El Estado tiene una forma de contratación tradicional que, según la pericia para gestionar, puede ser más o menos ágil y también más o menos transparente. Son las licitaciones, concursos y demás. En Mendoza, hay un modelo de gestión de los negocios relacionados con el Estado que crece y que inquieta tanto a los actores de la actividad privada como a los propios dirigentes políticos. Se trata del rol que cumple la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), que es estatal y tiene influencia política, pero aprovecha las ventajas de una sociedad privada.
La firma no tiene ni picos, ni palas, pero sí las concesiones, permisos y potestades para adjudicar desde obras eléctricas, hasta áreas petroleras, sumando ganancias y poder aún con vinculaciones ambiguas, como ocurre con Portezuelo del Viento y otras licitaciones en las que está de los dos lados del mostrador. Por arriba, quien controla políticamente EMESA y sus ramificaciones es el Ministerio de Economía, a cargo de Enrique Vaquié, quien suma adhesiones y rechazos por igual, justamente, por ese modelo implementado.
Una de esas obras que ha generado tensión con las empresas es la línea de alta tensión Cruz de Piedra – Gran Mendoza. El proyecto lleva décadas de retraso y es clave para darle seguridad al sistema eléctrico de Mendoza. Hoy cuando hay una falla, Mendoza se queda sin luz por esa falta de conexión. Durante mucho tiempo hubo debate sobre quién debía financiar la obra, si era de transporte o de distribución, si lo hacían las empresas o lo financiaban los usuarios, como finalmente ocurrirá. La obra iba a ser controlada por el ente regulador nacional y hasta hubo una audiencia pública en la que se recibieron rechazos desde San Juan y un largo debate. El modelo de licitación se cambió y lo ejecuta directamente el Ministerio de Economía, con proyecto de EMESA. Las dudas aparecen cuando esa empresa puede convertirse, nuevamente, en juez y parte.
Es que, quien picó en punta para quedarse con el trabajo es Distrocuyo, una empresa mixta de la que EMESA tiene el 25%. Es decir, es socio. No hubo empresas mendocinas que se presentaran a la licitación y tampoco otras firmas especializadas en la materia. A una escala mucho menor, es lo que pasó con otros concursos, como con Portezuelo. EMESA fue la empresa que condujo todos los estudios técnicos (a través de consultoras), elaboró los pliegos y siguió el largo camino que terminó de manera defectuosa porque hubo una sola oferta en la licitación, a un precio mucho más elevado del previsto y con socios que ya eran socios de EMESA: CEOSA (con quien comparte varios proyectos) y, principalmente, IMPSA, la metalúrgica que el Estado busca rescatar y que tiene en su directorio a Pablo Magistocchi, presidente de EMESA. Esa empresa tiene todo el poder sobre los recursos: tiene la concesión para generar energía en el Río Grande, es el fiduciario del fondo donde se depositan los 1.023 millones de dólares y se posiciona para mantener el control de esos recursos si ese proyecto se cae.
La obra de se financiará con el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAP), un fondo cuyo nombre es más complejo que su significado. Fue creado para financiar obras con el aporte de los usuarios, que también maneja EMESA y el Ministerio de Economía conducido por Vaquié. Esa estructura tiene poder total para volcar hacia donde crean conveniente hacerlo, pero también son parte del negocio con la misma empresa y sus socios. El mismo modelo se va a usar para financiar y elaborar los proyectos de las represas El Baqueano y Uspallata, que formarán el plan muleto si se cae definitivamente Portezuelo del Viento. EMESA gestiona y contrata, los usuarios pagan a través del mismo fondo y Vaquié supervisa y ordena (por ser el ministro de Economía).
EMESA tiene a su cargo las acciones de todas las hidroeléctricas de las que el Estado mendocino es parte, también le transfirieron las concesiones petroleras y energéticas. Recauda, pero no ejecuta. Y acorta caminos; situación que inquieta. Cada vez que se revierte un área petrolera, el Estado la transfiere a EMESA, que puede negociar.
El año pasado, se revirtió el área Loma de la Mina a YPF. En menos de dos meses, ya estaba en posesión de otra petrolera y produciendo. Las dudas aparecen cuando, por otros trámites que no pasan por EMESA, la demora es de años; lustros en algunos casos. La queja de las petroleras es que hay excesivas demoras en la gestión de permisos, extensión de concesiones y otros trámites que espantan inversiones. Ese tema ya fue motivo de controversia interna. Ocurrió cuando el convenio entre Mendoza e YPF se demoró y hasta estuvo por caerse por el “nudo” que se había generado en el quinto piso de Casa de Gobierno. Fue el gobernador Rodolfo Suarez quien lo destrabó. Incluso hay pedidos que llevan hasta 6 años de demora. En ese sector el sentido de la oportunidad es clave. Mendoza compite en proyectos de segundo rango de importancia, con provincias como Santa Cruz (que también tienen yacimientos maduros). Por ahora, la provincia pierde en la carrera.
El modelo gestado con EMESA tiene aires endogámicos; pues hay actores que se repiten. A otra escala se asemeja a los planes ejecutados por provincias vecinas para esquivar controles: una empresa estatal que no tiene activos físicos, pero sí derechos y potestades que le permiten negociar y subcontratar. Un camino similar toma la también estatal Potasio Río Colorado, que tiene para sí los derechos de la mina abandonada por Vale.
