En la mañana del 28 de abril, el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, presentó su undécima demanda relacionada con la inmigración contra el gobierno de Biden, presentando su documentación ante un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en la ciudad Amarillo, en Panhandle, y emitiendo después un comunicado de prensa al respecto.
Ese mismo día, una coalición de otros 14 estados rojos presentó una demanda similar en un tribunal federal de distrito de Arizona.
El esfuerzo coordinado tiene como objetivo bloquear una nueva política que permita a los funcionarios de asilo de Estados Unidos —en lugar de a los jueces de inmigración— decidir sobre las solicitudes de los inmigrantes recién llegados. También es parte de una tendencia que se ha afianzado entre los fiscales generales del Partido Republicano en el último año y que tomaron prestada de sus homólogos de los estados azules.
Durante el mandato del presidente Donald Trump, los fiscales generales demócratas demandaron repetidamente para evitar que relajara las regulaciones ambientales o permitiera nuevas exploraciones de combustibles fósiles, pero también presentaron más de una docena de demandas relacionadas con la política de inmigración.
Desde la toma de posesión del presidente Joe Biden en enero de 2021, los estados rojos han presentado demandas por los mandatos de mascarillas, las normas de las vacunas COVID-19 para los grandes empleadores y el costo social de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero parecen especialmente interesados en frustrar la migración por la frontera entre Estados Unidos y México. Los fiscales generales republicanos han presentado más de una docena de demandas multiestatales en el último año para bloquear las políticas de inmigración de Biden que no les gustan.
La táctica de las coaliciones multiestatales para bloquear las políticas o acciones federales se ha convertido en una poderosa herramienta en el arsenal de los fiscales generales estatales, de acuerdo con Paul Nolette, director del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Marquette. Nolette ha hecho un seguimiento de los litigios multiestatales de los fiscales generales estatales desde 2007 y es el creador de attorneysgeneral.org, un sitio web dedicado a los datos.
De acuerdo con él, los estados que quieran bloquear la política de inmigración de Biden solo tienen que acudir a un juez de distrito favorable, preferiblemente uno conservador designado por un presidente republicano, presentar sus argumentos y pedir una orden judicial preliminar. Si un juez concede la orden judicial, la política se detiene, dijo Nolette.
“Este es el juego al que juegan, y conseguir una orden judicial preliminar es la clave”, dijo Nolette. “Especialmente desde que los tribunales de distrito están cada vez más dispuestos a tener mandatos judiciales a nivel nacional, es una buena manera de obtener grandes beneficios de tu dinero”.
Desde que Biden asumió el cargo, los estados liderados por los republicanos han presentado unas 27 demandas o apelaciones que buscan bloquear las medidas de inmigración adoptadas por la administración, de acuerdo con la investigación de Stateline. Al menos 15 fueron esfuerzos multiestatales de los fiscales generales republicanos.
La regla propuesta por la administración para la Oficina de Asilo, que entrará en vigor el 31 de mayo, pretende reducir el tiempo promedio de espera para que los solicitantes de asilo reciban una decisión respecto a su caso de años a meses, de acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. En marzo, los jueces de inmigración tenían casi 1.7 millones de casos pendientes, el mayor retraso en la historia del país, de acuerdo con Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
“Lo último que necesita Texas es que esta Administración le facilite a los extranjeros ilegales la entrada en Estados Unidos y la obtención de asilo mediante reclamaciones falsas y menos supervisión”, escribió Paxton en un comunicado de prensa poco después de presentar la demanda. “Es cierto que nuestro sistema de inmigración está extremadamente atascado, pero la respuesta es asegurar la frontera, no sobrecargarla aún más promulgando incentivos baratos y fáciles para que los extranjeros ilegales entren a Estados Unidos”.
Litigios multiestatalesLa primera demanda multiestatal de inmigración fue presentada en 2014 por 23 estados rojos liderados por Texas, de acuerdo con la investigación de Nolette. Los estados bloquearon con éxito una directiva del gobierno de Obama llamada Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales. DAPA, como se conocía la política, le permitía a los no ciudadanos con hijos ciudadanos estadounidenses de cualquier edad solicitar la residencia legal.
Los fiscales generales de 17 estados azules, incluidos California y Nueva York, se unieron para presentar argumentos en apoyo de DAPA. Sus esfuerzos fueron inútiles contra la administración entrante de Trump, que rescindió la política en 2017.
Los litigios multiestatales destinados a bloquear la política de inmigración pasaron de este único caso durante los años de Obama a 18 durante la administración Trump. El mayor caso fue presentado por Hawái y apoyado por 18 estados azules, que se oponen a la prohibición de viajar de la administración contra los habitantes de países de mayoría musulmana. Los fiscales generales de 17 estados rojos apoyaron la prohibición, que finalmente fue confirmada por el Tribunal Supremo.
“A estas alturas, se ha institucionalizado y casi se espera que alguna coalición multiestatal de fiscales generales se oponga a cualquier nuevo anuncio normativo procedente de Washington”, dijo Nolette.
El inicio de los litigios multiestatales se remonta a principios de la década de 1980, cuando los fiscales generales de los estados lideraron los primeros esfuerzos coordinados contra las políticas medioambientales y antimonopolio de la administración Reagan. Casi la mitad de todas las demandas multiestatales contra el gobierno federal de las que hace seguimiento Nolette se han presentado contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos.
Entre 1980 y 2016, las demandas multiestatales fueron en promedio unas siete al año, pero se dispararon a un máximo histórico de 40 en 2017. Trump tuvo 157 demandas multiestatales presentadas contra su administración en cuatro años.
En comparación, bajo las administraciones de George W. Bush y Obama se presentaron un total de 76 y 78 demandas multiestatales contra ellos, respectivamente, en los ocho años que cada uno estuvo en el cargo.
“Fue básicamente el doble de demandas en la mitad de tiempo”, dijo Nolette. “Teníamos fiscales demócratas prácticamente cada semana, presentando demandas contra la administración en toda una serie de cuestiones”.
Jueces partidistas
Muchos casos presentados durante la administración de Trump aún están pendientes, pero de los 74 que se habían visto en los tribunales de distrito de Estados Unidos hasta octubre, 57 habían sido ante un juez nominado por un presidente demócrata, de acuerdo con attorneysgeneral.org.
Los fiscales generales demócratas a menudo presentaron demandas, que desafiaban las políticas de la era Trump en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 9º Circuito con sede en San Francisco, en donde los jueces de tendencia liberal eran más receptivos a sus argumentos. En noviembre de 2020, el 9º Circuito contaba con 16 de los 29 jueces nombrados por un presidente demócrata, la mayor cantidad de cualquier tribunal de apelaciones del país.
Ahora el campo de batalla se ha trasladado a Texas, en donde un sistema de asignación judicial en algunos tribunales de distrito de Estados Unidos le permite a los demandantes elegir esencialmente a sus jueces, y en donde un tribunal de circuito federal ha sido empujado más a la derecha con los nombramientos de Trump, de acuerdo con Cris Ramón, un consultor de inmigración con sede en Chicago.
Paxton, el fiscal general de Texas, había presentado 27 demandas contra el gobierno de Biden hasta el mes pasado, continuando la tradición establecida por su predecesor, el gobernador republicano Greg Abbott, quien bromeó: “Voy a la oficina, demando al gobierno federal y me voy a casa” (en 2013 cuando era fiscal general durante la era de Obama).
Ramón dijo que los problemas de inmigración de la nación no se resolverán en los tribunales, y que el Congreso debe ser el lugar en donde las partes opuestas negocien una solución permanente.
“Las personas que elegimos para aprobar leyes y hacer cambios no lo están haciendo con la inmigración”, dijo Ramón. “Estamos permitiendo que los jueces lo hagan, y no creo que los jueces estén necesariamente contentos de hacerlo”.
Litigios exitosos
Alrededor de una cuarta parte de las 106 demandas estatales y multiestatales contra la administración Biden han sido de inmigración, de acuerdo con la investigación de Stateline. Solo cuatro de las demandas de inmigración han tenido éxito, de acuerdo con Jessica Bolter, analista política asociada del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), una organización de investigación.
Entre las victorias del Partido Republicano está que Texas impugnó con éxito una moratoria de deportación de 100 días emitida el día de la toma de posesión de Biden; que Texas y Missouri bloquearon la llamada política de permanencia en México, que fue vista a finales de abril por el Tribunal Supremo de Estados Unidos; que Texas y Luisiana bloquearon parcialmente las nuevas directivas que establecían prioridades respecto a quiénes debían ser localizados y deportados; y que Arizona también bloqueó parcialmente prioridades similares.
Bolter dijo que no es una coincidencia que este nuevo fenómeno de estados que se unen para desafiar la acción federal en materia de inmigración se produzca en un momento en el que el Congreso ha estado extremadamente bloqueado en este tema.
Dijo que la falta de acción por parte del Congreso ha hecho que el poder ejecutivo intervenga e intente hacer cambios en donde pueda. Pero la acción ejecutiva refleja los puntos de vista acerca de la inmigración de cualquier partido que ocupe la Casa Blanca, mientras que una solución del Congreso podría provenir de un compromiso entre los dos partidos.
“Esto ha dado lugar a más demandas y a que los tribunales intervengan cada vez más en la política de inmigración, lo que ha dado lugar, en última instancia, a un panorama de política de inmigración realmente confuso y que puede cambiar de un momento a otro”, dijo Bolter.
Aparte del precedente legal que a veces sientan las demandas partidistas que tienen éxito, dijo, un efecto más duradero ha sido la disminución de la confianza en el gobierno y en el sistema de inmigración.
“Hace que sea más difícil entender lo que está pasando, no solo para los inmigrantes sino también para el público estadounidense”, dijo. “Y, en cierto modo, conduce a esta sensación de que el gobierno no es capaz de gestionar o controlar con éxito la inmigración”.
