Exfuncionarios del gobierno de Donald Trump están presionando al gobernador de Texas Greg Abbott a que declare que hay una “invasión” en la frontera con México y le dé poderes a la Guardia Nacional y a la policía estatal para impedir el paso de migrantes, una autoridad que en Estados Unidos corresponde al gobierno federal.
El concepto es jurídicamente cuestionable, casi sin precedentes y seguramente enfrentaría impugnaciones judiciales con rapidez, de acuerdo con algunos expertos constitucionales.
Mientras tanto, el gobernador republicano se disponía a anunciar en las próximas horas “medidas sin precedentes” para desalentar a los migrantes que lleguen a Texas. Lo anterior es en respuesta al anuncio del gobierno federal la semana pasada de que pondrá fin al uso de una ley de salud pública que ha limitado la concesión de asilo para prevenir la propagación del COVID-19.
No se sabe si Abbott, quien desea ser reelegido en noviembre y ya está instalando más barreras fronterizas y permitiendo que la policía estatal detenga a migrantes, respalda las agresivas propuestas que exfuncionarios de Trump están promocionando. Abbott no ha dado detalles sobre las medidas que anunciaría el miércoles.
Funcionarios de la Patrulla Fronteriza dicen estarse preparando para la llegada de hasta 18.000 migrantes a la frontera a diario una vez que en mayo sea levantada la medida sanitaria, conocida como Título 42. La semana pasada el promedio era de unos 7.100 migrantes por día.
Pero desde el punto de vista de los exfuncionarios de Trump, Texas y Arizona podrían hacerse cargo de las responsabilidades migratorias del gobierno federal una vez que esta política llegue a su fin. Su plan se basa en una interpretación inédita de la Constitución de Estados Unidos para que la Guardia Nacional o la policía estatal devuelvan por la fuerza a los migrantes a México, independientemente de lo que digan las leyes de inmigración y los procedimientos policiales establecidos. En Estados Unidos, la aplicación de las leyes en la frontera siempre ha sido una responsabilidad federal, y en Texas las autoridades no han estado presionando para que eso cambie.
Tom Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas en la presidencia de Trump, reveló en una conferencia en San Antonio sobre seguridad fronteriza la semana pasada que había hablado con Abbott sobre el tema.
“Hemos tenido consultas con sus abogados en su oficina: ‘¿Hay alguna manera de usar esta cláusula —dentro del marco constitucional— donde habla acerca de una invasión?’”, declaró Homan durante la Exposición de Seguridad Fronteriza.
Homan dijo que esas conversaciones se llevaron a cabo hace unos tres meses, y el martes indicó que la oficina del gobernador de Texas “no se comprometió a nada, pero estuvo dispuesta a escuchar”.
En Arizona, el gobernador republicano Doug Ducey también ha estado bajo presión dentro de su partido para que declare que el estado está siendo invadido y utilice poderes extraordinarios que normalmente sólo se aplican en tiempo de guerra. Pero Ducey, cuyo mandato se acerca a su fin y no está en la papeleta para 2022, no ha acogido la teoría y ha evitado comentar directamente sobre ella.
El fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich, emitió una opinión jurídica en febrero en la que declaró que Ducey tiene la autoridad para usar a los miembros de la Guardia Nacional y a la policía estatal con el fin de expulsar a los migrantes. Brnovich está inmerso en unas reñidas primarias republicanas para el Senado en las que la seguridad fronteriza es uno de los temas principales.
El motor de la iniciativa de la derecha es el Centro para la Renovación de Estados Unidos, un centro de investigación de política conservadora encabezado por exfuncionarios del gobierno de Trump. Incluye a Ken Cuccinelli, partidario de aplicar políticas estrictas para controlar la inmigración y exfuncionario de Seguridad Nacional de Trump. Argumentó que los estados tienen derecho a defenderse de un peligro inmediato o de una invasión, según se define en la “cláusula de invasión”, bajo la “cláusula de autodefensa de los estados”.
En una entrevista el martes con una estación de radio conservadora, los comentarios de Abbott sobre la autoridad constitucional se referían al Congreso, del que dijo tenía el único poder para reducir el flujo de inmigrantes.
“Tomaremos una acción sin precedentes”, le dijo Abbott a la estación de radio KCRS. “El Congreso tiene que dejar de hablar sobre ello, tiene que dejar de quejarse sobre ello, tiene que dejar de ir a la frontera y observarla. El Congreso tiene que actuar, de la misma forma en que Texas lo está haciendo”.
Cuando le preguntaron si consideraba que lo que estaba ocurriendo en la frontera de Texas es “una invasión”, Abbott no utilizó esas palabras, pero dijo que hablaría de ello el miércoles.
Cuccinelli señaló que, en la práctica, cree que el plan será similar a la implementación del Título 42, que eludía las obligaciones de Estados Unidos bajo la ley estadounidense y el tratado internacional para proporcionar asilo. Dijo que no ha hablado con Abbott, y señaló que la actual misión fronteriza del gobernador, conocida como Operación Estrella Solitaria, no ha tenido mucho efecto en reducir el número de personas que cruzan la frontera. La misión también ha suscitado críticas de los miembros de la Guardia Nacional por el largo tiempo que están emplazados y la poca actividad que tienen, y algunos arrestos aparentemente no han estado vinculados con la seguridad fronteriza.
“Hasta que realmente regreses a la gente a México, lo que estás haciendo no tendrá ningún efecto”, señaló Cuccinelli.
Emily Berman, que enseña derecho constitucional en la Universidad de Houston, dijo que la “cláusula de invasión” mencionada por los que la proponen está incluida en una garantía constitucional más amplia de que Estados Unidos debe defender a los estados de la invasión y la violencia interna. Además, explicó, la “cláusula de autodefensa estatal” estipula que los estados no pueden participar en acciones bélicas ni en política exterior a menos que sean invadidos.
Berman dijo que no ha visto que se utilicen las cláusulas constitucionales desde la década de 1990, cuando las cortes dictaminaron que no tenían jurisdicción para decidir qué podía ser considerado una invasión, sino que creían que sólo otra entidad gubernamental podía efectuar una.
Por ejemplo, señaló Berman, la invasión de Ucrania por parte de Rusia puede ser calificada como tal debido a que es un gobierno externo que viola las fronteras de otro país con el uso de la fuerza militar.
“Sólo porque el estado dice que es una invasión no la convierte necesariamente en tal; no me queda claro qué autoridad legal adicional les confiere ello”, dijo Berman, y añadió que los funcionarios estatales pueden hacer cumplir las leyes de los estados, pero a fin de cuentas el asunto se define por lo que permite la ley federal.
El representante federal Henry Cuellar, un demócrata cuyo distrito incluye la frontera de Texas, ha criticado al gobierno del presidente Joe Biden por la seguridad fronteriza y el fin del Título 42. Sin embargo, no respalda que los estados intenten utilizar nuevos poderes que les permitirían “hacer lo que quieran”.
“Creo que debería ser más una asociación, en lugar de decir: ’Gobierno federal, no creemos que estés haciendo lo suficiente, y ¿por qué no procedemos y nos encargamos de nuestra propia seguridad fronteriza?’”, declaró.
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Coronado es miembro de la iniciativa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de prensa locales para reportar sobre temas poco explorados. Contribuyeron a esta nota los corresponsales de la AP Jonathan J. Cooper en Phoenix y Nomaan Merchant en Washington.
