El gobernador Gavin Newsom nominó el martes a la jueza Patricia Guerrero, del cuarto distrito de apelaciones con sede en San Diego, para ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema del estado.
De ser confirmada, Guerrero, de 50 años, sería la primera latina en ocupar un puesto en el más alto tribunal del estado. Ocuparía el puesto del exmagistrado Mariano-Florentino Cuéllar, que renunció en octubre tras cinco años en el Tribunal Supremo para dirigir un centro de estudios.
Guerrero ha estado en el tribunal de apelaciones desde su nombramiento por el gobernador Jerry Brown en 2017. Antes de eso, fue jueza de la Corte Superior de San Diego de 2013 a 2017.
Pasó la mayor parte de su carrera como abogada en la poderosa firma de abogados Latham & Watkins, donde trabajó de 1997 a 2001 y de nuevo desde 2003 hasta su nombramiento en el Tribunal Superior.
Trabajó un año, de 2002 a 2003, en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en San Diego.
En un comunicado de prensa, Newsom describió a Guerrero como una “mente legal aguda y una jurista bien considerada” y dijo su que biografía —fue criada por padres inmigrantes en el Imperial Valley y se graduó en la University of California Berkeley y en la Stanford Law School— es una “inspiración” que demuestra que las oportunidades están abiertas a todos en el estado “sin importar el origen o el código postal.”
Guerrero se refirió a un tema similar. “Me siento profundamente honrada por esta increíble oportunidad de defender el estado de derecho y tener un impacto positivo en las vidas de los californianos en todo el estado”, dijo. “Si me confirman, espero ayudar a inculcar la confianza en la igualdad e integridad de nuestro sistema judicial, al tiempo que honro los sacrificios de mis padres inmigrantes y demuestro a los jóvenes que todo es posible en nuestro maravilloso y diverso país”.
El abuelo de Guerrero emigró a Estados Unidos desde Yecora, en el estado mexicano de Sonora, tras conseguir un patrocinador para poder convertirse en residente legal permanente, dijo en un video publicado como parte del anuncio. Su padre trabajó en los campos de Imperial Valley.
Dice que su madre les inculcó a sus hijos la importancia de la lectura y la educación. Guerrero empezó a trabajar en una tienda de comestibles a los 16 años, y finalmente se graduó con las mejores calificaciones de su preparatoria.
Después de que Cuéllar renunció para tomar un puesto en la Carnegie Endowment for International Peace, Guerrero fue incluida en muchas listas de posibles sustitutos. Durante su mandato en el tribunal de apelaciones ha escrito numerosos dictámenes, incluidos dos que abordaban cuestiones jurídicas relacionadas con la pandemia.
En enero de 2021, escribió una opinión unánime de 47 páginas que sostenía que una orden judicial emitida por un juez del Tribunal Superior de San Diego, que permitía a los restaurantes ofrecer comidas en persona, era demasiado extensa. La sentencia se produjo en un caso presentado por dos clubes de striptease que impugnaban las órdenes de salud pública del estado y del condado que restringían el entretenimiento en vivo. Las órdenes se dictaron para combatir la propagación del coronavirus.
Un juez dictó la orden judicial y al hacerlo incluyó cualquier negocio del condado “con servicios de restaurante”. Eso despejó el camino para que algunos restaurantes, que estaban en dificultades debido a las órdenes que permitían solo la comida para llevar, volvieran a abrir brevemente. En su sentencia, Guerrero dijo que el juez no había dado al estado o al condado la oportunidad de argumentar contra una apertura más amplia de todos los restaurantes. Dijo que se trataba de “una orden judicial demasiado amplia que no estaba respaldada por la ley y que violaba el derecho al debido proceso del estado y el condado”.
En un segundo caso de los primeros días de la pandemia, Guerrero desestimó una impugnación de los abogados del Defensor Público del condado de San Diego que sostenía que los jueces del Tribunal Superior de San Diego no estaban cumpliendo con una orden de emergencia a nivel estatal de los líderes del tribunal que fijaba la fianza para la mayoría de los delitos graves y menores en 0 dólares.
La orden de emergencia había sido emitida por el cabildo del estado, el brazo político del sistema judicial. Formaba parte de un esfuerzo más amplio de los tribunales y de las fuerzas del orden para reducir la población de las cárceles locales, donde se sabía que el virus se propagaba rápidamente entre la población confinada.
El Tribunal Superior emitió entonces su propia orden de aplicación, que permitía a la Oficina del Fiscal del Distrito identificar a los reclusos que podían optar a una fianza de 0 dólares y argumentar que sus importes de fianza debían ser más elevados. Esa orden decía que los jueces podían fijar una fianza superior a 0 dólares para proteger la seguridad pública o para garantizar que alguien que había sido puesto en libertad volviera al tribunal.
Los abogados defensores dijeron que eso violaba los términos de la orden de fianza de emergencia del cabildo. Guerrero, junto con dos colegas, rechazó eso y dijo que los jueces tenían la facultad de fijar una fianza más alta.
“El cabildo no tenía la intención de suspender la serie de estatutos que rigen la fianza, así como la autoridad inherente del tribunal superior, que permiten al tribunal apartarse de la cantidad de fianza programada o imponer condiciones de fianza en casos individuales bajo circunstancias apropiadas”, escribió.
La jueza Judith McConnell, presidenta administrativa del Tribunal de Apelación del cuarto distrito, dijo que Guerrero era “extraordinaria” y respetada por sus colegas.
“Ella es muy profesional”, dijo McConnell. “Tiene una manera de tratar con sus colegas para encontrar soluciones, en lugar de resolver los desacuerdos. Es respetada y admirada por todos”.
McConnell dijo que Guerrero es la primera jueza de la división de San Diego del tribunal de apelación en ser nominada a la Corte Suprema del estado. De ser confirmada, sería la primera jueza de San Diego en el alto tribunal desde que William Arthur Sloane sirvió de 1920 a 1923.
La nominación tendrá que pasar primero por la Comisión de Evaluación de Nombramientos Judiciales del Colegio de Abogados del Estado, y luego por una audiencia de confirmación en la Comisión de Nombramientos Judiciales. Guerrero está registrada como demócrata.
