Un hecho trascendental para la política exterior y la economía se conocerá el 21 de abril: el pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya sobre el supuesto incumplimiento de Colombia del fallo que involucra al archipiélago de San Andrés.
El tribunal internacional tiene previsto ese día dar a conocer su posición sobre varios alegatos que han hecho Colombia y Nicaragua alrededor de los derechos económicos en una parte del mar Caribe, los cuales tuvieron una modificación en noviembre de 2012 tras un fallo de esta instancia judicial.
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En ese momento, la Corte de La Haya restringió derechos económico de Colombia sobre parte de este territorio marítimo y determinó una nueva frontera entre estos dos países.
Desde hace algunos años Nicaragua ha venido alegando la violación de sus derechos por parte de Colombia. En este sentido, el presidente Iván Duque ha manifestado que el fallo no se ha podido aplicar porque para ello se debe establecer una nueva frontera de manera bilateral y, por parte de los nicaragüenses, no parece haber existido ánimo para avanzar en ese sentido.
De hecho, el embajador de Colombia en ese país, Alfredo Rangel, fue llamado al país hace algunas semanas tras unos duros pronunciamiento del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Cuáles son los alegatos que han presentado Colombia y Nicaragua
Entre los alegatos del país centroamericano –además del supuesto incumplimiento del fallo–está que en los últimos años ha habido al menos 50 incidentes entre sus nacionales con la Armada colombiana en distintas parte del mar Caribe.
Colombia niega estos incidentes y como prueba de ello sostiene que nunca ha habido decomisos ni incautaciones en esta parte de la frontera marítima.
De igual forma, hay una zona de 12 millas de extensión de la jurisdicción marítima colombiana sobre la que Nicaragua tiene objeciones.
Y el país centroamericano también busca que la Corte resuelva cómo serían los derechos de explotación petrolera en esta parte de la línea fronteriza marítima.
El fallo de la Corte de 2012 restringió derechos económicos de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO
La delegación colombiana en La Haya también ha presentado alegatos en medio de este pleito con Nicaragua, entre ellos la medición que ese país hizo de las 12 millas de extensión de jurdisdicción que le corresponde a cada uno, la cual, para Colombia, no se hizo desde donde debería ser sino desde otro punto.
Igualmente, Colombia está defendiendo los derechos de los pescadores del archipiélago, los cuales han visto disminuidos sus ingresos de manera sustancial tras la decisión de la Corte de noviembre de 2012.
Y también los derechos de las comunidades raizales de San Andrés que históricamente han pescado en esta zona y que desde hace varios años están en la incertidumbre en este sentido.
Uno de los elementos clave de la decisión que la Corte de La Haya anuncie el 21 de abril es que no habrá modificaciones de mapas ni de fronteras entre los dos países, como sí sucedió en noviembre de 2012.
Fallo del 21 de abril no modificará mapas ni fronteras
En este caso se trata de revisar hasta qué punto se ha cumplido esa decisión y qué debe suceder en ciertos aspectos que alegan Colombia y Nicaragua.
Y lo otro clave es que la pretensión de Nicaragua sobre la plataforma continental extensiva de 200 millas no sería resuelto en La Haya el 21 de abril. Esto sería materia de otro fallo.
La decisión, no obstante, tendrá amplias repercusiones en el próximo gobierno, el cual deberá atender el tema y decidir la estrategia correcta ante este tribunal internacional y frente a Nicaragua.
En este caso, se debe tener en cuenta que no se trata solamente de la soberanía nacional, sino también de un ingreso clave en la economía colombiana.
Por el momento, nadie se atreve a vaticinar qué dirá la Corte de La Haya ni las consecuencias que su decisión tenga sobre Colombia, por lo que la expectativa aumenta cada día más.
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