Postrada en una cama y conectada a una máquina de oxígeno las 24 horas del día, Verónica Ruiz es una de las 23 millones de personas con COVID-19 prolongado en Estados Unidos, en muchos casos incomprendidas y desatendidas, especialmente si son indocumentados como esta inmigrante mexicana.
A los cinco días de contagiarse en julio pasado, Ruiz, de 48 años, fue trasladada a un hospital del Valle del Río Grande (Texas), donde estuvo en estado de coma hasta noviembre. “Sufrí tres paros cardíacos. De milagro estoy viva”, contó.
Y aunque los médicos la dieron de alta en febrero pasado, ha tenido que regresar a diferentes hospitales.
El COVID-19, que ha dejado más de un millón de muertos en el país, arrasó con la buena salud de la inmigrante, que llegó al país hace 12 años con su hija Karla, de 18 años, para buscar un mejor futuro.
Ruiz lamenta que depende del oxígeno debido al daño en sus pulmones; no puede mover las piernas ni los brazos, y le duelen mucho sus manos. También se queja de problemas en su corazón tras sufrir los infartos, y su cuerpo está inflamado.
“Necesita cuidado las 24 horas”, explicó Mónica Ruiz, una amiga que la ha estado cuidando mientras Karla trata de terminar sus estudios de preparatoria.
Una pandemia sin fin
Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), una variedad de síntomas podrían estar afectando a 23 millones de pacientes que padecieron el COVID-19.
Entre ellos el senador Tim Kaine. En el 2020 fue uno de los primeros congresistas en dar positivo y dos años después sigue luchando contra síntomas que afectan la sensibilidad de sus piernas y otras partes del cuerpo.
En marzo pasado Kaine presentó un proyecto de ley para financiar investigaciones, compilar un recuento más preciso de pacientes con el duradero COVID-19 y ayudar a estas personas a acceder a la atención necesaria.
“Esta legislación ayudará a mejorar nuestra comprensión y respuesta al COVID prolongada al expandir los recursos para aquellos que lidian con los impactos a largo plazo del virus”, dijo Kaine al presentar el proyecto.
La iniciativa también requiere que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se comuniquen con las personas que experimentan síntomas prolongados y las alienten a buscar tratamiento.
Por su parte, la Casa Blanca anunció a principios de abril un plan para impulsar la investigación sobre el tema y posibles tratamientos.
Pero estos esfuerzos están lejos de poder ayudar a la mexicana, pese a que la pandemia ha castigado con mayor fuerza a esta comunidad.
Comparados con los blancos, los hispanos tienen 1.5 veces más casos, 1.8 más muertes y 2.3 más hospitalizaciones, según datos del 29 de abril pasado de los CDC. Además, esta agencia divulgó en febrero que son lo que menos se han aplicado la dosis de refuerzo.
“Ahorita el mayor problema es que no tiene médico. Tampoco terapias ni medicinas”, indicó Verónica en voz baja para que su amiga no la escuchara y se angustiara más.
El dolor de ser indocumentada
El mayor obstáculo es que es indocumentada y sólo ha podido acceder a asistencia médica pública de emergencia.
La inmigrante no ha recibido ningún tipo de ayuda del gobierno federal ni del estado de Texas, donde vive, debido a que no cumple con los requisitos para cobrar beneficios públicos por desempleo o enfermedad.
A esto se suma que su empleador tampoco la ayudó pese a que se contagió en el trabajo.
Madre e hija fueron desalojadas de su apartamento a comienzos de abril por falta de pago. La inmigrante también perdió su auto, y sus pocas pertenencias las tiene arrumbadas en la cochera de un conocido. Ahora viven en un pequeño cuarto que un buen samaritano les ha prestado por un tiempo.
Mónica, su amiga desde que vivían en Reynosa (México), explica que la estadía de Verónica y su hija en ese lugar es temporal. “No sé qué vamos a hacer”, dijo.
Mónica ha buscado apoyo en varios centros médicos, pero en la mayoría le han cerrado las puertas. En el último le dijeron que tenía que llevar a Verónica a las 6:00 de la mañana y esperar en la fila.
“A ella no la podemos llevar en un carro. Tenemos que transportarla en una ambulancia. Cuando la desalojaron intentaron meterla en un carro y se descompensó y terminó en el hospital”, advirtió Mónica.
Su amiga ha estado cuidándola en su tiempo libre, pero no sabe hasta cuándo podrá hacerlo, y su hija ha tenido que regresar a la escuela para tratar recuperar las clases que perdió cuando su mamá estuvo en el hospital. “Sólo necesitamos un poco de ayuda, y yo sé que podremos salir adelante”, dijo Karla.
La enferma dice que lo único que quiere es recuperarse y trabajar, y sobre la posibilidad de regresar a México, dice con voz quebrada que allí no tiene “a nadie”.
En este callejón sin salida, las tres apelan a la solidaridad de la comunidad. “No podemos hacer a un lado a las personas por un estatus migratorio. El COVID afectó a todos por igual; las ayudas deberían ser así también”, señaló Mónica.
