El Presidente Gabriel Boric salió a enfrentar el descenso que ha mostrado la opción del Apruebo con miras al Plebiscito de Salida que definirá el futuro del proyecto de nueva Constitución el próximo 4 de septiembre.
En su último día de visita oficial en Argentina, el mandatario planteó su preocupación y aseguró que “los sondeos son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario”.
Este fin de semana se conocieron tres encuestas en las que la opción Rechazo pasó a encabezar las preferencias. Según Feedback, el Rechazo a la nueva Carta Magna alcanza el 44% de las preferencias, mientras el Apruebo sólo el 41%; Pulso Ciudadano, de Activa, mostró 36% para la opción Rechazo y 32% para el Apruebo; y Cadem dio cuenta de 46% para el Rechazo contra el 40% para el Apruebo.
Distintas miradas para un problema común
Los resultados no solo sorprendieron al oficialismo, sino que también generaron nuevas diferencias de lectura política entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Eso quedó en evidencia en el último Comité Político Ampliado. Una fuente que participó del encuentro comentó a PAUTA que los representantes de Apruebo Dignidad “minimizaron la situación”, asegurando que el problema son las noticias falsas en redes sociales. Por el contrario, la visión en el Socialismo Democrático es que “se trata de algo más profundo: la gente aún no siente este proceso como propio”.
Desde este sector aseguran también que es “autocomplaciente decir que esto es solo un tema comunicacional”.
Otro participante de la instancia sostuvo que la baja de la opción Apruebo responde, entre otras razones, a que “Chile no es un país de extremos, sino que un país de clase media”. Por eso se debe avanzar en acuerdos amplios “para que represente a la mayoría de los chilenos” y en ese plano los partidos políticos tienen un rol que jugar.
Existe la percepción entre algunos miembros del Comité Político Ampliado que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para apoyar el proceso constituyente. Y pidieron que los ministros, y no solo el Presidente, participen de los debates que está dando Convención. “Todo el mundo está facultado para opinar libremente; otra cosa es lo que haga la Convención, pero el Gobierno puede participar del debate público y eso no tiene que ver con intervenir, sino con participar de un debate democrático sobre la construcción del Chile de largo plazo”, aseguró un alto personero a PAUTA.
Desde el bloque oficialista explicaron a este medio que harán todo lo que puedan para ayudar a “apuntalar” el proceso, pero admiten que hay definiciones de “grupos radicalizados y muy de nicho”. “Y una Constitución es todo lo contrario”, agregan. Ponen como ejemplo la idea de una Constitución indigenista, cuando en el país hay un 90% de personas de carácter más bien mestizo.
Aseguran que una vez que esté listo el texto constitucional, están disponibles para salir a la calle a “conversar con la ciudadanía sobre la relevancia de contar con una nueva Carta Magna”.
La escasez de tiempo afectó los resultados y el análisis de la consulta. Cuán vinculante será es la gran interrogante ahora.
La Moneda afina estrategia
En paralelo, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, también reaccionó a las encuestas. “Son dos grandes desafíos: no caer en la desinformación, porque crea fantasmas que nos perjudican como país, y contribuir a la generación de acuerdos”.
El Presidente Boric ha manifestado en varias ocasiones que el Gobierno está jugado por el éxito del proceso. Y durante su gira trasandina profundizó en este concepto. “No es un proceso para nuestro Gobierno. También es un error decir que la Constituyente está en función de los cuatro años de nuestro Gobierno; la Constituyente está función de los próximos 50 años. No es una Constitución para mí. Entonces, mirémosla con perspectiva de largo plazo. Estamos preocupados, queremos convocar, queremos convencer y ahí todos tenemos un rol que jugar y por supuesto que nosotros lo vamos a hacer”, aseguró.
“La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar la culpa solamente a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso”, añadió.
Desde La Moneda explicaron a PAUTA que no va a ser el Presidente el único que hablará sobre la importancia de la nueva Constitución, sino que habrá un despliegue del Gobierno que está diseñando la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que es la contraparte del Ejecutivo para la Convención. Aseguraron también que en el momento en que comience el período de campaña para el plebiscito de salida y se pueda contar con una franja televisiva, “el Gobierno no será neutral”.
Desde la Segpres explican que, por ahora, están abocados a determinar, con apoyo de sus asesores jurídicos, qué tanto pueden decir o hacer sin que sea considerado como intervención. Por lo pronto se están preparando para una comunicación más intensiva a partir del 5 de julio, fecha en que el texto Constitucional ya debe estar redactado.
