Carlos R. Altuna Tezanos
El mundo se encuentra al borde de una posible conflagración, cuyas nefastas consecuencias son inimaginables –crisis ucraniana– en la cual la comunidad internacional tiene sus ojos puestos, al igual que la República Dominicana. Sin embargo, esto no significa que los dominicanos y sus autoridades olvidemos el mayor peligro más cercano y directo que acecha al país, como lo representa la exorbitante presencia de ciudadanos de diversas nacionalidades que residen en el territorio de manera ilegal, en particular la haitiana.
En cuanto a la “Crisis de Ucrania” todos sabemos que la misma radica en una lucha de intereses hegemónicos entre EE.UU., Rusia y sus respectivos aliados, y que de ocurrir un conflicto armado, las consecuencias serían catastróficas para la humanidad. Situación a la que auguramos una solución diplomática entre las partes, puesto que nuestro rol como Estado se reduce al de un espectador más dentro de la comunidad internacional.
Ahora, lo que realmente motiva mi análisis y mueve a preocupación, es la presencia desbordada de ciudadanos ilegales –haitiana– versus las inquietantes declaraciones del Lic. Enrique García, director general de Migración. ¡Son sumamente alarmantes!
Hemos reconocido la postura y la firme decisión del presidente Luis Abinader con respecto al manejo de la problemática de Haití, en especial las derivadas de su eterna crisis política-social-económica, encarnada en un éxodo masivo de sus ciudadanos hacia otros países del área o del mundo, pero particularmente hacia territorio dominicano que sufre directamente las consecuencias de una inmigración que desborda nuestra capacidad de tolerancia, servicios y desnacionaliza la mano de obra entre otras, que en un determinado momento podría poner en riesgo nuestra nación.
El presidente ha aprovechado el escenario de la ONU y otros foros, para advertir la crítica situación que arropa Haití, y reclamarle a la comunidad internacional ir en su auxilio, además de reiterar con firmeza que “no hay solución dominicana al problema de Haití”, advirtiendo que aplicará la ley migratoria sin contemplación, siempre respetando los derechos y dignidad humana, pero “todo ciudadano que esté ilegal será deportado a su país”, una decisión y postura que apoyamos.
El pasado 26 de enero, justamente cuando conmemorábamos el 209 aniversario del nacimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, en un programa televisivo entrevistaban al director general de Migración, donde esté se refirió al tema migratorio, revelando que “los planes ahora de la República Dominicana es registrar a los trabajadores extranjeros indocumentados, sobre todo la mano de obra haitiana”. Confieso que quedé perplejo ante tal noticia, y más por el significado de la fecha.
Señaló que la medida se tomó el pasado martes 18 de enero, durante una reunión del Consejo Nacional de Migración (CNM), en la que participó el presidente de la República, Luis Abinader, y que el registro comenzará con los “ciudadanos haitianos” que cuenten con un pasaporte, una cédula o un acta de nacimiento de su país. También declaró, que se trata de una “variación en la política migratoria” adoptada a finales de septiembre pasado, cuando el Gobierno otorgó un plazo de tres meses para que las empresas y empleadores contratasen a los extranjeros acorde a los estatutos basados en la Ley 285-04 de Migración.
En este contexto, resultaría interesante que esa entidad ofreciera datos concisos sobre ¿Qué cantidad de obreros necesita el país? o ¿Cuántos haitianos fueron contratados por las empresas o empleadores? Sin embargo, sabemos que entre un 80 y 85 % de los haitianos residente en territorio dominicano se encuentran ilegalmente, y no podrán cumplir con los requisitos establecidos en la ley para otorgarles un “permiso de trabajo temporal” por carecer de documentación oficial de su país, uno de los motivos por el que fracasó el pasado “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros”.
Lamentablemente, son indocumentados en su propio país, por lo que realmente no sabemos cómo se ejecutará este nuevo bajadero, porque jamás una “ilegalidad podrá engendrar legalidad”, y esa “resolución” evacuada por el CNM no debe entrar en contraposición ni violar el marco jurisprudencial que norma la materia. De manera, que la Ley 285-04 establece una serie de articulados y el procedimiento para ser “admitido como persona no residente en la subcategoría de trabajadores temporeros”, de la cual citaré algunas a modo de ilustración y comprensión:
Artículo 49 establece: El Consejo Nacional de Migración, siempre que las necesidades del mercado laboral lo requieran, establecerá una cuota o monto de trabajadores temporeros a ser admitidos en el país anualmente, efectuando para tales efectos las debidas consultas con representantes de los productores y empresarios y de los sindicatos. Estos trabajadores realizarán sus actividades laborales en las áreas de la economía donde el Consejo Nacional de Migración reconozca la necesidad de su contratación y defina las cuotas de admisión anual por sectores de actividad.
Artículo 50: El extranjero peticionario interpondrá su solicitud de admisión a la subcategoría de Trabajador Temporero, a través de los consulados correspondientes de la República, debiendo presentar toda la documentación requerida para tales fines por esta ley y su reglamento. El Art. 62 establece los mecanismos para el cambio de categoría migratoria, cito: Para el caso de los extranjeros admitidos como residentes temporales, la petición de cambio de categoría podrá efectuarse estando el extranjero en el territorio nacional. Los extranjeros admitidos como “No Residentes” dentro de las subcategorías de Trabajadores Temporeros o de Habitantes Fronterizos, solamente podrán optar por la residencia dominicana luego de salir hacia su país de origen y aplicar desde allí ante algún consulado dominicano, previo cumplimiento de los requisitos necesarios al efecto. Por último, el Art. 69 establece: Al declararse ilegal la entrada al país de un extranjero, de conformidad con las disposiciones de esta ley, la Dirección General de Migración procede a su deportación.
El director de Migración manifestó que todo ciudadano haitiano que presente un documento sea pasaporte –visado o no– o un acta de nacimiento de su país y un contrato de trabajo, se le otorgará de pleno derecho un “permiso de residente no temporero” en la subcategoría de “trabajador temporero” válido por un año, renovable.
De ser así, estaríamos legalizando a más de dos millones de haitianos –mal contados– que viven actualmente en el país, sin importar su estatus o cómo ingresaron, si tienen visa o no, entre otros, aunque se viole la Ley 285-04 de Migración. Entiendo que de esta manera se estaría “legalizando” a todos los ciudadanos ilegales que residen en el país e incentivando a los que aún permanecen al otro lado de la frontera a venir, dada la crítica situación de Haití. Como también se proyecta otorgarle carnet de “Habitantes Fronterizos” a todos los haitianos que hacen vida cotidiana en las cinco provincias fronterizas.
Reitero mis convicciones, de que nunca una ilegalidad engendrará legalidad, por lo que sin dudas percibo que esta no es la mejor solución a nuestra problemática migratoria, a no ser que estemos sucumbiendo bajo presiones internas o foráneas, o peor aún, al parecer resolviendo una de las diversas hipótesis existentes. Así no fue que hablamos, Dios nos ilumine.
El autor es miembro fundador del Círculo Delta
