- Marcos González Díaz
- Corresponsal en México y Centroamérica
Desde el próximo 8 de mayo, Rodrigo Chaves se pondrá al frente del gobierno de una de las democracias más estables de América.
Costa Rica es reconocida por contar con sólidas instituciones, pero sobre todo altos indicadores de desarrollo humano y una cobertura universal de salud que han hecho del suyo un aplaudido modelo de bienestar en el mundo.
Sin embargo, su sistema y su economía comenzaron a mostrar grietas a inicios de este milenio, las cuales se agrandaron de manera sustancial con la pandemia, la cual impactó duramente a la principal fuente de ingresos de Costa Rica: el turismo.
Volver a convertir al país en un referente de bienestar social “es uno de los grandes retos del nuevo presidente. La desigualdad en lo económico y educativo está golpeando con fuerza y provocan una desmejora sustancial en la calidad de vida de la población”, le dice a BBC Mundo el politólogo costarricense Gustavo Araya.
Valeria Vargas, analista política, coincide en la importancia de que el nuevo mandatario deberá reafirmar las históricas conquistas sociales del país como el seguro social, la educación pública o los derechos laborales pero “sin vivir de los frutos del pasado“.
“La Costa Rica de ahora no se puede comparar con la de los años 40, la situación ha cambiado y tenemos que ponernos al día con retos no abordados como el tecnológico. Retomar los elementos del pasado pero con la mirada al futuro para no quedarnos atrás en competitividad”, le dice a BBC Mundo.
Estos son algunos de los principales desafíos que enfrentará Chaves desde que asuma su cargo como presidente de Costa Rica:
Economía
Chaves tendrá que aplicar su larga experiencia como economista internacional para enfrentar el que, sin lugar a dudas, será su mayor desafío: reflotar la economía de un país con un crecimiento sostenido de su Producto Interior Bruto (PIB) en las últimas décadas pero que, recientemente, vio cómo algunos de sus indicadores se convirtieron en grandes señales de alerta.
El 23% de su población vive actualmente en la pobreza -la cifra más alta desde 2010- y casi 15 de cada 100 costarricenses no tienen empleo, una de las tasas más altas de América Latina y cerca del 10% más que hace 20 años.
Esta situación se da en medio de un descontrolado crecimiento del Estado que agravó el déficit fiscal y la deuda pública, que equivale al 70,3% del PIB como la mayor de Centroamérica.
En 2018, el gobierno saliente logró aprobar en 2018 una reforma fiscal que, entre otros, aumentaba la cantidad de productos y servicios gravados por un impuesto del 13%.
Sin embargo, tras sufrir su mayor recesión económica con la llegada de la pandemia, acabó acordando un préstamo de US$1.778 millones por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que se tradujo en severos ajustes de austeridad y provocó multitudinarias protestas ciudadanas en 2020 en un país caracterizado por su estabilidad y calma social.
“Mantener el equilibrio macroeconómico y la sanidad de las finanzas públicas es, sin duda, su mayor reto”, resume Araya.
Cómo afrontar este alto endeudamiento y cómo gestionar el préstamo con el FMI será una de las primeras estrategias a definir por Chaves, quien en febrero se reunió con representantes del organismo para asegurarles que trabajaría junto a ellos para adaptar las medidas del acuerdo con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento económico para el país.
“Ninguno de los dos candidatos a presidente habló de revocar el acuerdo con el FMI, pero tuvieron actitudes populistas al decir que no querían más impuestos… pues entonces no estarían arropando la propuesta, que incluye medidas impositivas. Habrá que ver cómo se gestiona”, le dice a BBC Mundo el politólogo costarricense Daniel Calvo.
Desigualdad
Estrechamente ligado a lo anterior, está el desafío de la desigualdad que no ha dejado de crecer en el país.
Pese a ser un país reconocido a nivel mundial por su imagen turística y ambiental, Costa Rica esconde grandes contrastes entre el centro y las zonas costeras y fronterizas donde sus habitantes no se sienten parte del crecimiento del país y muestran su descontento con la política.
“Hay que hablar de las dos Costa Ricas, de esa polarización de la riqueza que hace que tengamos un nivel de desigualdad sumamente alarmante. Esas personas en las provincias costeras sienten que no tienen nada que perder, por eso le suelen dar el apoyo a partidos nuevos en lugar de a partidos tradicionales que creen que los han dejado en el olvido”, apunta Vargas.
El coeficiente de Gini en Costa Rica, que mide la desigualdad salarial, es uno de los mayores de la región y alcanzó el pasado octubre su cifra más alta desde el año 2010.
“De 2005 a 2015, prácticamente todos los países -incluidos algunos de corte no necesariamente democráticos como Venezuela y Nicaragua- lograron disminuir la brecha económica por ingresos. No obstante, Costa Rica la tiene igual o peor. Es uno de los grandes desafíos en términos del bienestar general”, asegura Araya.
Educación
El tradicionalmente considerado como mejor sistema educativo de Centroamérica también necesitará atención por parte del nuevo presidente para recuperar sus logros del pasado.
Estos dos años de pandemia realmente han incidido en un apagón educativo en el país, que ya de por sí venía con notas rojas durante varios años. “Básicamente, desde el 2018, no tenemos un ciclo lectivo con los 200 días de clases que se supone debemos tener”, apunta Vargas.
En efecto, en el VII Informe del Estado de la Educación publicado el año pasado se lee que “antes de la huelga de educadores en 2018 y la pandemia, la población estudiantil en Costa Rica ya reportaba bajos logros de aprendizaje en matemáticas” y que el país “retrocedería hasta 30 puntos en las (próximas) pruebas PISA si no revierte los rezagos de aprendizaje en matemáticas”.
Y aunque Costa Rica se ubicó en 2019 en el tercer lugar de América Latina en los resultados de estas pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, sus cifras continúan lejos del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que pertenece.
Según Calvo, “la educación quizá no fue un tema muy sexy para la campaña electoral, pero este apagón educativo podría representar lo que fue una generación perdida por la crisis de los 80 en Centroamérica. Un montón de gente ha tenido que abandonar las aulas y esto debe ser una de las claves para el nuevo gobierno”.
Corrupción
Chaves, beneficiado por el hecho de presentarse bajo las siglas de un partido de reciente creación y sin pasado, tendrá que demostrar ahora que la lucha contra la corrupción que ha salpicado a los partidos tradicionales -y que tanto criticó en campaña- será realmente prioritaria en su mandato.
El año pasado, el caso Cochinilla salpicó a empresarios constructores e incluso a un asesor presidencial en una trama de sobornos por obras públicas que causó una malversación de unos US$125 millones entre 2018 y 2020, según autoridades.
Por su parte, la conocida como operación Diamante llevó a la suspensión de cuatro alcaldes -incluido el de la capital, San José- por supuestos sobornos para ganar contratos públicos.
Según Calvo, estos episodios “fueron el caldo de cultivo que le permitió a Chaves construir su narrativa de corrupción, ya que muchos escándalos estaban ligados a alcaldes que pertenecían principalmente al partido de Figueres”.
Chaves hizo de la lucha anticorrupción una de sus banderas, de lo que responsabilizó a los gobiernos anteriores. Entre otras medidas, propuso atacarla mediante un plan que retribuiría con dinero a quienes denuncien estos actos y que penalizaría a quienes no lo hagan.
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