En conversación con DIARIO LAS AMERICAS, la abogada, experta en Inmighración, María Herrera Mellado, sostiene: “Los datos son escalofriantes, la crisis fronteriza sigue batiendo récords. Durante el período de octubre a diciembre de 2021 se registraron los peores datos de la historia del Ministerio de Seguridad Nacional (“DHS” por sus siglas en inglés). Estamos hablando de la llegada de 173.000 inmigrantes sólo en el mes de noviembre, más de 180,000 en diciembre. Además de haber alcanzado la cifra de 2 millones de aprehensiones de inmigrantes indocumentados desde que Joe Biden asumiera el mandato”
Herrera Mellado agrega que: “Esta crisis ha sido provocada por las declaraciones y falsas promesas de la Administración de Biden-Harris, quienes durante la campaña presidencial de 2020 anunciaron que acogerían y dejarían entrar a todos los inmigrantes que llegasen a la frontera sur. Inclusive, el secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, dijo públicamente que todos los menores que completasen la travesía hacia EEUU serían recibidos con los brazos abiertos. El resultado ha sido nefasto. Más de 147.000 menores han llegado a la frontera entre enero y octubre del 2021 y de estos, 122.000 fueron detenidos sin sus padres, otra cifra sin precedente en la historia de DHS. Como se imaginarán, estos menores vienen acompañados de coyotes, muchos son abandonados en el desierto o resultan ser víctimas de tráfico humano”
Estas llegadas suponen un desafío humano, logístico y financiero considerable para la administración demócrata, en particular porque se ha comprometido a no devolver a menores no acompañados.
Biden promovió 296 acciones ejecutivas sobre migración (6 en su primer día en la Casa Blanca), con 89 de ellas dedicadas directamente a revertir las políticas de Trump, informa el Migration Policy Institute (MPI) en su informe sobre el primer año del presidente demócrata.
Una amplia gama de defensores y líderes inmigrantes reprueban el primer año de Biden porque consideran que incumplió con su promesa de impulsar una reforma migratoria con un mecanismo para la legalización de millones de indocumentados.
Angelica Salas, directora de la Coalicion por los Derechos Humanos de Inmigrantes (CHIRLA) criticó que “un año después, la elevada retórica con que el presidente Biden ingreso a la Casa Blanca permanece una promesa incumplida” en torno a promover una reforma migratoria.
La abogada María Herrera Mellado sostiene además que: “de acuerdo con lo establecido por las sentencias más recientes de los tribunales de justicia de EEUU, la mayoría de las normas y políticas inmigratorias aprobadas por la Administración de Donald Trump son de obligado cumplimiento. De hecho, los tribunales han considerado que las últimas acciones de Biden para abolir o eliminar dichas políticas constituyen un intento arbitrario y caprichoso para acabar con el legado del exmandatario para disuadir la inmigración ilegal y llevar a cabo el control de nuestras fronteras. Al parecer, además, el gobierno actual no ha aportado pruebas fehacientes o razones de interés público que justifiquen la eliminación de estas. De esta forma, Biden no ha cumplido con una gran parte de sus promesas y se siguen aplicando las normas como el Protocolo de Protección del Inmigrante o las políticas de expulsión conforme al conocido como “título 42” que impide la entrada al territorio estadounidense en el marco de la pandemia del COVID-19”
“Maria herrera
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Retos
La situación no es alentadora: “Según medios cercanos a los funcionarios de la frontera, se esperan hasta 9.000 cruces fronterizos al día para esta primavera, casi un 40% más que el pico del año anterior” – subraya Herrera Mellado – “con un promedio de 6.500 aprehensiones diarias. Esto supone un incremento exponencial en el flujo de inmigrantes que llegarán a nuestras fronteras, lo que de seguro tendrá un impacto devastador en nuestro país y en especial en los estados fronterizos, en un año con elecciones a medio término en la que de nuevo el tema de Inmigración se presenta como uno de los que más preocupa y divide a los estadounidenses (véase el caso de Texas o Arizona)”
En cuanto a la logística, “Otro gran reto será mantener a una patrulla fronteriza motivada ante una escasez real de recursos financieros y de personal debido a las políticas y directrices que reciben de la Casa Blanca. Este pasado 2021 hemos visto renuncias de oficiales de inmigración (USCIS, ICE, CBP) que denuncian como la actual Administración no les ofrece el apoyo necesario para poder controlar la frontera”
La letrada destaca que “el colapso que sufren los tribunales de inmigración que cuentan ya con más de 1.6 millones de casos pendientes de resolución o los cientos de miles de expedientes atascados en las Oficinas de los Servicios de Inmigración y Ciudanía de los EEUU (USCIS por sus siglas en inglés). Todo ello afecta el correcto funcionamiento del sistema y finalmente, debemos estar atentos al aluvión de demandas y contra demandas que tendrán lugar entre los mismos estados y el gobierno federal, ya que diferentes ciudades y/o estados argumentan que no tienen la infraestructura o la capacidad necesaria para acoger a este gran flujo de personas o en muchos casos para otorgarles ayudas sociales”
Iniciativas
En medio de esta especie de pandemónium migratorio la congresista republicana María Elvira Salazar presentó este martes un proyecto de ley que daría luz verde a un nuevo programa de residencia legal para millones de indocumentados en el país, titulado “Ley Dignidad”.
Aunque, en este punto, la abogada Herrera Mellado, “Además de incluir medidas para aumentar la seguridad fronteriza, el proyecto de “Ley Dignidad” incluye un camino a la residencia legal para los indocumentados. Yo creo que, en estos momentos, y en especial durante este 2022 en que se llevarán a cabo las elecciones de medio término, la Congresista del Sur de Florida difícilmente va a conseguir el apoyo de demócratas y republicanos cuyas posiciones son claras, unos a favor de fronteras abiertas y los otros a favor de la defensa de nuestra seguridad nacional”
El proyecto de ley de 483, si es aprobado finalmente, beneficiaría a inmigrantes sin documentos que hayan permanecido en el país durante cinco años o más, que paguen sus impuestos y no tengan un récord criminal.
