Gobierno destinó $ 1.500 millones en los tres albergues de Tarapacá, equivalente al 42% del presupuesto para migración en 2021

Hace más de un año, las pequeñas localidades de Colchane y Huara, además de la ciudad de Iquique, han visto cómo los cientos de inmigrantes que diariamente llegan al país desde la frontera con Bolivia pernoctan en calles, plazas y diversos espacios públicos o privados. Por eso, para mitigar la crisis migratoria que afecta al país, una de las fórmulas dispuestas por el gobierno ha sido la instalación de tres albergues transitorios, con el objetivo de dar ayuda humanitaria a los extranjeros que ingresan a Chile.

Primero, la emergencia obligó a levantar uno en Colchane (para 200 personas) y otro en Huara (para otras 100), las comunas más golpeadas por el fenómeno migratorio. Su instalación fue encargada a la productora Grupo 370, una compañía que se dedica a la organización de eventos para empresas, pero que tras la pandemia se reconvirtió al rubro de servicios de contingencia y sanitarios.

El contrato fue otorgado a través de la asignación directa, por un contrato de casi $ 1.000 millones (total de $ 972.196.679), cifra con la que se garantizó la operatividad de los recintos durante tres meses. El acuerdo, que comenzó a regir desde el 20 de octubre, fue firmado por el delegado presidencial subrogante de Tarapacá, Natan Olivos, y se resume así: “Consiste en la operación logística para la implementación y operación de dos instalaciones de resguardo temporales, con materiales, equipos e insumos de propiedad o tenencia del proveedor”.

El contrato de estos centros exigía la instalación de amplios espacios cubiertos por carpas impermeables, donde además de albergar a los migrantes, personal de PDI, Seremi de Salud y Cruz Roja trabajan en él. En ambos, el recinto entrega solo una comida diaria, correspondiente a un snack frío, evaluado en $ 3.300 (18.200 raciones para 91 días de ejecución). Además, ambos deben contar con servicios sanitarios y de higienización y, al menos, 22 monitores trabajan diariamente en ellos.

El 10 de diciembre, en tanto, se firmó un nuevo contrato bajo la misma figura y con el mismo prestador. Esta vez, para levantar un albergue para 300 personas de similares características en Iquique, específicamente en el sector de la playa Lobito, a 22 kilómetros al sur de la ciudad, donde la Universidad Arturo Prat (Unap) tiene instalados sus campos deportivos. Aquel acuerdo, también de tres meses, se fijó en $ 564.012.698. En todos los recintos, solo los migrantes en situación irregular autodenunciada pueden ingresar.

Ambos contratos suman $ 1.536.209.377 en total, lo que representa el 42% del presupuesto que en 2021 destinó el Gobierno a Migración y Extranjería ($ 3.700.450.000), o más de cuatro veces lo que se aportó para el Programa Frontera Segura ($ 361.964.000).

Fue por la petición por Transparencia de Romina Ramos, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Unap, la vía por la cual se conoció el monto de los contratos entre la Delegación Presidencial de Tarapacá y la productora.

Juan Ignacio Urrutia, representante legal de la empresa, explica que si bien el precio por los servicios puede parecer alto, se justifica ante la complejidad de trasladar todo el montaje hasta la inhospita zona. “Trasladar toda esta infraestructura y subirla a 3.600 metros de altura es algo muy complejo. Conseguir a los trabajadores también es otro problema, porque ya no hay jóvenes en Colchane, todos se fueron a Alto Hospicio o Iquique”, explica, quien además fue gerente de Petrobras y Redbull para Chile, y excoordinador de regiones de la Onemi.

Los albergues han recibidos críticas por parte de los extranjeros y distintas organizaciones promigrantes, quienes han acusado “abandono” por parte del Estado en estos recintos. Lorena Zambrano, dirigenta de la Asociación de Migrantes y Promigrantes (Ampro) de Tarapacá, es una de esas voces, que denunció desde la instalación del albergue de Lobito que los migrantes no cuentan con todos los servicios básicos, sobre todo para lactantes y niños, quienes representarían casi la mitad de la población de este lugar.

“Siguen durmiendo en el suelo, siguen solo recibiendo un snack frío y sin agua potable, porque la que tienen en contenedores sirve para bañarse y lavar ropa, pero no para consumo humano. Además, como esto es hecho por una productora de eventos, el trato que están recibiendo las personas no es bueno, se han dado muchas situaciones de menoscabo a los inmigrantes, como dejarlos sin comer por faltar a algún tipo de regla del recinto”, asegura la dirigente.

Tanto en Iquique como en el resto de los albergues, los migrantes que no pudieron ingresar a ellos han decidido armar campamentos en las inmediaciones, provocando situaciones que han complicado la seguridad del sector.

La seguridad está a cargo de la propia productora y no de Carabineros, por lo que vecinos de Caleta y Alto Los Verdes, donde muchos que viven de la pesca artesanal y el turismo, acudieron al Concejo Municipal para solicitar apoyo de las policías, pues se sienten inseguros ante episodios de violencia en los que estarían involucrados migrantes irregulares.

Miguel Ángel Quezada, el delegado presidencial de Tarapacá, asegura que la contención que han entregado los albergues ha ayudado a las comunas más afectadas. “El trabajo realizado en estos dispositivos los evaluamos positivamente, porque ha permitido recibir y dar dignidad a estas personas. Hay que destacar el trabajo del personal de salud que traslada a estas personas a residencias sanitarias transitorias”, señala la autoridad regional.

Desde la implementación de los recintos de Colchane y Huara, hasta ahora se han socorrido a 12.000 migrantes, aproximadamente, aseguran desde la delegación presidencial.

Mauricio Soria, alcalde de Iquique, explica que aunque su municipio no tiene que ver directamente con el albergue de Lobito, sí ha seguido el desarrollo de este. “La versión que tenemos desde la OIM es que la labor humanitaria que allí se realiza es buena. Quienes llegan allí pueden cubrir medianamente sus necesidades más elementales, como acceso a servicios higiénicos y duchas, alimentación y a poder pernoctar en ese albergue. Sin embargo, existirían algunas deficiencias en materia de salud referidas, principalmente, al tema de la trazabilidad en el caso de los PCR o del traslado de quienes puedan padecer alguna enfermedad a un centro asistencial”, explica.

Pese a ser consultada, en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) declinaron referirse a esta información.

Desde el municipio de Colchane, en cambio, aseguran que el albergue instalado en la comuna ha presentado diversos problemas, principalmente por no ser apto para el inhóspito clima que se vive en la zona, donde las temperaturas y las condiciones meteorológicas varían en horas.

En tanto, la extensión de los contratos continuará para el gobierno entrante. Así lo asegura el delegado presidencial de Tarapacá, quien adelanta que “con el fin de seguir haciendo frente a esta situación, y de alguna forma también entregar herramientas a la nueva administración que asumirá en marzo, los dispositivos de Colchane y Huara seguirán funcionando hasta el mes de julio, esto a través de una extensión de seis meses”.