Los promotores del cenizario Urkupamba, ubicado en las faldas del Pichincha, en el occidente de Quito, preparan la estrategia legal para apelar la decisión de la Administración Zonal Norte (AZN) del Municipio de Quito, que el pasado 4 de febrero resolvió extinguir la Licencia Metropolitana Urbanística (LMU).
Andrés Carrasco, gerente de la Sociedad Civil Urkupamba, prefirió no adelantar detalles de cómo y ante qué instancias procederán. Lo que sí dijo fue que esta semana se presentaría la impugnación. Mientras, la empresa se asesora con abogados de varias ramas, incluidos constitucionalistas y penalistas.
“Estamos en proceso de ver cuánto se han dañado nuestros nombres, cuánto se han dañado las inversiones, cuánto se ha violentado en este proceso”, mencionó Carrasco, quien considera que la iniciativa es blanco de una disputa política entre el actual alcalde Santiago Guarderas y el exalcalde Jorge Yunda.
La licencia urbanística es la autorización que concede el Municipio para habilitar, edificar, utilizar o aprovechar el espacio público, de acuerdo con la definición que consta en el Portal de Servicios Ciudadanos.
El proyecto y un enredo legal
Urkupamba propone instalar un cementerio donde no se sepultarán cuerpos, sino que los restos serán cremados y sus cenizas depositadas dentro de urnas ecológicas enterradas alrededor de árboles. Para esto, el proyecto tenía previsto utilizar 35 hectáreas, dentro de un predio de 314 hectáreas que pertenece a la empresa privada y se encuentra en las laderas del Pichincha, en la parroquia Rumipamba.
Los trámites para concretar esta idea se iniciaron en 2019. Pero no es la primera vez que se quiere crear un cementerio en ese terreno; en 2015 lo intentó la Fundación Mariana de Jesús, antigua propietaria del espacio. Sin embargo, no prosperó y también fue objeto de rechazo y críticas por parte de algunos sectores.
El proceso que ha atravesado el proyecto Urkupamba es un enredo legal, debido a la ubicación del terreno. Hay documentos de entidades municipales y nacionales, así como privadas, que favorecen a los intereses del proyecto. Y, al mismo tiempo, hay disposiciones oficiales que impiden su desarrollo.
Por ejemplo, el 27 de marzo de 2019 la Secretaría de Ambiente del Municipio señaló que el predio no interseca (no cruza) con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sí con el Bosque y Vegetación Protectores Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito; interseca con el Área de Intervención Especial (AIER) Pichincha-Atacazo.
La Secretaría señala que, con base en el Plan de Uso y Ocupación (PUOS) 2018, la propiedad se encuentra como Protección Ecológica: una parte está como zona A31 (PQ) y ahí “no se puede construir ni desarrollar ningún tipo de proyecto”; otra parte está como zona A7. Al final, se sugirió que se solicite un criterio técnico en la Secretaría de Territorio.
En otro informe de 8 de abril de 2019, la Secretaría de Ambiente detalla que el PUOS de 2018 “considera el establecimiento de equipamiento funerario en uso del suelo asignado como protección ecológica/conservación del patrimonio natural, siempre y cuando se tomen en cuenta lineamientos” del plan. Además, indica que se necesita la autorización de la Dirección Provincial de Pichincha y del Ministerio del Ambiente (MAE), debido a que el proyecto está dentro del Bosque protector Flanco Oriental del Pichincha.
Este último detalle, la autorización del MAE, es uno de los puntos por el cual la Administración Zonal Norte declinó en dos ocasiones la licencia metropolitana urbanística. Precisamente, la situación con la LMU es el reflejo de la complejidad que envuelve al caso.
Licencia urbanística va y viene
El cementerio ya obtuvo a su favor la licencia urbanística el 30 de junio de 2020, firmada por Ana Cristina Romero, en ese entonces administradora de la Zona Norte. La autorización se otorgó con base en el certificado de conformidad que la entidad colaboradora Desintecsa otorgó a favor del proyecto, en enero de ese año. Esto pasó cuando Jorge Yunda ocupaba la alcaldía.
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Un mes después de emitida la licencia urbanística, en agosto de ese año, el Ministerio del Ambiente emitió un Certificado de Viabilidad Técnica Ambiental favorable para Urkupamba, indicando que se puede implementar el proyecto en la zona A7, como lo permite el PUOS de 2018. El certificado de viabilidad, no obstante, no significa una aprobación para ejecutar la obra, antes se debe contar con el permiso ambiental, aclaró el ministerio.
Andrés Carrasco, gerente de Urkupamba, dijo que desde 2019 está en trámite la licencia ambiental en la cartera de Estado.
El 10 de junio de 2021, Ana Cristina Romero firmó una nueva resolución, se retractó de su primera decisión y anuló la LMU. Se sustentó en la Ordenanza 446 que establece la creación Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Pichincha-Atacazo, donde están prohibidas actividades de movimientos de tierra, tala de árboles, destrucción o modificación de la cobertura vegetal, entre otras.
También se tomó en cuenta un informe de marzo de 2021 elaborado por Gabriela Obando, que entonces era supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el cual concluye que hubo presuntas inobservancias y omisiones técnicas. Se cuestionó que la entidad colaboradora Desintecsa habría entregado el certificado de conformidad, sin verificar que se cumpla con la autorización del Ministerio del Ambiente, como sugirió la Secretaría del ramo en abril de 2019.
El gerente de Urkupamba reaccionó con un recurso extraordinario de revisión, que fue atendido por la Procuraduría Metropolitana. Tras examinar documentos del caso, el 16 de diciembre de 2021 la subprocuradora, Svetlana Ivanoba, concluyó que Romero actuó “sin competencia legal”, ya que el acto administrativo puede ser anulado “por la máxima autoridad administrativa”, que es el alcalde.
Así se reactivó la licencia urbanística del cenizario. No obstante, en la resolución, la subprocuradora dejó una salvedad para que “la autoridad otorgante de la LMU ejerza sus competencias”. Para aquel momento, Santiago Guarderas llevaba cerca de tres meses en la alcaldía.
La actual administradora de la Zona Norte, Gina Yángüez, aprovechó la ventana que dejó abierta Ivanoba y revisó nuevamente el proceso. El 4 de febrero de 2022, días después del aluvión que terminó con la vida de 28 personas en los sectores de La Gasca y La Comuna, Yángüez emitió una resolución que extinguió la licencia urbanística, usando algunos de los argumentos de la primera declaración de nulidad, como la observación a Desintecsa.
Yángüez apuntó que si bien el Ministerio del Ambiente entregó un certificado de viabilidad favorable para Urkupamba, esto sucedió después de que se otorgó la licencia urbanística, lo cual no sería correcto.
La funcionaria hizo graves señalamientos sobre cómo se han desarrollado los procesos. En el documento advirtió que “en la tramitación de las autorizaciones se han obviado o ignorado aspectos relevantes que emanan del estatus del área en la que se asienta el proyecto, que han sido declaradas bosque y vegetación protectores AIER”. Al no tomarse en cuenta estos aspectos, dice la resolución de la funcionaria, “se está ignorando y contraviniendo normas constitucionales” sobre los derechos de la naturaleza.
Las críticas
La concejala Paulina Izurieta es una de las autoridades que se oponen al proyecto y sostiene que en el predio se han talado árboles. Dijo que, mediante un sobrevuelo con dron, se observaron montículos de vegetación que se utilizarían para cubrir los cortes de los troncos.
El 29 de enero de 2022, Izurieta estuvo en el sitio y tomó una muestra del suelo, que está siendo analizado por un laboratorio privado, para examinar si el terreno está contaminado con químicos. Los resultados se esperan para los siguientes días. Sin embargo, ante la pregunta de qué laboratorio está examinando la muestra, la concejala contestó que no podía revelar el nombre, por pedido del laboratorio.
Es un bosque protegido con una dimensión exacta de 273.72 hectáreas. El proyecto enuncia que sólo talarán 35.58 hectáreas 😵 cuánto es eso en árboles de 60 a 100 años? pic.twitter.com/qqwtoMa3tD
— María Paulina Izurieta Molina (@paulaizurieta) February 1, 2022
Los habitantes de al menos ocho sectores aledaños a la propiedad rechazan cualquier pretensión por instalar un cementerio en el lugar. Lo hacen desde que la Fundación Mariana de Jesús intentó implementar un camposanto.
Los moradores se han organizado en el grupo Barrios Unidos, cuyo vocero, Kléver Chalá, mostró fotografías de ramas y troncos de árboles tendidos en el piso, que, según dijo, fueron extraídos de las laderas del Pichincha, dentro del terreno que abarca el cenizario.
“Todas las personas que ahora suben (a Urkupamba) dicen que no ven la destrucción del bosque. Esto (la tala) pasó hace un año. Se ha venido destruyendo el bosque con motosierras, tenemos pruebas. Ellos se han encargado, con motosierras, de cortar los árboles a ras de piso y plantan ahí césped; de esa manera es como han invisibilizado las evidencias”, expresó Chalá.
Izurieta y Chalá tienen dudas sobre cómo se otorgaron informes y permisos a favor de la empresa privada. También les resulta incomprensible que en el PUOS de 2018 se permita implementar cierta infraestructura en áreas de Protección Ecológica/Conservación Patrimonio Natural consideradas zona A7.
La historia
El predio de 314 hectáreas perteneció a la Fundación Mariana de Jesús, que lo adquirió de María Augusta Urrutia, la quiteña que también donó a la ciudad el terreno donde se levantó el parque La Carolina.
Hasta las primeras décadas del siglo pasado, antes de pasar a manos de la Fundación, el lugar acogió a las haciendas La Granja y Rumipamba, también propiedad de Urrutia. Posteriormente, ahí operó por al menos cuatro décadas la cantera Rumipamba, que extraía grandes piedras; de eso quedan caminos empedrados y alguna infraestructura.
La Sociedad Civil Urkupamba apareció formalmente el 14 de noviembre de 2018, de acuerdo con la escritura pública de constitución. La empresa no pertenece a Andrés Carrasco, él es gerente y representante legal.
Los fundadores son el padre y la esposa de Andrés: Marcelo Carrasco, con el 5 % de acciones; y Patricia Arias, con el 95 %. La compañía se constituyó con un capital de $ 3.000 y tiene por objeto cuatro tipos de actividades relacionadas con servicios funerarios y/o de inhumación y cremación, columbarios (pequeños nichos para colocar urnas con cenizas dentro de grandes estructuras) y cenizarios; reparación de los despojos para su inhumación o cremación y servicios de embalsamiento y otros servicios de pompas fúnebres; reforestación, entre otros.
Para el año 2019, durante enero, la empresa apareció en el Registro Mercantil de Quito y obtuvo el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas Internas (SRI), según documentos a los que tuvo acceso este Diario.
La compra del predio donde se pensaba instalar el cenizario se formalizó el 18 de diciembre de 2020 en la Notaría 67, ubicada en Chimbacalle, en el sur de Quito. La Fundación Mariana de Jesús vendió el terreno a la Sociedad Civil Urkupamba por un monto de $ 333.853, pagados a 18 meses plazo, según consta en el contrato de compraventa.
Carrasco ha negado todas las acusaciones vertidas en torno a la iniciativa y la supuesta tala forestal. Sostiene que el proyecto no tendrá un impacto ambiental severo, sino que, más bien, ayudará a frenar la expansión ilegal de asentamientos humanos en la zona, lo que sería el real perjuicio para la vegetación, señala.
Si la Administración Zonal Norte no retiraba la licencia urbanística, estaba previsto que a mediados de 2022 se iniciaran las primeras obras de intervención. (I)
