“Se quitó el condón y confesó, pero la justicia no lo castigó”: el caso de la brasileña víctima de “stealthing”

Pero ella no piensa rendirse. “Lucharé hasta el final por la justicia. Espero que mi caso pueda llevar a un cambio en la legislación”, dice.

Leila contactó a BBC Brasil luego de leer un reportaje sobre el tema, publicado en 2017.

Tuvimos acceso al proceso de Leila, bajo secreto judicial, que incluye las supuestas pruebas del delito, copia de la investigación policial y la decisión de la fiscalía para su archivo.

En una declaración a la policía, el acusado confirmó el informe de Leila de que no usó condón, a pesar de que había acordado que las relaciones sexuales estarían protegidas, pero que todo sucedió “en el fragor del momento”.

Señala: “pensé que estaba siendo consensual, que ella era consciente de que yo estaba sin condón, no actué de mala fe en ningún momento”.

A continuación, Leila relata cómo ha sido su incansable búsqueda de justicia:

A fines de abril de 2021, conocí a un chico en Tinder y eventualmente tuvimos sexo. Tuvimos tres relaciones sexuales con tres condones.

Cada vez, me detenía y decía: “el condón”. En una de las veces, dijo: “se me avabaton”. Me levanté, fui a otra habitación y tomé uno que tenía. Amaneció y él se fue.

Al día siguiente, no sé muy bien por qué, me invadió una rara sensación y fui a revisar los condones en la basura. Cuando abrí el bote de basura, estaba en shock total. Uno de los condones estaba abierto, sin envolver, pero sin usar.

Tomé una foto e inmediatamente le envié un mensaje de texto, pidiéndole una explicación. Se hizo el tonto. Insistí en una respuesta.

“Abrí (el condón) y lo dejé a un lado, pero luego terminamos usando otro. No hay nada de qué preocuparse”, me dijo. Y agregó: “es que todo pasó muy rápido y en el calor del momento terminó siendo así”.

Bueno, “en el calor del momento”, yo me detuve varias veces para poner un condón. Una de las veces incluso me levanté para traerlo de otro lugar. Y simplemente decidió no usar condón y no me dijo nada.

Desde el momento en que me enteré de que me hizo esto, fueron horas de mucho estrés. Una indignación que hasta el día de hoy no cabe en el pecho.

Me entró el pánico. Fui a la farmacia, compré el medicamento para evitar embarazos no deseados y luego busqué atención médica para que me dieran medicina contra las Infecciones de transmisión sexual (ITS).

Lloré como una niña. Tenía un nudo en mi cabeza tratando de entender por qué sucedió esto. ¿Por qué alguien haría tal cosa?

Hasta ahora, no he encontrado ninguna justificación plausible.

Al día siguiente, busqué a un psiquiatra para que me diera una guía de orientación psicológica, porque comencé a tener pensamientos como: “Nunca más saldré con nadie”. “No puedo confiar en nadie”. Pero racionalmente, sé que este no es el camino a seguir, así que decidí buscar ayuda lo antes posible.

Sentía tanta confusión e indignación que quise castigarlo de alguna manera, entonces comencé a hacer búsquedas en Google para ver qué podía hacer para buscar justicia.

Descubrí que había sido víctima de stealthing, cuando la pareja se quita el condón sin el consentimiento de la otra parte. Leí varios informes, incluido el de BBC Brasil.

Con esa información y sabiendo que lo ocurrido era un delito (según expertos, el stealthing puede ser tipificado como delito por el artículo 215 del Código Penal, “violencia sexual mediante fraude“), esa misma semana decidí ir a la estación de policía para hacer un reporte policial.

Después de tres días de llanto, pensé que era lo suficientemente fuerte y fui sola a la estación de policía.

En la Comisaría de la Defensa de la Mujer (DDM), pasé por uno de los peores momentos de mi vida. En lugar de aceptación y respeto, volví a ser víctima, esta vez, de desatención.

Debido a la pandemia, había una obstrucción para ingresar al lugar. Frente a todos, el asistente gritó: “¿Qué quieres?”. Y yo le respondí: “hacer un informe de incidente”.

“¿Contra quién?”, volvió a gritar. “Contra un hombre”, dije.

Fue muy ofensivo y humillante la forma en que nos trataron a mí ya otras mujeres presentes.

Cuando me llamaron para denunciar el caso, prácticamente no me dejaron hablar y siempre actuaron con mucha dureza. Empezaron a preguntarme: “¿Cuál es el registro del acusado? ¿Cómo se llama su madre?”.

Preguntas irrazonables. ¿Dónde se ha visto que una persona es víctima de un robo, atropello, violencia sexual y tiene que saber el número de registro del imputado y el nombre de su madre para registrar un incidente?

Era como si no quisieran registrar mi denuncia.

El asistente me trató tan mal que me derrumbé y volví al punto de partida con un shock emocional.

Cuando vio que estaba fuera de control emocionalmente, suavizó el tono y me dijo: “Ya estás tomando medicamentos, no vas a quedar embarazada ni te vas a enfermar”.

Sin embargo, no estaba llorando por el delito en sí, sino por el horrible y traumatizante servicio por el que estaba pasando.

No sé cómo tuve fuerzas para ir al Instituto Médico Forense a hacerme los exámenes. Pero fui. El examen estuvo bien hecho y me enviaron al servicio de psicología social del hospital.

Cada vez que iba a la comisaría, el servicio siempre era una “basura”. Y no era solo yo. Era abominable para todos los que estaban allí. La gente era tratada con desdén.

Es simplemente traumatizante. No puedo decir lo que más me dolió hasta ahora, si la asistencia policial o el crimen cometido en mi contra.

Sin noticias sobre ninguna evolución del caso (excepto en julio de 2021, cuando el abusador se me acercó diciendo que estaba mal que yo hubiera hecho una denuncia en su contra), volví a la delegación en noviembre para saber cómo estaba el proceso.

La policía que me atendió me preguntó si quería demandarlo. Me sorprendió mucho esta pregunta y respondí que sí. Ella dijo: “Pero no demostró nada en el examen del Instituto Médico Legal y no estás embarazada”.

Conclusión: el proceso fue “archivado”. Hasta entonces no habían hecho nada.

Entonces le pregunté si necesitarían los condones que yo todavía tenía y me dijo que no, porque mi abusador ya había confesado el crimen.

Pero la mayor sacudida aún estaba por llegar.

A finales de febrero de 2022 regresé a la comisaría para revisar el proceso. Recibí la noticia de que había sido evaluado y archivado por un delegado y una delegada.

El proceso había sido evaluado en julio de 2021. Fui en noviembre y no me dijeron nada. Traté de tomar una foto de mi proceso para leerlo tranquilamente en casa, pero los dos oficiales que estaban allí no me dejaron fotografiarlo.

Pregunté cómo se pudo archivar, dado que mi abusador corroboró mi denuncia de maltrato y yo había adjuntado al proceso toda la conversación de WhatsApp, en la que queda claro el delito cometido.

Entonces el oficial respondió: “No somos nosotros los que evaluamos, es el delegado”. Trató de justificar la decisión diciendo que en seis meses tres delegados habían revisado el proceso y que ahora le pedirían al tercer delegado que reevaluara el caso.

En vista de todo lo que había pasado hasta ese momento, les dije que estaba esperando el final del proceso para reclamar a la defensoría del pueblo/fiscalía del municipio (había esperado por temor a represalias e interferencia negativa en la evaluación), por la atención a víctimas que buscan ayuda, pero que ahora, también acudiría al Ministerio Público (MP) a denunciar el proceso archivado, aún con la prueba y confesión del delito.

Después de la visita a la comisaría, fui al MP.

No era de extrañar que me sentía bastante debilitada por todo lo que me había pasado en la comisaría.

Traté con trabajo de contar lo que había pasado y la respuesta inicial del fiscal fue: “Entiendo su indignación, pero la comisaría lo archivó porque realmente no es un delito. Lo que puede hacer es demandarlo en la esfera civil”.

Le respondí que mi interés es que sea sancionado penalmente, como dice la ley. Le leí al fiscal el artículo 215 del Código Penal. Él citó ejemplos en los que se podría usar el artículo, pero agregó que no se aplicaría a mi caso.

Insistí y le pedí su opinión personal sobre lo que me había pasado. Puso la mano sobre el Código Penal y dijo que no era él sino la legislación.

Cambié mi pregunta y pregunté si en Brasil no había posibilidad de castigo. Según el fiscal, solo si estaba infectada con una ITS (infección de transmisión sexual), por ejemplo.

Entre lágrimas, casi sin poder hablar y sin aliento, dije “Mira, no quiero ser grosera ni ofenderlo, pero le voy a pedir un favor: lea sobre ‘stealthing’. Estudie el tema, para que cuando otra mujer busque justicia, no tenga que pasar por todo lo que estoy pasando yo hasta ahora”.

A pesar de la dura y dolorosa respuesta que recibí, el servicio fue bueno.

Le di las gracias, me levanté y fui al baño para tratar de recuperarme antes de irme.

Unos minutos después, una mujer vino detrás de mí en el baño y me dijo: “el fiscal quiere hablar contigo”.

Cuando llegué a su oficina, me dijo que lo había pensado mejor y que ahora entendía por qué el caso que denuncié era un delito. Y que podría encuadrarlo como delito y abrir una investigación.

En todos estos meses de dolor y de recibir negativas, este fue el primer signo positivo. Por fin surgió una esperanza de justicia.

Era muy optimista sobre el resultado, pero todo se fue cuesta abajo cuando, en las últimas semanas, descubrí que mi caso fue revisado por un segundo fiscal y optó por archivar.

En su decisión, dijo que a pesar de ser “reprochable, la conducta del imputado de haberse aprovechado de la confianza depositada en él por la víctima, no consta suficientemente la utilización de medios utilizados para engañar o engañar a la víctima”.

El fiscal entendió que el modus operandi investigado no caracterizaba fraude, ya que la víctima no fue engañada, sino sorprendida por su conducta, que en teoría sin su consentimiento, mantuvo relaciones sexuales sin utilizar preservativo.

Según el fiscal, ese sería el contexto probatorio. Agregó que no existen mayores elementos para onvicción y que las investigaciones policiales se habían agotado sin que se hubieran establecido elementos suficientes para autorizar la afirmación de que el autor actuó con el elemento subjetivo intencional de engañar a la víctima, que en estos casos es el factor requerido por ese tipo de penalización.

Es decir, ¿me violó “sin querer”? ¿”En el calor del momento”? ¿Qué quiere la fiscalía? ¿Quiere que mi abusador diga que tenía la intención de violar?

Realicé una denuncia formal sobre el servicio recibido en la comisaría. Entiendo que mi queja ha sido enviada al departamento de asuntos internos y que se ha iniciado una investigación preliminar.

También reclamé la decisión de la fiscal a la Defensoría de la Mujer del MP, pero me respondieron que “no son atribuciones de la Defensoría evaluar ni analizar cuestiones judiciales”.

Si la defensoría de la mujer del MP no aborda el tema de género planteado, ¿dónde más puedo obtener ayuda?

Busqué asistencia legal, pero los honorarios de los abogados son altísimos y no puedo pagarlos. Ni siquiera creo que sea justo para la realidad del país.

¿Qué pasa con las otras mujeres que realmente no tienen de dónde sacar dinero para pagar estas cantidades?

O voy a terapia o pago un abogado. Entonces, hasta ahora, estoy siendo mi propio abogado.

Aunque una mujer quiera seguir adelante con las denuncias, hay muchos obstáculos. Muchos. Nos desaniman todo el tiempo, con argumentos como: de eso no saldrá nada, te expondrás, etc.

Tengo todas las pruebas de que mi abusador no usó el preservativo de forma intencionada y consciente, tengo su confesión en WhatsApp y en la declaración en comisaría y aun así tengo que luchar contra el mundo para hacer valer lo que es mío por derecho.

Espero que mi horrible experiencia sirva para ayudar a otras mujeres que sufren algún tipo de violencia.

A pesar de las mínimas posibilidades de éxito, si esta causa está a mi favor, contribuirá en gran medida a que los hombres tomen conciencia del respeto por el cuerpo de la mujer.

Aquí termina la historia de Leila.

BBC Brasil consultó a expertos legales en relación con el “stealthing”. Dijeron que, según la ley brasileña, la práctica no podía considerarse violación.

Esto porque, según el artículo 213 del Código Penal, la violación consiste en “obligar a alguien, mediante violencia o amenazas graves, a tener relaciones sexuales o a practicar o permitir que se practiquen con él actos lascivos”.

Sin embargo, señalaron que existen alternativas legales para las mujeres que se sienten víctimas de esta situación.

Citaron los artículos 130 (peligro de contacto venéreo), 131 (peligro de contagio de enfermedad grave) y 215 (violencia sexual por fraude) del Código Penal brasileño, ya que el sexo fue sin protección y no consentido.

Otra posibilidad es interponer una acción civil, en lugar de penal, contra el imputado, es decir, una acción para reparar el daño causado, como, por ejemplo, un embarazo no deseado o un trastorno psicológico.

Sin embargo, existen numerosos obstáculos, entre ellos la falta de jurisprudencia y estadísticas oficiales sobre el tema.

Uno de los principales obstáculos, según los expertos, sigue siendo “la falta de perspectiva de género por parte del operador jurídico”.

“Como no existe un delito específico para el stealthing, queda a interpretación de los operadores de justicia. El debate es muy reciente y aún no ha llegado al Poder Judicial”, le dice a BBC Brasil Ana Paula Braga, socia de Braga & Ruzzi Sociedad de Abogadas y especialista en la defensa de los derechos de las mujeres.

“Estos operadores de justicia aún no se han encontrado con este tipo de casos. Además, falta una perspectiva de género, es decir, enfrentar situaciones como el stealthing con la violencia de género”,

Flavia Nascimento, defensora pública y coordinadora de la Defensa de los Derechos de la Mujer en la Defensoría Pública de Río de Janeiro, está de acuerdo.

Recuerda que este tipo de sesgos por parte de fiscales y jueces es tan recurrente que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) recomendó recientemente a los tribunales de todo el país adoptar el protocolo de juicio con perspectiva de género.

“Las palabras de las mujeres muchas veces son ignoradas. Nos toca a nosotros reflexionar. A las mujeres se les anima constantemente a denunciar a sus agresores y la violencia que han sufrido. Y cuando denuncian, ¿qué respuesta tienen?”, pregunta Nascimento.

“Las mujeres que son víctimas de violencia sexual tardan en tener el coraje de denunciar y, cuando denuncian, terminan siendo víctimas de un juicio moral y sus palabras quedan descalificadas. Es muy difícil para nosotros cambiar (esta realidad). A menudo digo que los derechos de las mujeres son relativizados por el sistema de justicia“.

Según la abogada Braga, “para cambiar esta cultura, es necesario tener una denuncia. Cuantas más mujeres denuncien, esto se volverá un problema más visible. Y también creo que el apoyo de los medios, de la concientización, es muy importante en ese sentido”, concluye.

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