la práctica Fintech de Ferrere).
Sobre las nuevas figuras propuestas por el BCU, Tudisco explicó que el proveedor de servicios de activos virtuales daría servicios de mayor o menor nivel (entre ellos, compra y venta de activos virtuales, administración o custodia de claves, operaciones de crédito con esos activos, asesoramiento o gestión de los mismos). Asimismo, los servicios de ese proveedor podrían ser de intermediación, pero en ese caso no alcanzaría solo con la figura de proveedor de servicios de activos virtuales, sino que se necesitaría una licencia de intermediación financiera.
En cuanto a la creación de una unidad para solo comprar o vender activos virtuales, ésta se abocaría al intercambio. Es decir, mientras la figura de proveedor trabajaría con activos virtuales que ya están dentro del perímetro regulatorio existente (activos de carácter o uso financiero), la nueva unidad estaría trabajando con los intercambios de activos virtuales, en temas de lavado, por lo que su creación se plantea en un apartado en el proyecto de ley ya presentado por el BCU.
El BCU cuenta con un grupo de estudio sobre estos temas, que analiza el impacto que pueden tener los activos virtuales en el sistema financiero actual y en las responsabilidades del BCU. En tal sentido, Tudisco aclaró: “Hoy por hoy, no es específico ni claro que los activos virtuales estén comprendidos en la órbita del BCU. Esto ocurre en la medida en que no están identificados como activos financieros; están fuera del marco actual”.
No obstante, agregó: “Pero, sí hay una cantidad de actividades que ya están reguladas y, cuando alguien hace una actividad regulada y para eso utiliza un activo virtual, no se necesita una nueva regulación”.
Como ejemplo, mencionó que transferir fondos utilizando activos virtuales, no necesita una modificación legal dado que esa actividad ya está regulada. Lo mismo en caso de hacer un fondo de inversión que incluya activos virtuales.
Siguiendo con ejemplos, aclaró que si un intermediario puede operar con valores virtuales, no requiere licencia de proveedor porque le alcanzaría la de intermediario.
El BCU estima que se irán haciendo cambios a la legislación vigente para ir incluyendo a los activos virtuales y que no se espera una ley integral que abarque todas las actividades de este tipo de activos (como están haciendo algunos país), sino “cambios mínimos en leyes vigentes dentro de la órbita del BCU”, solo para los temas que puedan llegar a afectar al sistema financiero, según palabras de Tudisco.
Promesas arriesgadas
La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU emitió un comunicado advirtiendo a la población sobre los avisos publicitarios en las redes sociales que buscan captar ahorros para hacer inversión en criptomonedas, prometiendo rendimiento, cuando captar ahorros en forma generalizada sin tener licencia, va en contra la normativa vigente.
“Además, es inaudito que se prometa un rendimiento en un terreno totalmente incierto”, opinó Tudisco. No se puede proyectar rendimiento de estos instrumentos por sus valores del pasado, porque tienen una “volatilidad altísima”, agregó.
“Se ha advertido al público general para que se tenga atención y cuidado con este tipo de inversiones”, insistió.
Tierra luna
A mediados de mayo el mercado se sorprendió con criptomonedas sufrieron bruscas caídas.
Tal es el caso de bitcóin, que ha perdido la mitad de su valor desde noviembre hasta esa fecha, y de Terra Luna (considerada más estable y segura), que sufrió una caída de 100% en 24 horas.
Consultada por Lemos al respecto, la representante del BCU, respondió: “No nos manifestamos sobre un evento en particular (la caída), pero son activos virtuales algorítmicos y, en el propio marco conceptual del BCU, se había establecido que no íbamos a validar ese tipo de activos a nivel local”.
Lo cierto es que los activos virtuales no son considerados monedas por el BCU y, en la medida en que estos son manejados por empresas no reguladas, la operativa no está cubierta por ninguna de las protecciones del sistema del BCU. Es decir, los usuarios no pueden reclamar al sistema, más allá de que los activos virtuales no están prohibidos.
“Estos activos tienen fluctuaciones y, cuando estamos hablando de un activo virtual estable, es “estable” entre comillas, porque hay que ver cómo funciona esa llamada estabilidad”, advirtió.
Mercado libre
Patricia Blanco destacó que Mercado Pago es el brazo fintech de Mercado Libre, y que el objetivo de la empresa es introducir más herramientas simples de inclusión financiera en la región.
Hace algo más de cuatro años lanzaron “Mercado Fondos”, en Argentina, Brasil y México (no en Uruguay), que propone al usuario invertir, a través del celular, en un fondo bastante predecible, para que el usuario básicamente se proteja de la inflación, y bajo un concepto mayor de liquidez, en la medida en que se pueden liquidar fondos a cualquier hora.
“El impacto fue enorme. En Argentina había 400.000 cuentas comitentes (cuenta de un titular que tiene una custodia) y hoy solo Mercado Pago tiene 4 millones de cuentas. Esto ocurrió porque se masificó el acceso”, dijo Blanco. El éxito también se repitió en los otros países, sobre todo en Brasil.
“Las criptomonedas pueden saciar la necesidad de inversión y de ahorro de mucha gente en América Latina, teniendo en cuenta que en varios países proteger el ahorro en otras monedas no es fácil, no tanto porque no se pueda comprar dólares, sino porque es difícil abrir una cuenta bancaria en dólares”, afirmó.
La ejecutiva apuntó que en un contexto donde las monedas de curso legal de la región han tenido ciclos de devaluación, las criptomonedas se presentan como una oportunidad. “Podemos ayudar a proteger los ahorros, e incluimos mucha educación financiera”, concluyó.
Prevención del lavado
Carla Arellano (Ferrere) puso la lupa en que, con el anteproyecto del BCU, todos los proveedores de servicios en activos virtuales, tanto financieros como financieros, quedarán bajo una única norma de lavado (la Ley Integral 19.574) y bajo un único órgano de control. Destacó la necesidad de conocer al cliente y el origen de los fondos, entre otros requerimientos. Recordó que Uruguay es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“No es viable hacer minería en el país”
“Vemos que el Banco Central está dejando este tipo de transacciones o mecanismos (cripto) por fuera, pero si llega a ser relevante para el mercado y si empieza a calar fuerte en el sistema, sí le va a poner por lo menos fiscalización”, afirmó Simón Waisrub, socio de CPA Ferrere.
En Uruguay ya existen billeteras electrónicas con criptos, también coin maps y unas 40 empresas registradas que van de hotelería, restaurantes y otros servicios que aceptan pagos con criptos. Señaló también que la firma está recibiendo diversas consultas en esta materia y que se nota una evolución del tema en el país.
Según Waisrub, para el mercado uruguayo, uno de los desafíos del mercado interno es la interoperabilidad. Esto es, no existe la capacidad entre dos o más sistemas -o marcas- utilizar la información en forma intercambiada (los QR no son interoperables).
El otro desafío es que existen casi 10.000 criptomonedas y cada billetera elige con cuáles trabajar, pero en esa multiplicidad de opciones, a entender de Waisrub, el mercado mismo se va a decantar por aquellas de uso corriente.
Criptominería
“Sin una estrategia de negocio y financiera acorde, no es viable hacer minería en Uruguay”, lapidó el socio de CPA Ferrere.
Esto se debe a que la minería requiere gran capacidad de cómputo, determinada por la cantidad de servidores, voltaje y consumo de energía eléctrica y otros costos asociados.
El costo de la energía eléctrica es, de hecho, el más alto a la hora de realizar minería, en el entorno del 40% o 50% de los costos totales, y en algunos casos llega al 80%, lo que afecta profundamente la rentabilidad, sobre todo con la volatilidad de este tipo de negocio.
En ese sentido, Uruguay es el país más caro en términos de megavatios por hora (rondó los US$122 el MW/ h en abril), seguido por Chile, Argentina y Brasil, en ese orden. En Europa (cuesta US$70 el MW/h), Estados Unidos (US$ 75 el MW/h) y también en Asia, la actividad de la minería es más intensa, precisamente, por esa facilidad del precio
No obstante, Waisrub señaló que existen oportunidades en Uruguay si cambian las condiciones; un gran punto a favor es que el 99% de la energía que se genera en el país es de fuentes renovables.
