El tema parece menor en la agenda. Robo de cables en procura de vender el cobre malhabido. Y sin embargo, ayer abrió interrogantes, vacíos de legislación y de gestión, y dejó en off side a una empresa como Telecom, a la que más de uno culpó de usar esta variante delictiva como excusa para retacear el servicio público que debe prestar a sus usuarios. La polémica se abrió en la primera de las dos audiencias públicas que la Cámara de Diputados provincial realizó ayer en Rosario, y repetirá el miércoles en Santa Fe. De fondo, el debate nutrió de espesor político a un proyecto de ley para crear un “Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos”, según su autora, la socialista Lionella Cattalini.
El diputado Oscar Martínez –autor de otro proyecto en el mismo sentido– coordinó la audiencia de la que participaron representantes de empresas de servicios con cableado, vecinales, legisladores y concejales. También estuvieron el secretario de Seguridad, Claudio Brilloni, y la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. “Un problema de todos los días en los barrios, que deja a los vecinos sin luz, sin teléfono, sin internet, sin gas. Hay que actuar en conjunto y de manera inteligente”, abogó Cattalini. Averiguaciones en un par de entendidos del negocio ubican el valor del kilo de cobre entre $600 y $1500, según la calidad y la forma en la que se entrega el metal.
El enviado de Telecom desgranó su perspectiva: “Nos ocurre en todas las ciudades, pero Rosario es el epicentro nacional del robo de cables. En octubre de 2020 empezamos a detectar un incremento de robos. Totalizamos 3400 hechos, unos 180 al mes, 6 por día. Por cantidad, unos 160.000 kilos de cobre que no se van en un carrito de bicicleta. El problema es mucho más grande: alguien compra, alguien funde el material, alguien lo distribuye”.
El ejecutivo de la compañía telefónica enumeró algunas esquinas donde las cuadrillas han debido reponer el cableado de manera recurrente. “Saavedra 3300, 21 robos; Uruguay 3200, 20; Saavedra 3500, 19; Castellanos al 3500, 18; Arijón 790, 16; Almafuerte 1400, 13 hechos…” y siguió. “Se nos hace muy complejo mantener el servicio en esas condiciones. Cuando tenemos un robo lo reponemos, pero cuando se reitera en 4 lugares, entre 18 y 20 veces, se hace muy difícil”, acotó.
La explicación le sonó a excusa al exconcejal Osvaldo Ortolani, vecinalista de Empalme Graneros. Afirmó que todas las entidades del Estado saben adónde van los cables robados, quién los acopia, a quién se los venden. “A los vecinos nos toca poner la cara. Cuando fuimos a la comisaría hace 2 años el robo se paró. Sabían todos, menos el comisario. Entonces encontraron a un pobre mendigo con dos flexibles de cobre, y ¡ adentro! Mientras uno revende hay un montón alrededor que hacen la vista gorda”.
Para sorpresa de unos y regocijo de otros, Ortolani eligió a Borges y su poema Ajedrez para dejar a Telecom en off side. “Dios mueve al jugador, y éste, la pieza/ ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza…?”, recitó para connotar que el problema le resulta funcional a la compañía del grupo Clarín. “Telecom decidió hace dos años, de manera unilateral, terminar con las líneas de telefonía fija. Como aquello de ‘ramal que para, ramal que cierra’ estos malnacidos dijeron ‘teléfono que se descompone, no lo atiendo más’, y así hicieron”, despotricó.
En el mismo sentido cargó Marcelo Remondino, concejal de San Lorenzo. “Hay cinco barrios que están sin comunicación desde octubre. Los chicos no pueden estudiar sin internet, los abuelos usan teléfono fijo, no celular. Telecom llora porque esto le costó 160 millones de pesos, mientras ganó 193 millones de dólares. No puede ser que justifiquen con que ‘me robaron los cables’ desde octubre. Hay escuelas que siguen sin internet porque Telecom no repone. ¿Y por qué no cablean subterráneo? Porque tienen que invertir plata y no quieren. El teléfono es un servicio público y lo están negando”, subrayó.
El edil reprochó que la empresa intime al pago de un servicio que no presta, en barrios de la periferia sanlorencina. “Envía cartas documento de reclamo y doña Rosa paga 17.000 pesos sin tener línea; seguro que dejó decomer para pagar el teléfono que no le funciona”, narró.
Entre los expositores, dos abogados de la EPE apuntaron que el robo de material de cobre aumentó de manera exponencial. Cables y subestaciones transformadoras en la ciudad (en el último año, 7000 toneladas y un centenar de robos, respectivamente), transformadores rurales en el campo. “Estos robos alteran la tensión eléctrica y causan averías en los artefactos de los usuarios. La mayoría de los reclamos a EPE son consecuencia de estos trastornos”, dijo Francisco Drappo.
Hugo Valetto, empresario de línea blanca en el sur rosarino, contó que su fábrica estuvo 4 meses funcionando con generadores de energía. “Habían robado los cables, la EPE vino y los repuso en línea aérea. Volvieron a robarlos y con una motosierra cortaron el poste y lo robaron también. Pasaron cuatro meses hasta que cablearon en subterráneo y se acabó. Telecom, directamente desistió. Después de que robaron los cables ya no nos atendió más”, dijo.
El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, terció: “El negocio del cobre no se resuelve en una ventanilla de habilitaciones municipal. Nuestro país no produce cobre, pero somos exportadores. ¿Cómo es eso? Las chacaritas son un rubro comercial más entre los 36000 comercios habilitados en Rosario, pero el municipio solo tiene esa competencia. Hay que hacer inteligencia criminal y poner la mirada en el negocio grande. El cobre no se funde en cualquier lugar”.
