De acuerdo a los datos de México Evalúa, los derechos de los procesados en el sistema de justicia en el país no se encuentran garantizados; además de que una de cada cuatro detenciones son catalogadas como ilegales, y también se registra una importante brecha de género entre los acusados.
“Las mujeres acusadas de cualquier delito tienen más posibilidades de ser sentenciadas a prisión preventiva (un 50%, frente a un 40% de los hombres)”.
México Evalúa.
Desde el punto de vista penal, el sistema sigue golpeando en mayor medida a jóvenes con pocas oportunidades, personas que están en situación de marginación, pobreza y en desigualdad de condiciones. De los cuales los delitos que más se persiguen son los relacionados a robo, portación de armas y narcomenudeo.
No obstante, en la mayoría de los casos en los que la autoridad acusa sin pruebas ni evidencia científica, y que resulta en prisión para los involucrados, no se cuenta con los recursos para su defensa adecuada.
Teniendo que pagar condenas que posteriormente impactarán en su vida diaria, empleo y otras actividades, al ser estigmatizadas y etiquetadas como personas peligrosas.
En ocasión de este tema, conversamos con José Mario de la Garza Marroquín, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Corporativo, quién además ha colaborado en distintas Firmas de Abogados, tal es el caso del Bufete de la Garza S.C., y que hoy lidera la Organización Renace, Capítulo San Luis Potosí.
Renace: la lucha contra los procedimientos injustos
Ante tal panorama, la idea de construir una organización de la sociedad civil fue acuñada por De la Garza hace aproximadamente 15 años, en un primer momento la idea era atender a personas que estuvieran en prisión de forma injusta y que no tienen los recursos para contar con una defensa jurídica adecuada.
Ello a través de una alianza entre un equipo de profesionistas, que además pudieran encontrar este tipo de casos de personas encarceladas injustamente en los penales de San Luis Potosí, con el objetivo de llevar a cabo su defensa y liberación, para luego lograr una reinserción social adecuada, brindando a los afectados una segunda oportunidad de vida.
Su misión como organización es contribuir en la defensa de los derechos humanos y en la mejora continua del acceso a la justicia efectiva en México, a través del trabajo jurídico, psicosocial y de reinserción social.
Algo que tienen muy claro, es regirse bajo los valores de justicia, transparencia, honestidad, responsabilidad, respeto, y sobre todo, de vocación de servicio y profesionalismo, con los más altos índices de calidad.
Abriendo paso para esta causa, han consolidado un sólido equipo de colaboradores y expertos, que día a día suman casos de éxito en toda la entidad:
El equipo de trabajo
Angélica del Rocío Contreras Tello
- Licenciada en Psicología, responsable de la Unidad de Reinserción.
María Catalina Armendáriz Gudiño
- Licenciada en Trabajo Social, encargada del área de Control y Vigilancia
Alejandra Ibarra Nájera
- Licenciada en Derecho, responsable de la Unidad de Injusticias
Denise Álvarez Alonso
- Licenciada en Derecho, colaboradora en la Unidad de Injusticias
Raquel Álvarez Charqueño
- Licenciada en Derecho, responsable de la Unidad de Litigio Estratégico
Carolina Leyva Acosta
- Licenciada en Derecho, colaboradora en la Unidad de Litigio Estratégico
Iván Josué Ponce Guevara
- Diseñador gráfico e ilustrador, encargado de la Unidad de Comunicación y Diseño
Jesús Martínez Rangel
- Licenciado en Psicología, director operativo de Renace
Además de otros colaboradores y consejeros que preside José Mario de la Garza, quienes tienen el firme compromiso de sentar precedentes a través de sentencias que puedan abrir el camino a que otros sectores también puedan ser apoyados.
Litigio estratégico: el arma poderosa
Con esta unidad, Renace se ha dedicado a defender y exigir íntegramente los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas en situación de vulnerabilidad a través de litigios estratégicos que los garanticen.
Se enfocan principalmente en brindar un acompañamiento jurídico y psicosocial a las personas que han sufrido violaciones en sus Derechos Humanos en cuestiones de salud, agua potable, educación y violencia contra las mujeres.
Del mismo modo, se dedican arduamente a realizar intervenciones comunitarias mediante talleres con el objetivo de que las personas se informen sobre sus Derechos Humanos y se apropien de ellos.
Año con año son más beneficiados
Todo este trabajo en conjunto, ha resultado en mil 788 personas beneficiadas –tan sólo en el año 2021— después de la crisis derivada de la pandemia, donde se pudieron retomar las actividades presenciales en la organización, así los números:
- Unidad de Injusticias: 85 beneficiados
- Proyecto Justicia para San Luis: 28
- Proyecto Derecho a la Identidad: 29
- Unidad de Litigio Estratégico: 64
- Proyecto Coppel: 130
- Camino Hacia la Justicia: 135
- Colecta Abrazando una Causa: 399
- Campaña Apadrina a un Niño o Niña con Cáncer: 120
- Familiares en seguimiento por la Unidad de Reinserción Social: 424
- Unidad de Control y Vigilancia: 373
Del mismo modo, esto les ha permitido llevar a cabo amparos en los que de dos a tres días, las necesidades de los involucrados se ven cubiertas por las autoridades competentes, sin esperar una resolución hasta que el juicio termine (un periodo que puede durar incluso años).
Una alianza a favor de la libertad
A la fecha, José Mario de la Garza, indica que son aproximadamente 48 las empresas del sector privado, empresarios e instancias gubernamentales, las que se han sumado a su causa y para que Renace continúe con la incesante labor de ayudar a los sectores vulnerables.
En ese sentido, el monto recaudado para este fin el año pasado, logró la meta de dos millones 892 mil 526.40 pesos; de estos, el 55% por procuración de fondos, 24% por convocatoria, 16% gracias a donadores recurrentes, y el 5% restante, obtenido por subsidio.
Cabe destacar, desde hace ya varios años, Renace obtuvo la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para ser donataria autorizada, lo que permite a las empresas o los grupos que hacen donativos, obtener una deducibilidad. Esto ha permitido también aumentar su poder adquisitivo a favor de estas causas.
“Hemos explicado la importancia de defender los derechos; hemos tenido un apoyo y un respaldo muy importante de empresas y de empresarios a quienes les parece que esta actividad es relevante, lo que ha resultado en cantidades importantes de fondeo”.
José Mario de la Garza.
“El Potro”: un parteaguas en el Sistema de Justicia
Alejandro Chávez “El Potro” se convirtió en punta de lanza para reformar las acciones que se llevan a cabo en cuanto al procedimiento de señalamiento y detención de los presuntos culpables de un delito en la entidad.
Años atrás, relata José Mario, en una visita al penal de La Pila, se realizó un taller de literatura en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde como producto se obtuvo una compilación de historias sobre la vida en prisión de algunos internos, entre ellas la de “El Potro”.
En ella se relataba un acto de robo con violencia en una de las sedes del organismo operador de agua en la capital potosina; al comenzar con las indagatorias, se procedió a la búsqueda para su detención a una persona, cuyos datos sólo tenían el seudónimo de “El Potro” y aparentemente con el nombre “Juan”.
Al no encontrar personas con estas características en San Luis Potosí (en un procedimiento de mucha lentitud por parte de las autoridades), se comenzó a computar el apodo entre las Fiscalías de otras entidades, dando con Alejandro Chávez, quien residía en el estado de Guanajuato, procediendo a su detención y traslado al penal de La Pila.
Al no haber pruebas contundentes que lo relacionaran con el hecho, Alejandro Chávez logró su libertad en calidad de inocente, pero tras dos años en la cárcel, periodo que tardó el proceso en comprobar su inocencia.
No obstante, el reto para Chávez estaba por comenzar, pues aunque su liberación lo dejaba absuelto de cualquier acto ilegal, las puertas le fueron cerradas en el ámbito laboral, impactando fuertemente en su solvencia económica y la de su familia. Situación por la que pasan miles de personas en México.
Esta historia, inspiró a Renace para elaborar un documental contando su historia, con el único fin de que la sociedad pueda darse cuenta de lo que pasan las personas que son enjuiciadas y encarceladas erróneamente, quienes al salir se enfrentan al rechazo, discriminación y a una vida sin recursos económicos.
Ver documental completo aquí.
Indemnización para las víctimas
Ahora bien, teniendo este antecedente, José Mario de la Garza, ha propuesto ante el Congreso del Estado la iniciativa de indemnización a personas privadas injustamente de su libertad, que se lee de la siguiente manera:
Si la Fiscalía acusa a una persona por la comisión de un delito y esa persona está privada de su libertad, y obtiene una sentencia que lo declara inocente, se le tiene que pagar cuando menos un salario mínimo por cada día que estuvo en prisión.
Retomando el caso de “El Potro”, y en espera de que la iniciativa sea aprobada, Renace evaluó el monto que tendría que entregarse por los dos años que Alejandro Chávez pasó en prisión, sumando una cantidad de 120 mil pesos.
Con este recurso, afirma José Mario, cualquier persona que atraviese esta situación podrá contar con la economía suficiente para reingresarse satisfactoriamente a la sociedad, arrancando un negocio o quizá resolviendo los problemas financieros en lo que la víctima se integra a un espacio laboral.
“San Luis Potosí podría ser punta de lanza en ser el primer estado de la República que reconoce una indemnización para estos casos; eso pudiera ser un ejemplo para que otros congresos pudieran también legislar de la misma manera”.
José Mario de la Garza.
La labor en los juzgados continúa
Renace, también tiene el propósito de involucrar a la sociedad civil en estos temas que siguen siendo un tabú, el objetivo es dar visibilidad a estos casos para que se haga un llamado a la acción para mitigar su incidencia y que no vuelvan a ocurrir.
Asimismo, se plantea la creación de una empresa en el estado, cuya fuerza laboral sean personas que hayan estado en prisión, y que lograron su libertad en condición de inocentes, “el requisito más importante será contar con antecedentes penales”, una empresa que ayudará a que puedan integrarse a un trabajo digno y con prestaciones de Ley.
En tanto, en los próximos años, Renace pretende trabajar en el proceso de pase de estafeta, dado que su misión es seguir creciendo y fortaleciendo su lucha —que lleva tiempo en realizarse– y que caiga en manos de expertos que puedan sumar e impacten en otros estados con nuevas propuestas e iniciativas.
El reto, sugiere, es que hay muy pocas organizaciones como Renace que actúan ante problemáticas sociales desde el Litigio y los juzgados, sin embargo, se encuentran convencidos de que será posible cambiar a México a través de sentencias.
Por lo cual, la invitación es para que los líderes económicos empresariales de México y San Luis Potosí se solidaricen, conozcan esta parte no tan grata del país, y abonen a resolver las problemáticas a las que se enfrentan las personas que no son privilegiadas.
En su trabajo al frente de la Fundación, José Mario de la Garza ha podido dar cuenta de las múltiples tareas en las que puede intervenir, desde el sector privado, gobierno y sociedad civil. Juntos, asegura, se puede ser parte del cambio.
¡Conócelos y súmate al esfuerzo!
Twitter: @RenaceSanLuis
Facebook: @renaceslp
