A un año de haber sido elegido presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el cuencano Iván Saquicela asegura que existe una Función Judicial fortalecida en su institucionalidad, más cercana a la ciudadanía y con jueces con la libertad de decidir en derecho.
En entrevista con Diario EL UNIVERSO el titular del máximo órgano de justicia ordinaria del país habla de la oportunidad que significa para el sistema de justicia ecuatoriano una posible consulta popular planteada desde el Ejecutivo, pues se podrían llevar a debate, dice, planteamientos para mejorar la independencia judicial y fortalecer la institucionalidad.
Saquicela tiene claro que el país no debe permitir más metidas de mano a la justicia y lo que le conviene a los ecuatorianos es tener una justicia fuerte que dé confianza a todas las actividades lícitas que se dan en el país.
¿Qué diferencia hay entre la CNJ de febrero de 2021 y esta de febrero de 2022?
Esta es una CNJ y una Función Judicial fortalecida en su institucionalidad. Nuestra institucionalidad depende de la independencia de los jueces, de que se dote de seguridad jurídica a los ciudadanos y entonces pensamos que la Función Judicial se encuentra fortalecida en su institucionalidad porque ocupa el verdadero sitial que debe ocupar un poder del Estado.
¿Pero esa institucionalidad más fuerte se debe a salir a los medios a explicar el trabajo de la justicia o por las decisiones que se han tomado?
Fundamentalmente por las decisiones de los jueces, pero también hay varios aspectos que van dando cercanía con la gente. La política judicial de la Corte Nacional es la justicia abierta, lo que significa que nos mostramos transparentes, miren nuestro actuar, aquí está todo: una CNJ de puertas abiertas, la gente ingresa a las audiencias, puede observar lo que se dice, lo que se hace, lo que se resuelve, entonces la justicia abierta nos va dando cercanía con la gente y el entendimiento de nuestro actuar nos da legitimidad. Lo más importante es la resolución de los jueces con independencia.
¿El presupuesto sigue siendo reducido para las necesidades que tiene el sistema de justicia?
Hemos hecho un oficio conjunto con el CJ pidiendo recursos al ministro de Economía. Entendemos que no hay mala voluntad, pero sí nos podemos sentar a dialogar en una mesa técnica con el ministro de Finanzas y por lo menos determinemos cuáles son las necesidades más urgentes y que estas se puedan atender. Los ciudadanos lo que queremos es una justicia independiente, ética y que las causas no demoren tantos años, sino que se resuelvan con celeridad. Pero lo que necesitamos para la celeridad es el expediente electrónico, tecnología. En la CNJ tenemos tres pantallas para Zoom, no tenemos más, los jueces en el país no tienen licencias para Zoom, entonces cómo podemos agilizar el trabajo. (…) Qué paradoja, ¿no? Muchísima gente se preocupa de la justicia, muchísima gente con toda la razón cuestiona a la justicia que es muy demorada, pero a la hora de la verdad no se contribuye con los recursos económicos que se requieren para dar una respuesta. Lejos de eso, se ha reducido el presupuesto de la Función Judicial entre el 25 % y el 30 %.
En medio de esa situación, ¿se ha superado el represamiento de causas, cuántas causas se han resuelto en este último año?
No podría dar un número en este momento, pero hemos mejorado de forma importante, hablando cuantitativamente, aunque no es lo único. Es la primera vez luego de unos 15 o 20 años que en esta CNJ todos los jueces por fin cuentan con su equipo de trabajo completo. Le puedo decir que ha mejorado considerablemente (…) No existe represamiento, existe un trámite que podría ser mejorado en celeridad. Algunas herramientas procedimentales podrían ajustarse, pero sobre todo necesitaríamos más personal para mejorar el tiempo de respuesta.
¿Qué es lo que han podido palpar de lo que sucede con la justicia en territorio en sus visitas a provincia?
Dos cosas: en el ámbito jurisdiccional la necesidad de que los jueces tengan serenidad de su independencia, que no estén amenazados ni presionados por nadie para resolver y la necesidad de unificar criterios, es decir, para que haya seguridad jurídica en todo el país. En el ámbito administrativo la necesidad de dotar de más recursos a las provincias.
¿Es fuerte en provincia la amenaza a la independencia judicial, el que existan poderes externos que puedan meterle la mano a la justicia?
No sé si es que es fuerte, pero siempre está patente, porque muchas veces puede suceder que existan en medios y en redes en donde tal o cual decisión no gusta y por ese camino se vaya deslegitimando al sistema de justicia. Por eso es importante que los ciudadanos conozcan los criterios comunicacionales de la propia Función Judicial. (…) Por la vía de cuestionar decisiones que ni siquiera se sabe ni se conoce se va minando y deslegitimando al sistema de justicia. Eso no es justo, no es correcto y no conviene al país. Lo que sí le conviene al país es censurar, cuestionar, investigar y sancionar cuando haya actos irregulares.
¿Se busca algo al deslegitimar a la justicia o tener una justicia débil?
Una justicia débil le conviene a cierta política corrupta, a la delincuencia organizada, a quienes pretenden impunidad. Yo leía una nota de Diario EL UNIVERSO que decía que 40 años se ha intervenido y se han metido las manos en la justicia. Penosamente tengo que decir que así mismo es. Por eso yo digo tratemos las cosas con seriedad: independencia e imparcialidad y que todos respetemos eso y que eso incluye el respeto de la decisiones judiciales. Si alguien dice este caso está mal, impugne, apele, es decir, use los canales jurídicos. Si se dice que hay corrupción, denuncie para que se investigue y sancione. Pero que el aparato de justicia no vale porque el juez Iván Saquicela le condenó al expresidente Rafael Correa y por eso la justicia valga o no valga, eso no es así.
“Yo digo algo: que la justicia meta los pies, equivale a error; que meta las manos, equivale a tomarse la justicia; mejor que metamos el hombro para poder trabajar en beneficio del sistema y de los ciudadanos”.
Iván Saquicela, presidente de la CNJ.
Entonces, ¿una justicia débil únicamente le conviene al delincuente y al corrupto?
Le conviene a la impunidad, a la corrupción, a la delincuencia organizada. Una justicia fuerte le conviene a todos los ciudadanos. Por eso es que la justica ha resultado muy atractiva para manipular desde el poder político. Esto es difícil, pero hemos ido avanzando, por eso yo insisto en la defensa de la independencia. Muchas veces se critica y se cuestiona y no nos damos cuenta, al menso a priori, que una justicia debilitada nos está haciendo tanto daño.
¿Cuál es el promedio de tiempo que tardan en evacuar los procesos en el interior de la CNJ, en la justicia nacional? Es lo adecuado, se puede mejorar, se está mejorando.
Se debe mejorar sobremanera. Por ejemplo, en materia contencioso administrativo en Pichincha, Guayas o Azuay qué es lo que sucede, que una audiencia puede ser agendada para que se realice después de la convocatoria ocho meses o un año; entonces, el tiempo es excesivo. Recodemos que una de las enormes ventajas que se alababa de la oralidad, entre otras bondades, era la celeridad, pero en celeridad estamos en deuda con el Ecuador. Y esto está atado a dos aspectos: ciertos aspectos procesales de la norma y sobre todo del no contar con las herramientas y los recursos para aquello.
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¿Se les está permitiendo trabajar en las mejoras al sistema de justicia?
Yo pienso que económicamente no lo suficiente. Entiendo que no se trata de un capricho del Ejecutivo, pero debemos hacer un esfuerzo para buscar los recursos e incluso puede ser un apoyo internacional. Yo quiero proponerle al presidente de la República y a la Asamblea: existe el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, hay recursos económicos importantes que se obtienen de la incautación y el comiso de bienes por corrupción y eso lo maneja una empresa del Estado. No es justo que si Fiscalía investiga, si jueces sancionan, ese dinero que va al Estado no sea invertido en el propio sistema penal del Ecuador. Otra cosa, las tasas notariales, todo lo que ingresa de las notarías del país, ¿no es justo que se pueda invertir en el sistema de justicia civil del país? Sí hay formas.
En el último año en esta CNJ han resuelto temas polémicos del correato. Casos 30-S, Galo Lara, entre otros. ¿Se quieren desmontar todas esas sentencias? ¿Para qué?
Para hacer justicia y no es que nosotros hayamos escogido esos casos. El juez no escoge el caso, el ciudadano pide un recurso, casación o revisión, aquí se sortea y el juez resuelve. Pero en cada oportunidad que llega una apelación o una casación es una oportunidad para hacer justicia.
¿Qué piensa que se le pueda catalogar a esta Corte de anticorreísta?
Yo creo que no es una Corte antinadie, de hecho quien preside, yo por ejemplo, soy antinadie, soy proconstitución, proderechos y projusticia. Yo comprendo esas declaraciones, pero es que esas son declaraciones que las hacen quienes han sido condenados y mi papel no es político, entonces yo no voy a crear una controversia con declaraciones políticas. Nuestras declaraciones son jurídicas.
Es común que la política presione a la justicia. ¿Usted quizá lo ha sentido en este año por algún actor o sector político, por los presidentes Moreno o Lasso?
Yo no he sentido una presión del Legislativo, tampoco del presidente y tampoco del CJ. (…) Lo único que he sentido es que alguien diga que esta sea una Corte anticorreísta. Yo digo que no es anticorreísta, es una Corte que administra justicia, pero justamente de esos sectores, que incluye al expresidente Correa, cada vez que pueden me insultan a mí y a muchos jueces. Entonces, la pregunta es si es la Corte anticorreísta o ellos pretenden politizar la justicia o judicializar la política. Nosotros, ni politización de la justicia ni judicialización de la política.
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¿Hoy los jueces sienten la libertad para decidir?
Sí se siente la libertad de decidir. Yo creo que eso es importante, pero esa libertad conlleva una responsabilidad. Es decir que ningún juez está atemorizado para resolver, que no venga como acá paseaban por los pasillos de la CNJ ciertos actores políticos en tal o cual caso. Eso no sucede, ni permitiremos que suceda. Pero esa independencia conlleva una enorme responsabilidad en el juez, que es la responsabilidad de actuar en derecho, con ética y legitimarse día a día en su actuar.
¿Qué opina de la consulta que se plantea desde el Ejecutivo, debe existir el Consejo de la Judicatura o no?
En el mundo entero existen diferentes sistemas. No es una regla absoluta que siempre debe existir o siempre no deben existir. Depende cómo se estructure y, de hecho, en el mundo entero hay diferentes modelos. Un modelo es que el presidente del CJ sea el presidente de la CNJ, así es en España, y el CJ está separado, ustedes hacen lo administrativo, pero los propios magistrados de la Corte Suprema de España por un período de dos o tres años van a la Judicatura. No es que lo uno o lo otro sea per se y operativo y por sí mismo sea una garantía de nada. Pero lo que sí creo es que tiene que estar separado lo administrativo de lo jurisdiccional; lo administrativo, es decir el CJ, delimitadas sus atribuciones a tal punto que no entre en lo más mínimo de lo jurisdiccional.
¿El CJ se salió de las manos de la Función Judicial? El CJ terminó siendo un espacio que se contaminó de política.
Yo creo que se salió, yo creo que hay varias razones y críticas que se hizo al CJ desde el de transición que presidió Paulo Rodríguez, un ingeniero electrónico. (…) El criterio de una posible consulta popular yo le tomo de forma positiva, en el sentido de qué hacer y qué reformar, pero claro ya luego depende del contenido, pero (…) es la oportunidad de debatir varios temas. Creo que en ciertos momentos a título de consultas podía haberse metido las manos en la justicia, yo no creo que ese sea el interés del presidente Lasso porque él se ha expresado en otros términos.
¿Es decir que debe desaparecer el CJ en la forma en que está concebido hoy?
Así es. Debe tener exclusivamente dos campos: administrativo y financiero. Nada más. (…) En el tema de la Judicatura, sí dejar claro el alcance de las atribuciones. Es que miremos, los jueces no debemos estar en la parte administrativa y económica, de acuerdo; pero no debe existir un organismo que esté sobre todos los jueces del país. Entonces cómo resuelve un juez en justicia. Eso hay que revisar si en la norma o en la práctica se fue más allá y se rebasó. Usted tenía jueces y fiscales destituidos por criterios jurídicos, por pedir prisión preventiva, por no pedir, por condenar, por absolver.
¿Hay suficientes jueces en el país?
En general, el número de jueces es insuficiente y eso perjudica. En ciertos cantones hay jueces multicompetentes, es decir, el que es juez sabe de todo, pero es probablemente por el número insuficiente de jueces. En la CNJ por disposición constitucional son 21, antes eran 31 y no sé cuál fue la motivación o el criterio técnico para reducir ese número. Ese es un tema constitucional, no podemos hacer nada, pero habría sido interesante un mayor número de jueces para tener más salas, más materias, por ejemplo, la materia que tiene que ver con la justicia militar y policial, se requieren más jueces para las materias penal y contencioso administrativa especialmente, pero no tenemos de dónde más. La carga procesal rebasa el número de jueces.
¿Es una buena oportunidad para el sector justicia la consulta popular que se plantea para el próximo año?
Para mí es un gran momento. Por eso yo invito a los académicos, abogados, a las facultades de jurisprudencia, a los judiciales que debatamos, pero debatamos con sinceridad, con objetividad, con honestidad intelectual, pues aquí el objetivo es mejorar el modelo y el servicio para la gente. Si ese es el objetivo, bienvenido ese diálogo. (…) No se debe permitir las metidas de mano en la justicia. En este país nadie duda de que se han metido las manos en la justicia y eso no puede volver a suceder en el Ecuador.
Todos sabemos que ya metieron las manos en la justicia, pero ¿ya las han sacado?
Paulatinamente en buena medida, pero en definitiva creo que es una situación latente, porque es como que todo el tiempo hay una pretensión de meter la mano. Entonces, nosotros debemos cuidar la independencia de la institucionalidad y de la justicia propiamente dicha. En principio, de lo que he escuchado la propuesta del presidente Lasso no mantiene la pretensión de meter la mano a la justicia, pero no está por demás estar atentos a que ningún sector quiera meterle la mano a la justicia. Yo digo algo: que la justicia meta los pies, equivale a error; que meta las manos, equivale a tomarse la justicia; mejor que metamos el hombro para poder trabajar en beneficio del sistema y de los ciudadanos. (I)
