La semana pasada participé en el Parlamento Abierto convocado para discutir la Reforma Eléctrica. Durante el debate quedó demostrado el tratamiento privilegiado que se da a las empresas privadas extranjeras tendiente a permitirles que se adueñen de la generación de energía eléctrica desplazando a la CFE, en detrimento de los consumidores que terminaremos siendo rehenes de los intereses de dichas empresas, tal como ocurre en España donde las tarifas han llegado a niveles inimaginables. Lo increíble es que la injusta generosidad con que se trata a quienes se aprovechan de esa privatización constituye una verdadera afrenta para miles de esforzados empresarios mexicanos que tienen que arriesgar su capital y trabajar intensamente en condiciones de incertidumbre respecto de sus ganancias. Esto es lo propio y admirable de la actividad empresarial. Los emprendedores merecen respeto y reconocimiento por su iniciativa y, sobre todo, por el valor para participar en mercados competidos con el riesgo que ello implica. Me refiero a esos auténticos emprendedores que impulsan el empleo y el crecimiento del país, no a quienes en la práctica actúan como parásitos, dicho no con un afán despectivo, sino como una descripción de lo que constituye el parasitismo definido como una relación en la cual uno de los participantes, el parásito, daña a su huésped o vive a expensas de él.
Al analizar las condiciones en que actúan las empresas foráneas que llegaron a apoderarse del sector eléctrico constataremos que corresponden a esa definición. La desmembración de la CFE para supuestamente ponerla a competir con las compañías privadas, tuvo por objeto dotar a estas de enormes ventajas y subsidios. Entre otros, los Certificados de Energía Limpia de los que se priva a la empresa estatal pese a que produce más de la mitad de la energía no contaminante a través de las hidroeléctricas y sin embargo tiene que pagarle a las compañías privadas por la compra de dichos certificados. (Véase mi artículo “Certificados de Estafa Limpia” del 2 de marzo de 2021).
Los contratos derivados de las “subastas” garantizan a las empresas extranjeras precios preestablecidos que les serán pagados durante 20 años independientemente de la energía que verdaderamente entreguen. De tales contratos obtendrán pingües ganancias por una inversión realizada con dinero obtenido de la banca de desarrollo mexicana, lo cual significa que ni siquiera han hecho una inversión propia de carácter directo. Adicionalmente, a todas las compañías privadas que suben a la red energía proveniente de fuentes no fósiles, independientemente del precio que fijen por MWh, se les garantiza que recibirán el precio más alto que fije la última en entrar al despacho de energía en determinado momento.
Todas esas condiciones son contrarias a la libre competencia. Se ha permitido la instalación de múltiples empresas que en realidad no compiten entre sí pues el Estado les está garantizando sus utilidades. Eso es peor que el sistema de concesiones en las que el Estado autoriza al particular la realización de una tarea, pero este asume los riesgos derivados de la prestación de un servicio que efectivamente quedará sujeto a las reglas del mercado.
Invertir, como lo hacen las transnacionales en materia eléctrica recursos que ni siquiera son propios sino que fueron generados por la actividad económica del país y conseguidos en la banca de desarrollo a tasas benévolas, es insultante para el esforzado empresario mexicano. Alegan los beneficiarios de estos créditos, que no se trata de un regalo, pues tienen que pagarlos, pero lo que ocultan es que ese pago está garantizado desde antes de empezar su actividad productiva por los contratos que les aseguran un beneficio de largo plazo.
Por eso es vital que el Congreso actúe en favor de la Nación a la que representa y apruebe la reforma constitucional propuesta por el Presidente que tiende a corregir tan graves desequilibrios. La enmienda a nivel de la Carta Magna es indispensable para que no se pueda alegar una vulneración al Estado de Derecho, como lo hacen los voceros de las empresas privadas. Aducen que la reforma sería contraria a la Constitución con un alegato insostenible puesto que se trata de modificarla para volver las cosas al estado que tuvieron antes de la depredadora privatización. La sustitución de un régimen por otro en el ámbito constitucional es tan válida como fue la malhadada reforma de 2013 para introducir las inequidades privatizadoras. Se trata de modificar la Carta Magna y no de violentarla.
En el debate al que aludí al inicio, que puede verse en YouTube: https://youtu.be/Itz7REnU-OQ dejé bien claro un principio básico de la teoría constitucional: la Constitución no puede ser inconstitucional. Ni el contenido de los tratados internacionales puede ser un pretexto para dejar de efectuar los cambios constitucionales necesarios. Pero a eso me referiré en la próxima entrega.
eduardoandrade1948@gmail.com