Rodolfo Saldaín, quien fuera presidente de
la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la Ley de Urgente
Consideración para realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo de
cara a una eventual modificación del sistema jubilatorio, dijo este jueves que “reforma
va a haber” pero que “el tema es cuándo” porque “en la medida que se demore, va
a ser más severa, más complicada” y agregó que “hoy estamos en condiciones de
hacerla de una manera bastante más pausada”, según consignó 970 Universal.
El experto dio una rueda de prensa a la
salida de la reunión mantenida en la residencia presidencial de Suárez y Reyes,
entre los socios de la coalición de Gobierno y los ministros de Estados para
tratar la reforma de la seguridad social.
Dijo que la transición, una vez que se
lleve a cabo, va a ser “muchísimo más extensa” que la que se emprendió en el año
1995 —que entre otras cosas instauró el sistema mixto que integra a las AFAP— y
que en esta oportunidad se espera que abarque un tiempo de alrededor de 14 y 15
años.
Sobre la reunión, sostuvo que fue “un muy
buen encuentro” donde lo que hicieron los integrantes de la excomsión fue “presentar
algunos lineamientos” en los que han trabajado y que se basan en cuatro puntos.
“Mantener y aumentar la cobertura
poblacional que tiene nuestro sistema, que es una enorme fortaleza; también lo
que tiene que ver con la cuantía de beneficios, sobre todo aquellas medidas que
están pensadas para los sectores de menores ingresos. Y los otros dos temas que
es necesario abordar y que tiene que ver con la heterogeneidad o desigualdad
del sistema y allí estamos orientándonos hacia un sistema en base al principio
de igualdad, que implica si reconocer diferencias, pero con un sólido
fundamento y una sólida relación entre el fundamento y las características de
la diferencia. Hoy el sistema no tiene esas características y después,
obviamente la sustentabilidad del sistema también”, ahondó.
Aclaró que la reforma planteada prevé un “cambio
en todas las cajas” y que si bien hay un planteo de que aquellas que están en
peor situación, como es la Caja de Profesionales, tengan su propia ley, él
opina que “sería mejor ver en conjunto”, pero que de igual forma es “un tema de
gestión política”.
“Seguramente la Caja de Profesionales va a
tener que hacer una reforma bastante más severa que el resto”, aseveró y agregó
que “la propuesta es que esta sea una reforma para todas las entidades del
sistema y sobre una base de principios de igualdad” aunque “obviamente hay que
reconocer algunas particularidades”.
Dijo que en este momento el proyecto está
en la etapa de conversación y definición en la órbita de la coalición de Gobierno.
Sobre el aumento de la edad jubilatoria,
dijo que es “una propuesta que hay con algunas características”.
“Primero es un aumento que está pautado muy
progresivamente en el tiempo. La transición, del orden de los 14 años, no
comprendería para nada a aquellas personas que están a 5 años de jubilarse,
esto sería a razón de un año aproximadamente. Está en el menú, pero no hay
decisión sobre y si claramente creo que habría algunas excepciones como
aquellas personas en trabajos particularmente exigentes en lo físico, aquellos
que tienen que ver con personas que han tenido largas trayectorias de aportes,
que podrían tener regímenes diferentes”, aseguró.
Opinó que “el régimen mixto es una de las
enormes fortalezas que tiene el Uruguay” y que “si nosotros miramos qué ocurre
en países como Países Bajos, como Suecia, son países que tienen sistemas mixtos,
con un componente de capitalización individual mucho más importante incluso que
el nuestro”.
Aclaró que hay un 8% de los aportantes al
BPS que se jubilan a edades más tempranas, producto de lo que se llaman “bonificaciones
de servicio” y manifestó que “eso debería tener algún tratamiento particular en
este contexto”, pero que “va a depender del conjunto”.
Consultado sobre si aumentan los aportes,
dijo que “en momentos en donde uno de los grandes desafíos es el empleo, la
ocupación”, entienden “que no es adecuado aumentar la carga sobre el trabajo,
ni para empleadores, ni para trabajadores”.
Acerca de si la puesta en marcha de la
reforma generará una derogación al Estado, dijo que “en principio no”, pero que
“a la larga siempre puede haber algún costo de transición” que es “un costo que
ya está implícito” aunque “tal vez pueda significar la necesidad de alguna
medida financiera”.
