La cúpula de dirigentes del fútbol mexicano ha empezado con sus primeros castigos tras el episodio más crudo y violento en su historia. El primero ha sido el de expulsar a toda la directiva del club Querétaro por su incapacidad para brindar seguridad en el estadio, además de multarles con 1,5 millones de pesos (más de 70.000 dólares) y han puesto a la venta al equipo. También han prohibido cualquier partido de fútbol profesional en el estadio La Corregidora. Hasta el momento, las autoridades de Querétaro han detenido a 10 hombres tras dejar 26 heridos, tres de ellos graves y ningún muerto.
Desde el pasado domingo, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, había adelantado que se prohibiría el ingreso de las barras bravas visitantes. Eso quiere decir que sí podrán asistir aficionados del equipo rival que no son parte de esos grupos masivos. A los agresores del pasado sábado se les impedirá de por vida ingresar a los estadios. Esta cruzada mexicana buscará a partir de la siguiente temporada, la 2022-23, establecer una serie de registros con códigos QR para que los aficionados se identifiquen antes de ingresar al estadio, una medida que ya han impulsado en los partidos de la selección mexicana.
La Liga decidió la venta del club Querétaro, propiedad de Solaz Deportes y Entretenimiento, por su mala administración y antes de que termine el año . Sin embargo, rechazaron expulsar o desafiliar al equipo para evitar “interrumpir procesos de desarrollo y empleos” en Querétaro. El presidente general, Gabriel Solares; el presidente deportivo, Adolfo Ríos; y los empresarios Greg Taylor y Manuel Velarde han sido inhabilitados de cualquier actividad vinculada con el fútbol mexicano.
Todos los aficionados radicales de Querétaro tendrán prohibido ir a los partidos de local durante tres años. Los del Atlas no podrán ir a los juegos de visitante por los próximos seis meses.
“Estamos enfrentando el problema de frente”, mencionó Arriola, quien buscó ser jefe de Gobierno de Ciudad de México por el PRI. Según el directivo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol detectó dos fallas que provocaron el caos: “la falla directa de la empresa de seguridad privada que contrató el club. El segundo: el anonimato de las barras, el anonimato para ir a agredir al fútbol y no apoyarlo”. Por ello, ya la seguridad dentro y fuera de los estadios recaerá en las autoridades locales, nunca más de empresas privadas.
El protocolo del partido establecía que el aforo iba a ser de 15.000 aficionados por lo que le correspondían 600 miembros de seguridad privada y pública. Protección Civil, según Arriola, dio el visto bueno en dos ocasiones antes del partido. Las autoridades de la Liga pidieron al personal de seguridad que crearan “zonas frías entre las barras”, es decir, bloquear los accesos entre las barras, al ver los primeros enfrentamientos en las tribunas. “No lo pudieron hacer porque no tenían la capacidad”, agrega el mandamás de la Liga.
“Los hechos del fin de semana no solo pusieron en riesgo la vida de muchos, dañaron la imagen de Querétaro, de su gente, del club, de la Liga MX y del fútbol mexicano a nivel internacional”, mencionó Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
“Si nos ven desde fuera resolviendo el tema, saliendo mejores, creo que podemos normalizar nuestra operación. La idea es seguir con nuestras jornadas ya con estos mecanismos para identificar a los aficionados”, agregó Arriola. “La FIFA y la Concacaf están ocupados en que tomemos las decisiones conducentes, han demostrado desde los primeros minutos su total apoyo para que estas sanciones sean enérgicas y se sumen ellos en el momento adecuado”, refirió De Luisa, quien dejó claro que en sus llamadas con Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol, nunca se habló de que este episodio afectaría a la organización del Mundial de 2026 en conjunto con Estados Unidos y Canadá.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
