‘Fuera Álvaro de Jesús Echeverri’, ‘No más direccionamiento de contratos’, ‘No más corrupción’. Eso es lo que se lee en algunas pancartas con las que miembros de Sitraimprenal tienen empapelada parte de la fachada del edificio de la Imprenta Nacional, ubicado en el occidente de Bogotá.
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Los señalamientos están relacionados con dos millonarios contratos, uno de ellos firmado hace tan solo 9 días y el otro, el 31 de diciembre de 2021, por 24.658 millones pesos en total.
Se suscribieron para la compra de 2.100 toneladas de papel bond y para la impresión de 4’713.000 libros, que requiere el Ministerio de Educación para su programa bandera ‘Todos a Aprender’, que beneficia a 14.472 sedes educativas y a sus estudiantes y profesores.
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El foco del sindicato está puesto en el recién nombrado gerente de la Imprenta Nacional, Álvaro Echeverri, hasta hace poco cabeza de una conocida empresa del sector gráfico del Valle.
El chat de la asesora
Carlos Alberto Bahena, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
Ministerio del Interior
Sintraimprenal asegura que desde su despacho se armaron los dos procesos, a la medida de un par de proveedores: Ditar S. A. y Quad Graphics Colombia S. A. S.
Esta última es filial de una multinacional con sede en Wisconsin (Estados Unidos) y la otra, una antigua proveedora de la Imprenta, con sede en Barranquilla.
Por cuenta de esa polémica ya hay un retraso de tres semanas en la entrega de los textos escolares. De hecho, la Imprenta ya ha sido requerida por la cartera de Educación, que va a pagar 28.974 millones de pesos por la impresión y distribución de los libros, material esencial para la educación de miles de niños.
El viceministro del Interior, Carlos Bahena –quien preside la junta directiva de la Imprenta–, le confirmó a EL TIEMPO que esos señalamientos lo llevaron a pedir la intervención de organismos de control. La decisión se tomó el 3 de febrero, luego de que Néstor Bojacá, cebeza del sindicato y miembro de la junta (en nombre de los trabajadores), expuso lo que califica como serias irregularidades.
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Y aunque el gerente de la Imprenta le admitió a este diario los retrasos en el contrato de los textos escolares, asegura que ha actuado con transparencia y apegado a la ley. Por eso, incluso dice que en su momento evaluará medidas por los señalamientos que se le hacen y que incluyen visitas a su despacho con pitos y arengas.
Bqahena
El Viceministro del Interior, Carlos Bahena, pidió que la información denunciada por el sindicato pase a entes de control.
La versión del sindicato es que, el 15 de diciembre, tan solo dos meses después de que Echeverri viajó a las instalaciones de Ditar S. A., en Barranquilla, esa firma envió a la Imprenta una cotización. En esta ofreció vender el papel que se requería para el negocio con la cartera de Educación, con un tamaño a la medida de la rotativa de Quad.
“El contrato se firmó el 31 de diciembre. Era tanto el afán que el propio gerente dio la orden de subir al Sistema de Contratación Pública (Secop) la invitación para la presentación de ofertas para el suministro de papel, antes de que el Comité de Contratación lo aprobara”, dice la cabeza del sindicato.
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EL TIEMPO estableció que la instrucción de subir el proceso fue dada a las 10:48 de la noche del 22 de diciembre. Y se dejó constancia de que la orden de subir el proceso de manera anticipada la envió el gerente, vía WhatsApp, a través de una de sus asesoras.
‘Un error de procedimiento’
Invitación privada de la Imprenta Nacional para la compra del papel.
Echeverri le admitió a este diario el episodio, que calificó como “un error de procedimiento”. Pero asegura que si había afán, era para comprar papel debido a la escasez que se generó por la pandemia, a los problemas logísticos internacionales de contenedores e incluso al paro nacional, que terminó golpeando al puerto de Buenaventura.
A eso también atribuye que se hubiera tenido que comprar a 6.000 pesos el kilo de papel bond que, según el sindicato, antes se negociaba en 2.830 pesos.
“Uno de los dos molinos que producen papel en el país suspendió la producción de bond. Propal se hizo cargo de la demanda interna, pero no podía cubrir toda la demanda”, asegura Echeverri. Y explica que no es una coincidencia que Ditar tuviera papel.
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“Es un gran importador, que mantiene entre 3.000 y 4.000 toneladas disponibles y busca la oportunidad. Además, en la visita que hice a su planta no se tocó el tema de la compra de papel, sino de otros posibles negocios. De hecho, con el propósito de generarle mayores ingresos a la Imprenta, visité y recibí al menos a 160 proveedores”, explicó Echeverri.
El sindicato de la Imprenta ha puesto carteles en contra del gerente y piden su renuncia.
Y, de paso, negó que se haya presionado para que se le pagara a Ditar una primera factura, el 14 de enero pasado, por 750 toneladas de papel cuyo costo asciende a 5.364 millones de pesos, con IVA.
Según el sindicato, una funcionaria de confianza de Echeverri trató de acelerar el pago, que terminó congelado por un concepto de control interno de la Imprenta, luego de que se verificó que el producto no estaba en el almacén o en las bodegas destinadas para ello, como lo exigía el contrato.
¿Rollos a la medida?
Néstor Bojacá, presidente del sindicato de la Imprenta Nacional.
Pero las quejas del sindicato van más allá. En la denuncia a los entes de control se señala que el estudio de mercado que hizo la Imprenta para la compra del papel se basó en cotizaciones de Ditar, Marfil Impresos y Papel S. A. S. y Suzano Papel y Celulose.
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“El requerimiento de compra es del 16 de diciembre, pero la cotización de Marfil es del 20 de diciembre”, señala Néstor Bojacá.
Y el otro cuestionamiento de fondo es el de la medida del papel que se compró: “El 71 por ciento de los rollos son a la medida de la rotativa de Quad. Y si bien otras empresas interesadas podrían adecuarlo a sus rotativas, generarían cortes y desperdicios que disparaban costos de producción”.
Pero Echeverri es enfático en que la Imprenta solicitó ofertas de un tamaño que iba entre 80 y 180 centímetros de ancho, que se puede adecuar a las rotativas de varias empresas. Y que no hubo ninguna extemporaneidad en la presentación de la cotización de Marfil.
De paso, explicó que el retraso en el contrato de impresión de los libros, que se selló con Quad hace 9 días, por 9.259 millones de pesos, se debió a tres factores.
Acta de Comité Asesor de Contratación en la que se autorizó la publicación de la invitación privada.
“Se tuvieron en cuenta todas las observaciones para tener pluralidad de oferentes y mayor transparencia”.
El primero, que el proceso contractual se paralizó cuando el sindicato pidió que se revisara. Además, se tuvo que cambiar la modalidad de contratación: de acuerdo marco a invitación privada. Y, por último, que aunque solo se presentó Quad, se acogieron 72 observaciones, de 7 de las 13 empresas que estaban interesadas en el proceso.
“Se tuvieron en cuenta todas las observaciones para tener pluralidad de oferentes y mayor transparencia”, explica el gerente.
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Y Echeverri es enfático en que no hay ningún tipo de inhabilidad por el hecho de que el subgerente de producción de la Imprenta (que ha trabajado para varias empresas del sector) sea el supervisor del contrato con Quad. EL TIEMPO estableció que el subgerente trabajó 5 años en Quad.
Por ahora, la más adelantada en las indagaciones sobre lo que realmente ocurrió con esos dos contratos es la Contraloría. Andrey Rodríguez, delegado para la Gestión Pública, le dijo a este diario que ya tienen un primer informe interno del caso que se inició luego de que la CGT y el sindicato pidieron que se investigara (el 30 de diciembre de 2021) y que, 15 días después, el gerente de la Imprenta pidió un acompañamiento especial.
La lupa está puesta en el costo del papel y en la normatividad aplicada para su adquisición. Por extensión, también revisarán el contrato de impresión.
Tras confirmar que la Contraloría ya visitó sus bodegas el 14 de marzo, Alicia Bula, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Ditar, señaló que, por la pandemia y la crisis de contenedores en China, el papel venía subiendo de precio: “La información contractual y legal la tiene la Imprenta. Nosotros participamos como lo hacemos hace muchos años con cualquier entidad pública”.
Y agregó que Ditar se anticipó a la crisis de papel de 2021 y compró el suficiente para responder a contratos firmados y a posibles negocios nuevos. Quad, por su parte, señaló que estaba solicitando autorización a su matriz en Estados Unidos para pronunciarse sobre los señalamientos.
‘Encontré la entidad apagada’: A. Echeverri
Álvaro de Jesús Echeverri, gerente de la Imprenta Nacional.
Álvaro Echeverri, gerente de la Imprenta desde el 9 de septiembre de 2021, asegura que no entiende por qué, si venía trabajando en coordinación con el sindicato, este “se le está atravesando al tema de los dos contratos con Quad y Ditar, e históricamente al del Ministerio de Educación”.
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Y dice que cuando llegó a la entidad, estaba apagada.
“Hice un diagnóstico con los jefes de grupos, subgerentes, directivos y sindicato. La directriz del Gobierno y la mía es sacar la entidad adelante, volverla productiva y rentable, una empresa industrial y comercial del Estado. Llevábamos dos años de pérdidas y no podemos consumirnos las reservas de 30.000 millones de pesos que hay”, señala.
“Ejecuté un plan de ventas y mercadeo que permitió generar ganancias a pesar de tener un año crítico por escasez en materias primas e insumos”.
Según él, aunque llegó a la entidad a tres meses de que expirara el año, logró que se cerrara con utilidades por 3.400 millones de pesos y consiguió contratos adicionales por 38.800 millones; aunque incluye el del Ministerio de Educación, por 29.800 millones de pesos, que se firma cada año.
“Ejecuté un plan de ventas y mercadeo que permitió generar ganancias a pesar de tener un año crítico por escasez en materias primas e insumos”, dice el gerente.
Y agrega que su intención es hacer a la empresa rentable y “trabajar con honestidad y transparencia”, como lo ha hecho en el sector privado. De hecho, para zanjar las diferencias con el sindicato, le envió una carta a su presidente, Néstor Bojacá, el 14 de marzo pasado, cuando las autoridades ya habían puesto el foco sobre los dos contratos.
El sindicato anunció que las vías de diálogo con la gerencia de la Imprenta están rotas.
En el documento los invita a “concertar una mesa de trabajo para tener un diálogo social que permita conocer e identificar cuál o cuáles son las necesidades que se plantean”.
Pero Bojacá es enfático. Asegura que al inicio de la administración de Echeverri se reunieron para ejecutar un trabajo conjunto en favor de la Imprenta. Y dice que el diálogo se rompió porque, en su criterio, empezó a ejecutar la misma conducta que el exgerente Oswaldo Neira.
“Ya se agotaron todas las vías del diálogo. Ahora tienen que actuar los organismos de control. No estamos en contra de los contratos, sino en contra de la corrupción”, dice Bojacá.
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