En medio del fragor de la recta final de la campaña a la Presidencia de la República, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández ya han destapado las principales iniciativas que plantean en materia de reforma tributaria y que han generado polémica entre los expertos.
Mientras que el primero habla de quitar los tratos diferenciados para recaudar 50 billones de pesos, entre otras ideas, y el segundo de aplicar una tarifa de IVA del 10 por ciento o con un impuesto al consumo, sin deducciones ni descuentos, los analistas exponen su visión de lo que requiere el país en este tema crucial.
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Antes de analizar las propuestas, el analista tributario y exdirector de la Dian, Horacio Ayala, señala que, aunque probablemente Petro ha estudiado el tema un poco más que Hernández, ambos deben recordar que las reformas tributarias no las puede hacer el Gobierno y tienen que pasar por el Congreso, y para ello lo primero a saber es si tienen las mayorías suficientes o no, para hacer esas promesas.
Lo anterior teniendo en cuenta el tamaño de las necesidades fiscales y las posibilidades reales, ya que, si bien Petro le apunta a una reforma que recaude 50 billones de pesos, la cifra es el doble de la que propuso en su momento el gobierno Duque, cuando el exministro Alberto Carrasquilla planteo una reforma que buscaba un recaudo de 23,4 billones.
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Nosotros creemos que una reforma digamos razonable de entrada podría hablar entre uno y dos puntos del PIB. Estamos hablando entre 13 y 24 billones de pesos adicionales, aproximadamente
Al margen del debate sobre el monto y sin referirse específicamente a las campañas, sino al análisis de la situación fiscal y el ambiente del país, el director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señala que un tema de fondo es que Colombia sigue teniendo un recaudo tributario bajo frente al promedio América Latina, cercano al 18 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en América Latina el promedio es del 22 por ciento.
“Nosotros creemos que una reforma digamos razonable de entrada podría hablar entre uno y dos puntos del PIB. Estamos hablando entre 13 y 24 billones de pesos adicionales, aproximadamente”, aseguró Mejía.
¿Qué abordar?
Según el análisis de Fedesarrollo, el nuevo ajuste fiscal debe partir de revisar de nuevo gasto, cuya eficiencia sigue siendo muy baja, ya que en sus documentos de qué hacer en políticas públicas, se recuerda que Colombia tiene un gasto importante en política social, pero casi el 60 por ciento de ese gasto le llega a población que no es pobre
Un segundo elemento es la evasión, que puede seguir en el 5 por ciento del PIB, incluyendo la que se hace por las empresas, por el IVA, pero también por las personas.
No hay que minimizar el tamaño del problema fiscal. Es un problema grande que se empezó a resolver en este gobierno
En materia de tributación, Mejía sostiene que lo primero es, como ha repetido continuamente, eliminar las exenciones sectoriales empresariales, ya que el Estatuto Tributario tiene una gran cantidad de tratamientos inequitativos, y la tarifa neta de renta depende del tipo de sector económico o productivo o de la posición ocupacional, ya que los mismos topes para calcular la base gravable de asalariados no aplican a los trabajadores independientes, lo cual abre un hueco grande en lo que se deja de recaudar por impuestos, especialmente en aquellas personas de más altos ingresos.
En este aspecto, Fedesarrollo plantea un impuesto mínimo de renta en donde todos los sectores económicos deben pagar al menos un 20 por ciento de impuestos en utilidades antes de los beneficios tributarios, mientras que en personas se trata de que aquellas independientes con ingresos de 15, 20, 30 o 40 millones al mes, aporten más.
“Nosotros descubrimos, con base en la comisión de beneficios tributarios que convocó el Gobierno el año pasado, que en Colombia las personas que están en los últimos percentiles de ingreso pagan tarifas más bajas que los que están por debajo de esos percentiles”, añadió.
Fedesarrollo sostiene que esto no tiene ninguna presentación y que hay resolverlo, por ejemplo, poniendo un impuesto mínimo de renta para las personas que están en el 5 por ciento de más altos ingresos, al tiempo que propone de un impuesto al patrimonio, líquido o neto, cuando sea mayor a 1.000 millones de pesos, para dar una señal de solidaridad en un contexto en donde la situación fiscal y social sigue siendo muy complicada.
Lo anterior porque hoy el nivel de deuda del país está entre 62 y 63 por ciento del PIB, pero antes de la pandemia estaba en 50 por ciento del PIB, y el déficit fiscal es del 6,2 por ciento del PIB, siendo unos de los países de América Latina que menos rápido lo ha bajado, y eso se nota en las tasas que le cobran al Gobierno, que hoy paga 300 puntos básicos más que antes de la pandemia.
“No hay que minimizar el tamaño del problema fiscal. Es un problema grande que se empezó a resolver en este gobierno, sí, pero que no se ha resuelto definitivamente y que va a requerir de nuevas medidas por parte del gobierno entrante, en el contexto de una difícil coyuntura en materia social y laboral, porque no hemos recuperado todavía el empleo que había antes de pandemia y por eso la situación de pobreza sigue siendo bastante preocupante”, añadió Mejía.
¿Y la renta petrolera?
En lo que los dos analistas coinciden es que, independientemente de la velocidad con la que se haga la transición energética y se baje de la dependencia del petróleo para las finanzas públicas, el país debe acometer acciones de fondo que permitan garantizar los recursos para cubrir entre 20 y 30 billones de pesos que genera la renta petrolera al fisco nacional, salvo cuando hay caídas fuerte de los precios del crudo y también del carbón.
Según Horacio Ayala, exdirector de la Dian, además de depurar el Estatuto Tributario para quitar tanto enredo y excepción que termina perjudicando el nivel de recaudo, el país y también los candidatos, deberían ya casi tener estructurado un plan de acción para enfrentar una realidad, cuya llegada dependerá de las políticas que se adopten.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarollo, para esta situación hay una fórmula en la que vienen insistiendo los economistas y es que Colombia tiene primero una inserción al comercio internacional muy pobre, ya que las exportaciones están en alrededor del 20 por ciento del PIB, que es la mitad de lo que tienen los países asiáticos y un aparato productivo muy enfocado en materias primas básicas.
“La tarea ya está justamente en disminuir esa dependencia de esos commodities básicos que son sujetos a grandes choques de precios”, agrega.
Y señala que, si bien por ahora el país está en las buenas, no se sabe si a la vuelta de unos años estará las no tan buenas. Entonces, asegura que, inmediatamente el gobierno entrante tome posesión lo primero debe buscar no solamente desarrollar una estrategia de ajuste fiscal sino otra de desarrollo productivo y diversificación de la canasta productiva en Colombia con la inserción al comercio internacional, con darle mayor valor agregado a los productos.
“Eso no quiere decir que dejamos de producir lo que estamos haciendo, por ejemplo, las flores o el aguacate hass, sino mirar en donde se puede pasar de la simple producción agropecuaria hacia la agroindustria que es la que genera más valor agregado y nos ayuda, justamente, a tener mayor rentabilidad y mayor nivel de exportación con más oferta, aprovechando esa gran cantidad de TLC que tenemos que todavía indudablemente no los hemos podido aprovechar”, indicó.
