La promesa de reforma migratoria hecha por el presidente Joe Biden se desvanece en el Senado, al tiempo que pasan los meses y se acercan las elecciones de medio término del primer martes de noviembre cuando los electores acudan a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y un tercio de la Cámara Alta.
Tras la aprobación en marzo del año pasado de dos proyectos de ley bipartidistas en la Cámara Baja, que incluyeron un camino a la ciudadanía para unos 7 millones de indocumentados, el debate se detuvo en el Senado.
Para aprobar una ley se necesitan 60 votos y tanto demócratas como republicanos tienen 50 cada uno. El empate lo rompe la vicepresidenta Kamala Harris y los republicanos se oponen a la reforma migratoria mientras persista, dicen, la crisis en la frontera con México.
Al no contar con apoyo de la oposición los demócratas echaron mano a una vieja herramienta legislativa conocida como paquete de reconciliación para aprobar el paquete de gastos, que tampoco cuenta con votos republicanos.
“Es aquí donde se busca incluir la legalización de millones de indocumentados”, dice Lia Parada, directora de asuntos legislativos de Immigration Hub, organización que asesora al senador Charles Schumer (Demócrata por Nueva York y líder de la Cámara Alta) en el tema de la reforma migratoria.
Pero para hacer realidad la reforma migratoria, primero debe aprobarse la ley de gasto social y luego incluir una enmienda migratoria.
“Sigue en duda el voto del Senador Joe Manchin (Demócrata por West Virginia). Con 49 votos no se aprueba ninguno de los proyectos”, advierte Parada.
No solo el voto de Manchin detuvo los planes. Para poder incluir la enmienda migratoria en el paquete de gasto social (presupuesto), el liderazgo necesita la aprobación por parte de la principal asesora del Senado (Parlamentarian), la abogada Elizabeth MacDonough.
MacDonough, de afiliación demócrata, ha rechazado en tres ocasiones similar número de intentos para agregar la legalización de millones de indocumentados en el proyecto de gasto social entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado.
El tercer intento consistía en otorgar una acción diferida de deportación por 10 años a unos 7 millones de indocumentados, además de un permiso de trabajo renovable.
El plan fue denominado Plan C. Pero MacDonough dijo que la “política de libertad condicional propuesta (acción diferida de deportación, beneficio similar a DACA y TPS) no es muy diferente en su efecto a las propuestas anteriores (los llamados ‘Planes A y B’) que hemos considerado (en el mes de septiembre)”.
Añadió que la propuesta “aumentaría el déficit en $131,000 millones durante 10 años (tiempo que dura el programa) y crea una clase de personas elegibles (aquellas que han estado en el país durante 10 años o más) que calificarán para una concesión de libertad condicional en el lugar (dentro de Estados Unidos)”.
El Plan A era similar al aprobado en marzo del 2021 por la Cámara Baja, que incluyó un camino a la ciudadanía para dreamers, titulares de TPS, trabajadores esenciales y trabajadores del campo. El Plan B, en cambio, consistía en mover la fecha de la Ley del Registro que data de 1986.
Esta política permite que indocumentados que están en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972 califican para la residencia legal permanente. Los demócratas solicitaron modificarla al 1 de enero der 2010.
“En este momento están enfocados e responder a la crisis de Ucrania y apoyarlos”, dice Parada. “Pero esperamos que en abril pueda haber una apertura con el proceso de reconciliación”, agrega.
Immigration Hub dice que todos los planes apuntan a que el tema de inmigración “sea marte de este paquete” y confían en que, al final del día, “se llame a un voto para aprobar el plan de gastos con la enmienda de inmigración”.
La oficina del Senador Bob Menéndez (Demócrata por Nueva Jersey) confirmó los planes y dijo que “esperamos incluir el tema del camino a la ciudadanía para dreamers, titulares de TPS, trabajadores esenciales y trabajadores del campo”, similar a lo que aprobó la Cámara de Representantes el 18 de marzo del año pasado.
Si bien el plan fue desestimado por MacDonough a mediados de septiembre, fuentes demócratas consultadas por Univision Noticias señalaron que, se reabrirse el debate, la bancada avanzará en el debate sin tener en cuenta la opinión de la Parlamentarian. Para ello, sin embargo, necesitan la totalidad de los 50 votos demócratas.
“Por ahora no sabemos si el Senador Manchin apoya el paquete entero de inmigración. Pero vamos a seguir avanzando hasta el último momento”, dijo Parada.
Mientras tanto, los demócratas tanto de la Cámara de Representantes como del Senado siguen adelante con una campaña paralela que consiste en enviar cartas a la Administración de Biden y al presidente, pidiéndoles acciones ejecutivas para aliviar el futuro inmediato de cientos de miles indocumentados.
En los últimos dos meses, tanto senadores como legisladores y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados, han solicitado a la Casa Blanca y diversas secretarías de estado, por ejemplo, que pongan fin al Título 42 del Código de Estados Unidos, que aprueben fondos para darle ayuda legal a indocumentados de proceso de deportación, que frenen el arresto de indocumentados, que cierren centros de detención y/o no expandan sus capacidades de encierro, que cancelen el Programa de protección del Migrante (MPP) y se respete el debido proceso migratorio en la frontera con México, entre otros.
“Vamos a seguir montando esta campaña a favor de beneficios para indocumentados, trabajadores esenciales, dreamers y trabajadores del campo”, reiteró Parada.
“Al tiempo que trabajamos por el camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados, a la misma vez le decimos al presidente, por ejemplo, que expanda los TPS para proteger a un mayor numero de personas”, indicó.
“Las cartas son un proceso paralelo. No podemos darnos por vencidos”, apuntó.
