La gente tiene la costumbre de confundir al abogado con los clientes a los que defiende, y tiende a criminalizar”, especialmente “en los países poco democráticos”, dice Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965), que ha pasado esta semana por el Parlamento de Navarra para dar cuenta de la situación de uno de sus defendidos, el periodista Pablo González, preso en Polonia. Boye publicó este mes de febrero un nuevo libro de reflexiones: Se llama cáncer (Roca editorial), en el que además de contar su tropiezo con esta enfermedad en 2021, la emplea como metáfora de la situación del “sistema jurídico en España”, y llama a “asumir” este problema “sistémico” como se afronta una una patología. Hace una semana su nombre salió filtrado como parte de la lista de espiados del CNI. “Están pasando cosas muy graves, y creo que al Estado le correspondería que esto no ocurriese”, dice a modo de balance general de lo ocurrido desde 2017.
Lo primero de todo, le quiero preguntar por su salud. Atendiendo el relato de su libro, bordeamos el día 200 de su recuperación . ¿Qué tal se encuentra?
–Muy bien, gracias, afortunadamente he hecho lo que tenía que hacer y cuando tenía que hacerlo (someterse a una cirugía radical de próstata).
Su ritmo de trabajo es trepidante, con presión y capacidad mediática. A esto le tuvo que añadir el proceso de recuperación de un cáncer. ¿Cómo han sido estos últimos meses?
–Las cosas tienen fácil explicación, soy hiperactivo diagnosticado, y creo que nunca bien tratado. El día tiene muchas horas y muchas posibilidades, y lo aprovecho al máximo. Duermo poco y trabajo muchas horas, aunque el último año he tenido que tratar de dormir más, comer sano, hacer mucho ejercicio y estar muy pendiente de los médicos.
Pasó por Pamplona para hablar de la situación del periodista Pablo González. ¿Alguna novedad desde el martes?
–De momento no, lamentablemente seguimos con la misma situación, muy compleja, que no debería darse en la Unión Europea.
El Gobierno español se ha puesto casi de perfil. ¿Qué está pasando aquí para que se esté dando esta situación sin apenas rasgaduras de vestiduras?
–Básicamente yo creo que se están aprovechando de la situación geopolítica que hay en este momento, lo tremenda que es la guerra de Ucrania. Muchos gobiernos están más centrados en la actitud de guerra que en la de defensa de los derechos fundamentales.
Tema Pegasus. Su nombre ha salido entre los espiados, en su caso con escuchas auspiciadas por el CNI. Supongo que no se sorprendió al conocerlo. ¿En qué momento tuvo conocimiento?
–Nosotros por una parte teníamos claro que habíamos sido espiados con Pegasus, y en una respuesta poco clara y poco inteligente o hábil, el Gobierno ha asumido otros 18 pinchazos más, que nada tienen que ver con los de Pegasus. La exdirectora del CNI compareció y comenzaron a salir en distintos medios de comunicación que yo era una de las personas que espiaron en un periodo concreto. Ese periodo no coincide con el que se usó Pegasus, por lo tanto estamos hablando de dos procesos distintos. Creo que el Estado español ha cometido un grave error al reconocer que a un abogado personado en causas ante los tribunales europeos y en contra de España, le han estado espiando mientras realizaba su trabajo.
¿Esto lo van a utilizar como argumento de nulidad de las causas?
–No, más que nada lo vamos a meter para que los Tribunales europeos tengan claro que aquí hay una persecución política hacia mis defendidos que traspasa cualquier límite de lo tolerable y se adentra incluso en la criminalización y la investigación prospectiva de los propios abogados.
No es el único abogado espiado del procés, pero sí, al parecer, el único con ese aval del CNI.
–Sí, eso ya lo tenemos claro, y eso tiene unas consecuencias que se irán viendo a lo largo del tiempo, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados como es lógico.
Sabe que le tienen ganas.
–Sí, tienen ganas, pero creo que tienen un desconocimiento absoluto de lo que son las reglas del juego democrático, y eso es muy grave.
Antes de tener constancia de ese espionaje telefónico, alguien entró en su despacho en dos ocasiones.
–Sí, y la policía dice que no ha logrado nunca determinar nada, a pesar de que teníamos cámaras de seguridad y una empresa contratada que perdió misteriosamente los vídeos de esos allanamientos.
En el libro, finalizado en febrero, ya dedica un capítulo a Pegasus. Estas semanas ha sido el propio Gobierno el que ha terminado avalando el papel del CNI.
–Yo me imagino que en algún momento quedará claro que incluso el Gobierno ni siquiera tenía un control sobre todo lo que estaba pasando, y eso es casi más peligroso que el tenerlo.
Hace unos días en un digital, se decía, citando fuentes gubernamentales, que “el Gobierno no sabe ni debe saber si se ha espiado a Aragonès”.
–Y yo ahí me hago una pregunta: ¿Y quién daba las órdenes de espiar?, porque el CNI no se las pasó.
Usted defiende a Carles Puigdemont, la pieza con la que sueña el Estado profundo y no tan profundo, que hasta ahora se le ha escapado.
–Las cosas no funcionan así o no deberían de funcionar así, y esto es un hecho gravísimo, porque lo que han hecho es espiar a opositores políticos, y sobre todo por la torpeza que refleja. ¿A quién se le ocurrió una cosa de esas características? Esto es muy grave.
¿Estamos ante atajos para conseguir un objetivo político que entienden por encima de cualquier otra consideración o principio?
–Sí, claro, pero en los países democráticos no existen los atajos. Coger esos atajos es adentrarse por unos derroteros que evidentemente no son sostenibles. Creo que no basta con decir que esta es una democracia plena, hay que vivir como tal.
Aunque no pueda decirlo con seguridad, ¿Puigdemont, Comín y su entorno en el exilio podrían volver en libertad este año?
–Yo no hablo nunca de fechas, yo hablo de cuando consigamos los objetivos que nos hemos propuesto claro que él volverá. Pero las fechas no las manejamos nosotros.
Dicho de otro modo. ¿El horizonte judicial de Carles Puigdemont se podría despejar este otoño?
–No lo sé, no puedo dar unas fechas que no dependen de mí.
A la vista de los acontecimientos, si Puigdemont y el grupo que marchó en 2017 se hubiese quedado, habría ingresado en prisión pero ahora estaría en libertad. ¿Cree que eligieron bien con su partida?
–En lo político no me corresponde opinar. Es una pregunta más para ellos que para mí, yo creo que el proyecto que ellos defienden está tan vivo como al comienzo e incluso más. En la lucha que están manteniendo van a poder encontrar una solución a un problema que es político, nunca fue judicial. A ellos siempre les he visto con una claridad meridiana sobre sus planteamientos.
Se ha repetido una y otra vez el mantra de que son prófugos de la justicia, cosa que ustedes han rebatido insistentemente.
–Eso es algo que desde el Estado lo ha diseminado en determinados medios de comunicación para que lo repitan, pero no sé qué prófugo de la justicia es aquel que está todos los días en la sede parlamentaria hablando, cuyo domicilio es conocido y que se está defendiendo en los tribunales. Eso no es un prófugo, es una situación muy distinta, y creo que eso es un claro reflejo de lo mal que está España y de lo poco que se dan cuenta de lo mal que está.
El expresident Quim Torra ha sido condenado esta semana de nuevo a una inhabilitación y a una multa por colgar una pancarta en el balcón de la Generalitat en setiembre de 2019, sin elecciones de por medio.
–Que una persona sea condenada por colgar una pancarta ya refleja muy a las claras lo débil que se siente un Estado que necesita recurrir a ese tipo de actuaciones.
¿Él qué tal está?
–Bien, es un luchador y un hombre con las ideas muy claras desde un comienzo. Él no iba a renunciar a sus ideas porque le condenen, le quiten del cargo o lo que sea.
Al final, recordando aquella expresión de Soraya Sáenz de Santamaría, otro president que está fuera de circulación.
–Ellos están tratando de descabezar un movimiento y lo que no se dan cuenta es que el movimiento aunque lo descabeces seguirá en marcha, porque el problema no es quién lo lidera, sino lo que representa ese movimiento.
Usted ha dedicado parte de su trabajo a tener presencia en las redes sociales y escribir libros. Con tanta presencia mediática, ¿no corre el riesgo de dejar alguna carta a la vista?
–Uno va con las cartas sobre la mesa. Nosotros nunca hemos ocultado nada, simplemente no interesaba escucharnos. En todo momento hemos jugado con trasparencia, con la documentación sobre la mesa y si nos hubiesen hecho caso, no estarían en a situación en la que están, el problema es que siempre han mirado con desconfianza y con un intento de criminalizar todo nuestro trabajo, sin darse cuenta de que nunca hemos dicho nada que no hubiésemos dicho que íbamos a hacer.
Se habla mucho de la judicialización de la política, hace días el exministro Juan Carlos Campo se pronunció en Pamplona en este sentido. ¿Cómo se genera una democratización del Estado y se devuelve a la justicia al ámbito que le corresponde?
–El gran problema de la justicia española es que no tiene contrapesos, y en un Estado democrático todos los poderes del Estado los tienen. El Legislativo y el Ejecutivo los tienen. El judicial no lo tiene, y eso es un problema auténtico, y creo que hay que establecer los mecanismos legales para ese contrapeso.
Denuncia que el sistema jurídico está afectado por un cáncer. Hay quien puede pensar que es una metáfora muy dura.
–Fue la que más me pareció, porque con el cáncer pasa igual que lo que está pasando en la democracia española. El problema está ahí y la gente cree que con no hablar de ello se va resolver. No se ve, no se habla, no se asume como un problema. Así es muy difícil hacer ver que se pueda solucionar. Hay mucho miedo a hablar de los problemas sistémicos que sufre España, como existe mucho miedo a hablar de cáncer. Hay gente que no le ha gustado la metáfora , pero yo creo que estoy perfectamente legitimado para usarla.
En la prensa madrileña hay capacidad para movilizar y tocar a rebato. Durante estos años lo ha percibido claramente también.
–Lo cuento en el libro, y hace que las cosas sean muy complicadas, porque ofrecen relatos que no se sostienen, pero les da lo mismo.
“A Pablo González hay que dejarle en libertad”
Usted, que siempre ha negado la colaboración con el secuestro de ETA de Emiliano Revilla, hizo su carrera en prisión, tras ser condenado en 1996. En 2003, ya en libertad, comenzó a ejercer. ¿Por qué empezó a estudiar Derecho?
–Porque evidentemente me sentía muy frustrado con el resultado de mi condena.
Ahora mismo está procesado por un presunto delito de blanqueo para el narco Sito Miñanco.
–Estoy procesado en esa causa como podría estarlo en cualquier otra. El objetivo era maniatarme, desprestigiarme y atacarme. Y en eso la jueza ha sido bastante eficiente, a pesar de que la verdad documentada, probada, incluso científicamente, la desmiente. Bueno, son los riesgos que se corren, y esto suele pasar en los países poco democráticos.
Volviendo a su visita este martes pasado al Parlamento de Navarra. ¿Qué es previsible de cara a desatascar la situación de Pablo González que se pueda saber en unas semanas?
–Creo que lo que hay que hacer es dejarle en libertad, aunque sea provisionalmente, como correspondería, y dejar que su mujer y que yo le podamos visitar y estructuremos la defensa de la mejor línea posible. Cualquier otra cosa para nosotros es inaceptable.
