Llegada de inmigrantes: acuerdo que pasó a ser un problema para el Gobierno Regional

Fue en las dependencias del
Gobierno Regional (GORE), donde a fines de enero, se firmó un convenio
catalogado de histórico entre el GORE y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Se anunciaba una iniciativa
piloto denominada: “Magallanes Región Solidaria” orientada a fomentar
el compromiso de los gobiernos locales con la integración social de las
personas refugiadas y migrantes que se han visto forzadas a dejar su
país de origen.

“Firmamos
un convenio único en Latinoamérica. Magallanes es la primera región en
Chile en firmar este convenio para ser una región solidaria. De esta
manera y de una forma planificada las personas refugiadas puedan llegar a
un lugar donde serán recibidos con puntos de encuentro y un territorio
con políticas para trabajar con ellos y recibirlos socialmente”, comentó
entonces el gobernador regional, Jorge Flies.

Su
objetivo, generar un marco de cooperación para potenciar, que de
manera planificada, Magallanes pueda seguir recibiendo migrantes y
responder ante sus necesidades para que ellos puedan contribuir de
manera efectiva las capacidades y sectores que requieren un mayor
desarrollo en la región.

Juan
Carlos Murillo, representante regional de Acnur, destacó que “es un
evento que es pionero e innovador para todo la región. No vemos la
movilidad como un problema, sino como una oportunidad para solventar las
necesidades de desarrollo en la zona”.

Sin embargo, lejos de generar la adhesión que esas palabras
vaticinaban, rápidamente, el acuerdo “Magallanes Región Solidaria”
desató, primero, una ola de críticas y, luego, una escalada de acciones
de rechazo por parte de diversos sectores de la opinión pública
regional.

Primero,
fueron las críticas de consejeros regionales de todos los sectores
políticos, que acusaban esta acción de “inconsulta” y otros,
derechamente, de “ilegal”.

Luego hubo una manifestación frente al edificio de la Gobernación Regional y más tarde, acciones legales ante la Contraloría.

Sin
embargo, el más contundente de estos hechos se dio esta semana, cuando
una encuesta digital de Pingüino Multimedia recibió más de 12 mil votos,
la más alta cifra en la historia de participación registrada por
nuestro medio.

Ante
la pregunta: “¿Está de acuerdo con el convenio firmado entre el
gobernador regional y la ONU para recibir refugiados migrantes en
Magallanes?”, el mensaje de la opinión pública fue claro: el 93 por
ciento de los votantes expresaba su rechazo a la iniciativa.

Para un Gobierno Regional que ha enfatizado que la participación y el escuchar a la ciudadanía son un elemento clave de su gestión, estos dardos son un golpe duro de cara a la opinión pública.

Más
duro que los comentarios de los actores políticos que enarbolaron
banderas o recurrieron a acciones legales, los testimonios de personas
comunes y corrientes en redes sociales, daban cuenta evidente de
malestar. Así lo expresó Jaime Monsalve en Facebook. “Jaime Monsalve:
“¿A quién le han consultado? Yo que sepa, la ciudadanía no ha tomado
parte de estas decisiones unilaterales por parte de las autoridades. A
manifestarse por este tipo de decisiones tomadas a puertas cerradas sin
antes consultarle a todos nosotros, los habitantes de esta hermosa y
austral tierra. Vamos, defendamos nuestra zona o nos convertiremos en
otro Colchane”.

Consultamos
este viernes, al Gobierno Regional por estos hechos, incluidos los
resultados de la encuesta, pero la respuesta fue que no harían comentarios.

PROTESTA

Una de las
primeras acciones de rechazo fue una manifestación impulsada por el
movimiento “Patriotas en Resistencia”, frente a la Gobernación Regional.

Enarbolando
banderas magallánicas y letreros, los manifestantes hicieron público su
malestar. Al respecto, su vocero, Ángel Díaz Barría comentó: “El objeto
de nuestra visita es entregar una carta al señor (Jorge) Flies, para
demostrar nuestro desacuerdo por él convenio firmado por el junto a la
ONU para traer a migrantes a nuestra región”.

Díaz
agregó que antes que vengan más personas, ellos hacen pública su
disconformidad a lo que se viene, indicando la situación que actualmente
mente ocurre en el norte del país (ingresos por Colchane y muertes y
delincuencia en las regiones de Tarapacá y Antofagasta).

A
su vez, en la carta entregada al gobernador, se le pedía la explicación
de por qué se promueve la llegada de migrantes a la región, siendo que
mucha gente en Magallanes no tiene un trabajo asegurado.

La misiva también reclama porqué no se realizó un plebiscito frente a esta determinación.

Finalmente,
los manifestantes exigieron que se explique cuántos migrantes llegarán a
la región, en qué fechas y si estos accederán a viviendas y empleos,
que -como acusa el movimiento- “son problemáticas que viven los
magallánicos y que aún no tienen solución”.

Estos
dichos fueron calificados por el gobernador regional, a través de
medios de prensa regionales, como “ataques verbales” y acusó al Partido
Republicano de impulsar estas acciones.

Pero
esta semana, el presidente regional de esa colectividad, Javier Romero,
contestaba: “Las opiniones de los militantes son eso, opiniones
personales. El Partido Republicano no ha dado absolutamente ninguna
instrucción que diga que al gobernador hay que atacarlo, no
existe ningún documento al respecto, por lo que le pediría al
gobernador que no haga acusaciones generalizadas con las que enloda el
nombre del Partido y de todos sus militantes. Como Partido Republicano
estamos preocupados por la firma del convenio que el señor Flies firmó
con Acnur, y por medio de nuestro consejero regional electo, Alejandro
Riquelme, se ha solicitado a Contraloría un pronunciamiento sobre la
legalidad del mismo. Esto es lo importante, y no lo que está tratando de
hacer el gobernador al querer desviar la atención haciendo acusaciones
que enlodan la imagen del Partido Republicano. Aquí la única persona que
ha denostado es el señor Flies, al tratar de xenófobo, a quien ha
ejercido su derecho de recurrir a Contraloría y piensa diferente. Como
Partido seguiremos haciendo nuestro trabajo de oposición constructiva, a
pesar de los intentos de victimización y acusaciones falsas de la autoridad regional”.

A CONTRALORÍA

Y
efectivamente, el consejero regional electo Alejandro Riquelme presentó
el pasado domingo un requerimiento ante la Contraloría General de la
República, a raíz del acuerdo firmado entre el Gobierno Regional y la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

“Creo
que el gobernador regional (Jorge Flies) se excedió en sus
atribuciones. Existe un principio en derecho que no permite a las
autoridades ejercer acciones que vayan más allá de lo que la ley les
permite. En este caso particular, el Gobierno Regional y el gobernador
regional no pueden firmar convenios con organismos internacionales en
materia de migración, eso no lo permite la ley, aquí se ha excedido el
gobernador regional en sus atribuciones”, dijo Riquelme.

– ¿Por qué les preocupa tanto esta acción del Gobierno Regional?

“Creo
que la traída de inmigrantes a la Región de Magallanes, existiendo
tremendos déficits de luz, alcantarillado, habitacionales, va a generar
un mayor perjuicio para los magallánicos y, además, a los inmigrantes
legales ya residentes en Magallanes”.

– ¿Cómo se compara, a su juicio, este hecho con anteriores procesos de migración ocurridos en Magallanes?

“No
hay comparación, porque entonces el Gobierno de Chile invitó a las
personas a que emigraran a Chile, porque teníamos problemas
poblacionales, y se hizo a través de un delegado especial del Gobierno
que fue a Europa a invitar a europeos a que colonizaran desde Temuco al
sur, y acuérdate que se les entregaban tierras, una yunta de bueyes y
creo que hasta un hacha. Incluso, se pusieron barcos para traerlos a
nuestro país; pero esto no es un tema de migración, que quede claro,
sino que es un tema de atribuciones”.

En
este sentido, afirmó que el gobernador regional no tiene las
atribuciones para celebrar ese convenio “y, por lo tanto, se tiene que
considerar inválido ese convenio o nulo”.

Agregó que el Gobierno Regional puede participar de convenios firmados por la Cancillería, pero no es este el caso.

Consultado
entonces, el gobernador regional (s), Christian García, declaró que
esperarán a conocer el dictamen de Contraloría antes de emitir algún
comentario.

INCONSULTA

Pero
no es solamente, desde la oposición que surgen voces críticas, pues al
interior del Consejo Regional (CORE) también hay quienes ven con
preocupación este acuerdo.

Uno
de los primeros en pronunciarse fue el consejero regional de la
Democracia Cristiana (mismo partido que Christian García y Eugenia
Mancilla, los más cercanos a Flies) Miguel Sierpe, quien declaró: “Yo
espero al respecto
que el gobernador regional explique al Consejo Regional cuáles son los
términos, de qué se trata y qué compromisos él ha asumido. Yo le quiero
recordar que la mayoría de los titulares dice que ese es un acuerdo del
Gobierno Regional con la Organización de Naciones Unidas (ONU), y en
particular el Gobierno Regional consta de dos partes, una es el
ejecutivo que es el gobernador, pero la otra mitad es el Consejo
Regional que no ha sido consultado al respecto. Desconocemos los
detalles y en particular creo que el Consejo debe conocer los alcances
de este tratado”.

Sierpe
agregó que “una decisión tan importante como esa, donde existen
compromisos teóricamente asumidos que involucran recursos y proyectos
tienen que ser conversados con el Gobierno Regional, y en eso no hemos
sido consultados”.

Sierpe
indicó que cree en el respeto y buen trato con las otras comunidades
del mundo, pero que la principal prioridad debe ser la región. “El
privilegio principal es para la gente de Magallanes que aún no tiene
agua, luz y gas”, finalizó.

A LA ESPERA

Habrá
que esperar los resultados de la acción ante la Contraloría para saber
si, efectivamente, el gobernador regional tenía o no las atribuciones
para firmar este controvertido acuerdo, uno que estaba llamado a ser
histórico, pero que hasta ahora ha generado controversia.