Construcción pública cumple 52 meses continuos de caídas

El índice mensual de la actividad económica de la construcción pública cumplió, en marzo de este 2022, 52 meses consecutivos de retroceso, según los resultados que publicó el pasado jueves 12 de mayo el Banco Central.

En marzo pasado, el indicador de la construcción pública cayó un 21,4% respecto al mismo mes del año anterior. La construcción privada, por su parte, aumentó un 22,7%, por la mayor edificación de proyectos residenciales (excepto edificios de apartamentos).

Según informó el ente emisor, la producción nacional en general sigue creciendo, pero su impulso tiende a moderarse. La actividad económica total registró, en marzo, un aumento del 6,8% frente al mismo mes del 2021 (variación interanual).

Esa alza es menor en 1,7 puntos porcentuales respecto al año previo, y 0,9 puntos menor en comparación con el mes inmediato anterior. Con este resultado, el crecimiento medio de la actividad económica del país, en el primer trimestre, fue del 7,7%, detalló la autoridad monetaria.

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Razones coyunturales

El exministro de Hacienda, Elian Villegas, comentó que en la caída constante de la construcción pública influyen las difíciles situaciones fiscales que atravesó el país, especialmente en el 2018 y el 2019.

“Si nosotros nos vamos a revisar en el 2018 y el 2019, las condiciones fiscales fueron muy críticas e, incluso, recordemos que cuando se da el tema de las letras del tesoro (el préstamo del Banco Central al Gobierno), precisamente una de las situaciones que se dio fue que parte del ingreso, que vino del marchamo en aquel momento, se utilizó para pagar las letras del tesoro, y ese es un ingreso del que, típicamente, también va una parte importante para efectos de obra pública”, explicó Villegas.

Consultado sobre si la regla fiscal, que pone un límite al crecimiento del gasto, podría influir en este comportamiento, Villegas comentó que la regla fiscal afectó el gasto de capital hasta en el presupuesto de este 2022. Antes, esa norma solamente se aplicaba sobre gasto corriente (salarios y transferencias); por lo tanto, no es una causa.

Un factor adicional que sí pudo tener impacto, dijo Villegas, fue que hace unos cuatro años y medio terminó el proyecto hidroeléctrico Reventazón, de unos $1.500 millones, que era una inversión muy fuerte en obra pública, por lo que, al comparar las cifras de construcción pública con el periodo en el cual se levantó ese proyecto, la base comparativa es alta y eso puede explicar la caída.

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La primera unidad del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empezó a operar a inicios del 2016.

Razones estructurales

Para el economista Melizandro Quirós, director del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi), hay varios problemas que influyen en la contracción de la construcción pública, pero hay dos más críticos.

“El primero se refiere a la problemática de la burocracia del Estado costarricense para realizar las licitaciones y escoger los operadores de la obra. (Una vez) que las inversiones a realizar por el Estado se encuentran aprobadas y presupuestadas, los procesos para escoger quiénes deben realizarlas se vuelven largos y recursivos en apelaciones que generan ‘bucles’ o secuencias de repetición que hacen que la inversión sea discontinua y larga (por ejemplo, la ruta 32)”, indicó Quirós.

El segundo problema, consideró Quirós, tiene que ver con la gestión del proyecto una vez aprobada la licitación, lo que está relacionado, en muchos casos, con problemas en el plan de pagos de la obra, lo que hizo evidente con el Caso Cochinilla, y que se agrava por la débil estructura financiera de las empresas constructoras que participan de estos proyectos, las cuales son altamente dependientes de los desembolsos de fondos públicos.

“La problemática en este punto acaba generando una tercera consecuencia, y es que, con el atraso en las obras, los presupuestos iniciales de construcción se desactualizan, y se hace necesario replantear, (por lo que se genera) un nuevo bucle o universo repetitivo de la obra (por ejemplo, la ruta de San Carlos)”, puntualizó Quirós.

Algunas ideas para mejorar, según Quirós, son las alianzas público-privadas, en las que se delegue en el sector privado la administración de los presupuestos de obra.

Agregó que, en el caso del sector constructivo, se hace imprescindible incentivar más los modelos de competencia y de cooperación intersectorial que permitan a las empresas constructoras, de manera transparente, formar consorcios u otros esquemas para participar simultáneamente en las obras, al tiempo que existe un control superior de cada una de estas partes.

“El tema final acá es la necesidad que tiene el sector de la obra pública de poder, como sucede en otros países, ser financiado a nivel local por medio de los mercados de valores”, añadió el especialista.