Creo que es un momento apropiado para escribir sobre este tema, ya la gente está agarrando sus chunches y yéndose para las playas para aprovechar la Semana Santa. Para muchos la fecha significa vacaciones, para otro montón es una bendición por el trabajo que genera.
Lo que sí es cierto es que Semana Santa es un momento de pausa, e, independientemente de las creencias religiosas de cada quien, un excelente momento para reflexionar. Por eso el día de hoy le traigo un texto de esos que son incómodos pero necesarios para que acompañe con su cafecito de Semana Santa.
Tampoco es un quéjese aquí, prometo que al final exhibo algunas propuestas para tratar los temas expuestos. Espero que tanto el Congreso como Poder Ejecutivo Electos tomen en cuenta realmente lo que el pueblo necesita (ejemplo., los diagnósticos del Programa Estado de la Nación) y ya que dejemos de una vez por todas las marcas partidarias y los sueños de grandeza ambientales.
El tema: los trámites para formalizar un negocio en Costa Rica
Figúrese usted que para noviembre y octubre de 2021 la informalidad alcanzó un 43,9% en Costa Rica. Los datos se desprenden Encuesta Continua de Empleo (ECE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Eso quiere decir que casi la mitad del trabajo del país pertenece al sector informal.
Esto es un problema grave porque se perciben menos ingresos fiscales, menos ingresos por cargas sociales y menos ingresos por impuestos municipales. Esto hace que el déficit fiscal sea más grande y además atenderlo genera una presión desigual sobre las poblaciones más vulnerables. Esto del lado del Estado y la sociedad.
Del lado del empleo, limita a las empresas a acceso al crédito, acceso a mercados (como exportación a otros países y venta al Estado), acceso a servicios de salud de la CCSS, entre otros. Estos dos diagnósticos combinados generan un medio de cultivo riquísimo para una estancación económica. La razón de esto no son los funcionarios que atienden esto, ni tampoco el Gobierno de turno, sino el actual PROCESO:
Y ojo que ese diagrama está incompleto, porque dependiendo del negocio hay que pedir viabilidad ambiental en SETENA y registros sanitarios de producto ante el Ministerio de Salud. En experiencia propia, este último ha sido de las peores pesadillas que le puede tocar vivir a uno como empresario debido a la incertidumbre (nunca se sabe cuándo saldrá el trámite, a veces 1 mes, a veces 3, a veces 1 semana) y el doble costo (uno paga buenos impuestos por doquier, pero el trámite igual vale $50 USD). ¿Les mencioné que el Permiso Sanitario de Funcionamiento también vale plata? Realmente tratan al empresario como si fuera un enemigo.
En fin, nada nuevo. Y prometí que esto no iba a ser un quéjese aquí. Sabemos que esto es un problema, pero entonces, ¿por qué aparentemente “no se hace nada” y pasan y pasan Gobiernos?
La respuesta a esa pregunta es compleja, porque sí pasan cosas, pero no a la velocidad a la que se mueve el mundo y el sector privado.
¿Por qué pasa esto?
Dice uno de los diez principios de la economía que las personas y organizaciones operan por incentivos. Es decir, para tanto la persona que quiere abrir la empresa, como para quienes hacen los trámites de forma eficiente (tiempo) y eficaz (recursos) debe de existir algún incentivo, pero actualmente no lo existe para ninguna de las partes involucradas.
Causa raíz: condiciones laborales de empleados públicos
Por un lado, y probablemente el más importante, el personal operativo encargado de estos trámites se encuentra en un entorno organizacional sin incentivos para crecer más allá que quedarse haciendo lo mismo durante años. Un entorno donde el que hace el trabajo con excelencia es recompensando igual (o peor) que aquel que brinda un servicio mediocre no incentiva mejora continua. Hemos generado cultura, como sociedad, en la que poseemos un exceso de incentivos para mantener el statu quo y muy pocos para encontrar la mejor versión de nosotros como personas y como Nación.
Causa raíz: número de instituciones involucradas en el proceso
Por otro lado, tenemos un problema de proceso, pues una persona (física o jurídica) debe de interactuar con más de 8 distintas Instituciones para formalizarse: 1. Muni, 2. Ministerio Salud, 3. INS, 4. Hacienda, 5. SETENA, 6. Ministerio de Salud de nuevo, 7. CCSS, 8. Muni de nuevo. 9. Registro de marca (opcional pero muy necesario en la actualidad).
¿Dónde ubican ustedes el incentivo para siquiera empezar el proceso? Uno ni se puede acordar de la cantidad de instituciones involucradas. Esto no es viable para la persona que está pensando constantemente en la operación arroz y frijoles. Y diay, la idea es darle oportunidades a todo el mundo, no solo quienes tienen harina para mandar a alguien o pagar abogados para que lo hagan por uno.
Causa raíz: cantidad insuficiente de funcionarios públicos atendiendo mejora regulatoria
Otra causa raíz tiene que ver en cómo se mejoran los trámites. Sabía usted que, para mejorarse un trámite, se deben de hacer dos estudios: un estudio legal y otro económico. Para esto, el MEIC debe asignar un abogado y un economista por trámite a investigar. Y este proceso en realidad no está nada mal, ya que es el recomendado por la OCDE. Sin embargo, ¿qué creen que ustedes que pasa cuando hay miles de trámites qué atender, pero alrededor de 15 funcionarios para atenderlos? Exacto, un gigantesco cuello operativo. Esto no es culpa de quienes trabajan mejorando los trámites.
Y, por último, si tuviera que determinar una causa raíz principal, sería la actual falta de coordinación interinstitucional.
¿Qué hacer?
Una vez identificadas algunas causas raíces, una forma de resolver un problema es generar un “estado alternativo” de la situación para trazarlo como metas, por ejemplo:
- Mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos
- Disminuir el número de instituciones con las que interactúa el empresario
- Aumentar la cantidad de funcionarios públicos involucrados en Mejora Regulatoria.
- Crear y/o modificar el marco jurídico para obligar a las Instituciones involucradas a cumplir tiempos y brindar servicio al cliente medible y real (nada de pantomimas como la de las Contralorías de Servicios que la gente ni sabe qué son).
No me maten todavía, sé que muchas de estas medidas no son populares. Y cómo serlo, si son de esas cosas que suenan que para eso necesitamos más impuestos. Pero la verdad eso no es del todo cierto.
Por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos es una inversión que puede tener un enorme retorno en Costa Rica, no solo en el tema de trámites. Esto se puede hacer modificando los esquemas de compensación, así las personas que brindan servicios mediocres obtendrían aumentos por la inflación y quienes entregan un servicio de calidad una compensación basada en sus resultados.
El salario global incluido en la reciente aprobada Ley de Empleo Público Exp. N° 19431 es un buen avance, pero también necesitamos más medidas para que generemos condiciones para que las personas más talentosas trabajen en el sector público. Actualmente la Ley lo deja un poco más abierto de lo que a una persona que tiene un empleo público probablemente le gustaría. Para lograr esto, el ambiente debe ser justo, pero también competitivo. Esa línea es compleja de delimitar y requiere de una amplia discusión política.
La otra cosa que podríamos hacer es pasar un paquete de proyectos en la Asamblea Legislativa que atiendan el proceso desde su causa raíz. Por ejemplo, ¿por qué hay que esperar a que un funcionario revise si la documentación está bien o mal? ¿Qué no es eso responsabilidad del empresario? La revisión se debería de hacer ex-post y si el empresario falla debe se ser castigado. Yo me pregunto, ¿cuál es el valor en esos cuellos de botella? Y ojo que no lo digo yo, lo dice la OCDE. Si pagamos tanta plata y capital político para “entrar”, ¿por qué no seguimos las recomendaciones? Ni que no fuera nada más un clubsito de amigotes…
Lo que pasa es que para modificar eso hay que tocar a la Caja y a las Munis. Pero ojo, estos cambios son para fortalecer a dichas Instituciones, no debilitarlas. Lo que pasa es que aquellos que viven en el confort, lo defienden hasta la muerte, y hasta emprenden enormes batallas mediáticas para mantener las cosas como son. A pesar que esto sea en detrimento de las mismas personas que defienden tales causas.
Es por eso que tenemos una responsabilidad en hablar, escribir e involucrarnos políticamente. El Artículo 9 de nuestra Constitución nos demanda al pueblo ser parte activa del Gobierno de nuestro país. Hacerlo ayuda a que nuestro país progrese, a proteger a nuestras hermanas y hermanos costarricenses.
Pero, como todo lo bueno en la vida, eso es bien difícil.
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